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CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) 

Muy pronto, YPF, la compañía re-estatizada bajo la bandera política de la"soberanía hidrocarburífera", firmará el acuerdo definitivo con la estadounidense Chevron para explorar la formación Vaca Muerta, la mayor reserva de hidrocarburos del país. 

Así, después de una década de criticar, amenazar y hasta expropiar una petrolera, con un par de artículos de un decreto, la presidente Cristina Fernández avanzó en importantes reformas en el marco regulatorio del sector petrolero favorables a las empresas con el objetivo de atraer inversiones internacionales.

El decreto fue hecho "a la medida" de la norteamericana, sostienen los expertos. 

Lo cierto es que el decreto 929, publicado ayer en el Boletín Oficial, da concesiones a las compañías impensadas hasta hace poco. 

Entre ellas, las autoriza a exportar una parte de su producción sin retenciones y les garantiza la libre disponibilidad de los fondos que esas operaciones generen. 

Sin dudas, las petroleras locales celebraron la medida.

El decreto crea un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. 

Podrán acceder a él las empresas que realicen "una inversión directa en moneda extranjera no inferior" a los 1000 millones de dólares en los primeros cinco años del proyecto. 

De manera que las petroleras que quieran suscribir a los beneficios deberán ingresar divisas. 

A cambio, podrán "comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos" en esos proyectos, con "una alícuota del 0% de derechos de exportación (retenciones), en caso de resultar éstos aplicables.

Las empresas, además, tendrán la libre disponibilidad de las divisas provenientes de esas exportaciones, por lo que no estarán obligadas a ingresarlas al país.

El decreto les da otro reaseguro: en caso de que la producción nacional no alcance a cubrir la demanda interna y el Gobierno deba disponer de las exportaciones para cubrir esas necesidades, las petroleras cobrarán por esa porción "un precio no inferior al precio de exportación de referencia", sin retenciones. 

Las empresas que deban ceder esos volúmenes, además, tendrán "derecho prioritario a obtener divisas de libre disponibilidad a través del Mercado Único y Libre de Cambios por hasta un 100% del precio" obtenido por la venta en el mercado interno.

La norma tiene el objetivo declarado de recuperar el autoabastecimiento energético, que la Argentina perdió durante el kirchnerismo. Sólo en el primer cuatrimestre del año, la extracción de petróleo cayó 5,6% y la de gas, el insumo más importante de la matriz energética doméstica, 7,4%. 

La menor oferta doméstica obligó a aumentar las importaciones, que superan los US$ 1000 millones mensuales y son una de los principales causas de las necesidades de dólares.

Sin embargo, el decreto también da marcha atrás con los principales lineamientos establecidos por el decreto 1277, por el que se intervino el mercado y que fue elaborado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, en 2012. 

Llamativamente, pese a las diferencias entre ambas normas, ambos fueron elaborados bajo la consigna de la "soberanía hidrocarburífera".

La iniciativa no es nueva. 

Juan Domingo Perón hizo lo mismo. 

Ahorcado por las importaciones de combustibles, negoció en 1955 un contrato con la California Argentina de Petróleo SA, subsidiaria de la empresa norteamericana Standard Oil de California, porque YPF no podía incrementar la producción. 

El crecimiento de la petrolera estatal tenía un límite muy concreto: la falta de capital. 

Perón era plenamente consciente de las debilidades de la industria local para poder financiar las inversiones necesarias. 

Así lo afirmaría en la mencionada sesión del Congreso de la Nación: 

"la cuestión no radica en la falta de combustibles, sino en los medios para localizar y extraer de nuestro subsuelo toda esa enorme riqueza potencial".

El 11 de mayo de 1955, Perón se presentaba en la Cámara de Diputados para impulsar un proyecto de ley que lo autorizara a firmar un contrato con la norteamericana para la explotación de petróleo en el país.

Un abanderado del nacionalismo popular, supuesto enemigo de los pulpos imperialistas, que negociaba en términos generales que la compañía privada aportara el capital necesario e YPF se comprometía a comprarle la producción.

En efecto, eran tiempos de acercamiento con USA en un marco de inestabilidad política. 

La oposición era intensa aún dentro del peronsimo. 

Pero las críticas al contrato también partieron de los ámbitos académicos y legislativos.

El radical Arturo Frondizi lo consideró “la marca física del vasallaje”; aunque posteriormente lo tomó de modelo para sus propios contratos que anulara Arturo Illia en 1966.

Con el contrato Perón consiguió unificar a todos los especialistas energéticos del campo nacional, pero en su contra. 

Debe señalarse que el gobierno provisional de la Revolución Libertadora no lo ratificó a pesar de tener facultades legislativas fácticas para hacerlo...

Dejó vencer el plazo establecido en el contrato y este perdió su vigencia.

Con los años, la Standard Oil cambió de nombre: hoy es Chevron. 

Hace poco más de un año, Axel Kicillof explicó a los senadores, con el dedo índice en alto, que, por el hecho de ser una multinacional, jamás Repsol protegería los intereses del productor y el automovilista argentinos. 

Sólo el Estado podría alcanzar ese objetivo.

Desde aquella arenga, los precios de las naftas no han dejado de subir y las importaciones de combustibles no han parado de crecer. 

Así es como el Estado, que expulsó de YPF a la multinacional Repsol, busca el auxilio de la multinacional Chevron. 

Nuevas víctimas de las mismas ideas que intentan instalar.

Perón lo vivió con sus polémicos contratos. 

Desde el radicalismo, por ejemplo, se criticaba a la conducción económica no por excesivamente estatista y nacionalista, sino por todo lo contrario. 

Una publicación partidaria afirmaba de la política económica del gobierno: 

“Además de hallarse plagada de errores y excesos parciales, se mantuvo desde el comienzo dentro de la misma esfera que singularizó a la política económica de los gobiernos conservadores. Es decir, dentro de la esfera delineada por el interés de los privilegios nativos y extranjeros.”

El mencionado Frondizi publicaba por entonces Petróleo y política, y defendía la tesis de que YPF era capaz de abastecer por sí sola las necesidades petroleras del país. En una alocución radial, insistía sobre el carácter imperialista del acuerdo con la petrolera norteamericana:

“Ese convenio enajena una llave de nuestra política energética, acepta un régimen de bases estratégicas extranjeras y cruza la parte sur del territorio con una ancha franja colonial, cuya sola presencia sería como la marca física del vasallaje".

También en su segundo libro en el exilio, Los Vendepatrias, editado en Caracas a fines de 1957, Juan Domingo Perón criticaba la política económica de la dictadura que lo había derrocado. 

Entre otras cosas, criticaba la “dialéctica capciosa” de la política dictada por Raúl Prebisch, donde “el capital extranjero aparece como una especie de ungüento cura lo todo que se ofrece gratuitamente para eliminar nuestros males”. 

No pocos le recordaron entonces que tan sólo dos años antes, había firmado el decreto 6.688 con la norteamericana. 

Se entregaba una extensa porción de territorio, se le permitía establecer un precio mayor al del petróleo importado y se condecía autoridad jurisdiccional a la compañía.

Por la decisión, que como se mencionó le valió incluso las duras críticas de sectores del mismo oficialismo, se llegó a hablar de traición al artículo 40 de la Constitución de 1949, que mencionaba el carácter inalienable e imprescriptible de los derechos soberanos de la Nación sobre sus recursos naturales. 

Una vez que el gobierno de facto de Lonardi, Aramburu y Rojas asumió el poder, se anularon dichos contratos, por considerarlos “inadmisibles”.