Chubut está azorada por lo ocurrido en la justicia Federal de esa provincia, donde se autorizó a Domingo “cura” Segundo, quien se encuentra libre tras una caución de 400 mil pesos en la causa por narcotráfico, a que viaje al exterior para gozar de una nueva “luna de miel”.
La complicidad de este “empresario” con el poder, se manifiesta en esta decisión extraordinaria e inédita para la justicia nacional en un caso de tanta gravedad.
(OPI Chubut) – La justicia Federal de Chubut autorizó la salida al exterior de Domingo “cura” Segundo, un ex estibador que se enriqueció espontáneamente y fue apresado y procesado, cuando en la pesquera Poseidón de su propiedad, se hallaron 110 kgs de cocaína disimulada en cajones de langostinos.
Segundo se encuentra imputado y procesado por el delito de almacenamiento de droga e incurso en la ley federal de narcotráfico, razón por lo cual junto con otras 3 personas fue detenido por la policía y logró salir en libertad mediante caución de 400 mil pesos.
La situación procesal de un imputado por este gravísimo delito, impide que, aún estando en libertad bajo fianza, se le puedan conceder tantos beneficios y más aún dejar que el procesado viaje al exterior.
La repercusión ha sido muy negativa en el ámbito de la justicia provincial y en estamentos políticos, que vinculan a Segundo con el gobierno provincial, aluden que este beneficio es exclusivo de quienes tienen plena conexión con el poder y gozan de impunidad, en consecuencia.
Mientras Domingo Segundo goza de sus vacaciones en Europa, el gobierno de Martín Buzzi le sacó la carga que tenía sobre sus hombros, “obligándolo” a vender Alpesca SA, empresa que vació y quebró con fraude comprobado, que se sumaría al delito de narcotráfico en el que está incurso.
El gobierno de Chubut le hizo un salvataje a Segundo, aportándole 10 millones de pesos, sin respetar los canales normales de las leyes administrativas y ahora hay denuncias penales para encontrar a los responsables de haber realizado este aporte de dinero a Alpesca SA, con la excusa de sostener el pago de los casi 1000 empleados que la componen.Los fiscales plantean que se contravinieron «las
disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública». (Agencia OPI Chubut)
Boletín Info-RIES nº 1102
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Hace 4 semanas
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