Los derechos de la infancia no se satisfacen con dádivas

Editorial /LA NACION

La entrega de subsidios en forma permanente no resuelve el problema de una enorme porción de la sociedad que depende de trabajos informales y precarios

La desigualdad social en el país deja sus marcas más profundas en uno de los sectores más vulnerables: la niñez y la adolescencia. En la actualidad, uno de cada cuatro chicos vive en situación precaria en la Argentina y 3,2 millones de menores de 18 años habitan en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI), es decir, en viviendas inseguras sin servicios básicos, hacinados, que no van a la escuela o cuyos padres tienen un trabajo inestable.

Los datos corresponden al último Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), encuesta para la que se relevaron 5426 niños de 20 centros urbanos.

En el informe se reconocen los avances del Estado en la creación de jurisprudencia sobre derechos sociales y el sistema de Asignación Universal por Hijo (AUH), pero se destaca que su sola percepción no implicó una mejora en los índices de pobreza estructural.

Aun en el contexto de progresos en la inclusión socio-ocupacional de la población adulta, el 46,2 por ciento de los chicos no tiene cobertura de salud a través de una obra social, mutual o medicina prepaga, y la situación es más grave para el 15% de esa población, que tampoco cuenta con un servicio de salud público cercano a su domicilio. En cuanto a la salud bucal, la situación es peor: cuatro de cada diez chicos de entre 3 y 17 años no realizó ni siquiera una consulta odontológica en 2012 o nunca la hizo.

Si bien hoy la implementación de la AUH, según la encuesta, alcanza al 36,4% de los menores de edad, sus condiciones de vida y del entorno no han mejorado. Entre otros datos, el 48% de los chicos que viven en grandes conglomerados urbanos se ve afectado por su cercanía a fábricas contaminadas, a basurales o por la presencia de plagas, mientras que el 65% no suele acceder a espacios de recreación.

El desafío es entonces pegar el salto desde el asistencialismo a la supervivencia por propios medios y en condiciones que impliquen la posibilidad de desarrollar una vida digna.

El hecho de que el 30% de la niñez y adolescencia urbana pertenezca a hogares en los que se suele utilizar la violencia física como modo de enseñanza o de disciplinamiento y que ese porcentaje no haya variado en los últimos tres años habla de una falla del Estado en su relación con las familias. También en el área de educación se está muy lejos de la meta de 2010, que aspiraba a que el 30% de los chicos tuviera doble escolarización. En 2012 apenas el 8,2% de la población escolarizada, de entre 6 y 12 años, asistía a una escuela de jornada extendida.

El trabajo de la UCA mide, precisamente, la dimensión de esos derechos básicos en la niñez y adolescencia, y plantea la necesidad de que los padres no tengan que seguir recibiendo coberturas como las de la AUH en forma indefinida. Como ya hemos dicho desde estas columnas, la grave situación de una enorme porción de la sociedad que depende de trabajos informales y sin continuidad es la causa del problema. La entrega de subsidios no lo resuelve. Es más, profundiza el riesgo de que se cree una dependencia transmisible entre generaciones.

A la hora de cuantificar el déficit en el cumplimiento de los derechos de los niños en nuestro país, la coordinadora del Barómetro de la Deuda Social, Ianina Tuñón, no tiene dudas: "Alrededor del 59 por ciento de la infancia en la Argentina tiene privaciones severas y moderadas en alimentación, vivienda, saneamiento, acceso a la salud, información y estimulación temprana".

Se trata de privaciones injustas e inaceptables para la infancia. La profundización e, incluso, el estancamiento en la situación de la desigualdad social y del incumplimiento de derechos básicos es un hecho grave que compromete el futuro y no sólo de los chicos más vulnerables.

Por ello, urge que el Estado extienda su mirada más allá de la mera subsistencia, pues, como ha sostenido acertadamente el presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, monseñor Jorge Lozano, "si no se cuida a los más vulnerables, no se fortalece el sistema democrático"..