CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa). La
importante devaluación del tipo de cambio oficial, la elevación de las tasas de
interés por parte del Banco Central más la imposición a los bancos de liquidar
posiciones en divisas trajo aparejada cierta calma en el mercado cambiario. Se
trata de un sosiego transitorio que podrá convertirse progresivamente en
permanente en la medida que se activen medidas tendientes a recuperar
equilibrios estructurales. En este sentido, en la estrategia de las autoridades
subyace la idea de reeditar el “modelo” iniciado a partir del año
2003.
Los pilares del “modelo” fueron los superávit gemelos.
Es decir,
el superávit externo y el superávit fiscal.
Esto se logró gracias a la fuerte
licuación de salarios reales que produjo la mega-devaluación del año 2002. El
“modelo” tuvo impulso, con crecimiento de la producción y el empleo,
mientras los salarios reales se ubicaron por debajo de los niveles previos a la
crisis.
Pero cuando las remuneraciones se recuperaron los superávits desaparecieron
y comenzó la etapa del estancamiento, inflación e inestabilidad cambiaria.
El análisis de los salarios en los últimos años permite identificar bajo
qué condiciones sería factible reeditar el “modelo” del 2003. Según datos
oficiales del Ministerio de Economía:
> A finales del año 2000, el salario privado formal era de U$S
960 que, medido en pesos al nivel de precios actuales, representaban unos $7.600
mensuales.
> A finales del año 2002, la mega-devaluación había reducido el
salario a U$S 300 que, medido en pesos a precios actuales, equivalían a
aproximadamente $6.000.
> A finales del año 2013, se estima que el salario privado
formal llegó a $10.300 que, en términos de dólares a la cotización oficial,
equivalen a US$ 1.600.
Los datos muestran que el “modelo” arrancó en el año 2003 con un nivel de
salario real extremadamente deprimido. Este fue el pilar que sustentó la
expansión de las exportaciones y la reducción de importaciones que produjo el
superávit externo.
También fue clave para licuar gasto público, compuesto básicamente
por salarios y jubilaciones.
La decisión de entonce de no permitir una inmediata recuperación de las
remuneraciones reales al nivel previo a la crisis, junto con el contexto
internacional inéditamente favorable, explican el periodo de alto crecimiento
económico y del empleo que se extendió hasta el año 2008. Pero con la
recuperación de los salarios reales, las cuentas públicas y el sector externo se
fueron deteriorando. El “modelo” se fue desvirtuando y emergió
el actual proceso de estancamiento, inflación y volatilidad
cambiaria.
La intención ahora sería reeditar el “modelo”. Entre diciembre y
enero el dólar oficial subió un 30% y se anuncia enfáticamente la necesidad de
que prevalezca “moderación” en las paritarias. Esto último implica que
el Ministerio de Trabajo tiene que lograr que, más allá de los discursos
contradictorios y ambivalentes, los salarios crezcan menos que los precios y que
el dólar. Se trata de una operación políticamente compleja.
Mientras que en el año 2003 la licuación de salarios fue “heredada”
y, por lo tanto, no se asumieron los costos políticos de aplicar el ajuste
(sino apenas hubo que limitarse a demorar que las remuneraciones reales
recuperaran el nivel previo a la crisis), en las actuales circunstancias
es el propio gobierno el que enfrenta el desafío de imponer en las paritarias
aumentos sensiblemente inferiores al crecimiento de los precios y del
dólar.
Existen caminos alternativos socialmente menos costosos. Se trata de
construir, como lo vienen haciendo otros país de la región, mejores
instituciones económicas, políticas y sociales. Esto también requiere una
importante inversión política ya que implica atacar privilegios, intereses
creados y revertir ideas obsoletas fuertemente arraigadas en la sociedad y en
gran parte del sistema político.
La gran diferencia es que mientras para reeditar el “modelo” se
demanda inversión de capital político imponiendo un ajuste, para avanzar en la
modernización institucional la inversión política se destina a eliminar las
trabas que impiden el ingreso a una senda de progreso social sostenido.
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