Sistema Tributario (1)

Por él somos: Vasallos sometidos vs. Ciudadanos soberanos
En el mundo feudal, las tierras eran un instrumento importante para alcanzar el poder y la construcción de las relaciones sociales.
Por lo general, un miembro de la clase noble podía tener acceso a una propiedad por derecho de herencia.
Sin embargo, para que la extensión de las propiedades no fuese desarticulada, muchos señores feudales destinaban la posesión de sus tierras a su hijo mayor.
Otra opción para el acceso a la tierra podía establecerse a través de un juramento de lealtad.
En este caso, 2 nobles se reunían para firmar un acuerdo en el que se ofrece la propiedad y el otro recibía un feudo.
Desde el punto de vista social, este entendimiento ha creado un tipo de contacto que sellaba las denominadas relaciones de señorío y vasallaje.
Para que la unión entre el señorío y el vasallo sucediera, se organizaba una reunión solemne también conocida como homenaje:
Por lo general, a través de un beso y la entrega de un objeto que representa el feudo, los nobles estipulaban obligaciones mutuas.
“Los argentinos debemos decidir si queremos un fisco para el país, o un país para el fisco”.
Juan Bautista Alberdi.
En especial en un sistema tributario basado en gravar el consumo, mientras no exista capacidad de ahorro, y el 100% de los ingresos vaya a consumo, el impacto impositivo es completo sobre ese sujeto que no puede ahorrar.
A medida que puede ahorrar más y consume menos en proporción al ingreso total, el impacto impositivo se va reduciendo.

por RAFAEL CUELLO

PARANÁ (U24 Entre Ríos). Vasallo o ciudadano, aparte de sus definiciones del diccionario, también evocan un orden político.
En el 1er. caso, el vasallo es sometido por otro sujeto (señor feudal, rey) y no puede disponer de su vida por sí.
En el 2do., alude a la misma persona, pero ahora en un marco institucional (república) en el que puede disponer por sí y no está sometida a nadie.
Es una categoría política en la república moderna, equivalente al rey en el absolutismo monárquico.

“Ser ciudadano” implica ser libre y responsable de las decisiones propias, aunque con esas decisiones busque dejar de ser ciudadano y transformarse en vasallo, quizás, por temor a la libertad.

Historia, lugar, creencias, tradiciones, forman la cultura y los valores que identifican a una comunidad materializándose en las leyes instituidas por sus representantes.

Es en el sistema jurídico tributario donde más fácil se percibe si esas personas buscan la libertad, la igualdad y la inclusión de todos o, por el contrario, consolidan una sociedad de castas en la que el gobernante determina la diferencia de cada integrante en orden a su interés.
En este ámbito la igualdad es una utopía y la libertad solo para quién gobierna y sus asistentes.

Por ello, la pregunta es:
¿Qué elegimos ser?
¿Vasallos sometidos o ciudadanos soberanos?

Pues, es por la forma de “imponer” o de “elegir” el método de financiamiento público, que lograremos una u otra alternativa.
En efecto, desde que nacimos como “homo sapiens”, creamos 2 métodos tributarios.

Uno, conocido como “Sistema romano, español o europeo”.
Desarrollado desde los inicios de la humanidad.

Otro, identificado como “Sistema americano o de Contribución Directa de Base Territorial - CDBT”, que comenzó a gestarse a principios del siglo XVII.

Nos ocuparemos ahora del más tradicional:
El “Sistema romano, español o europeo”

El método romano, que grava los consumos (internos y externos) deprime la capacidad de demanda porque con el mismo dinero se compra menos cantidad (bienes o servicios).
Por ello el productor o prestador vende menos disminuyendo su actividad y, con ello, su renta global.
Su ahorro se reduce y con ello su posibilidad de invertir en nuevas máquinas o en investigar tecnologías, empequeñeciendo, hasta hacer desaparecer, cualquier intento de desarrollo industrial.

Así vivió España hasta fines del S XX que, de poseer enormes territorios con riqueza en plata y oro, fue incapaz de generar un ámbito para industrias sustentables, como existían en Inglaterra, Holanda, Alemania y otras naciones del norte europeo.

Si el producto de este impuesto se aplicara totalmente a mejorar el ingreso del consumidor, se mantendría el equilibrio a un precio superior sin modificar la calidad de vida de quien compra ni el beneficio del que vende.
Esto es absurdo.

Tal como el rey Alfonso X hizo, ese producido es quitado de la relación entre unidad de producción y unidad de consumo por lo que empobrece a ambos.

En efecto, gravar consumo quita capacidad adquisitiva al que demanda el bien o servicio.
Con el mismo importe compra menos.
Disminuye su calidad de vida.

Paralelamente quien ofrece ese bien o servicio necesita vender una cantidad determinada para cubrir su estructura o costo fijo.
Sin embargo luego del impacto del impuesto al consumo verifica que vende mucho menos porque de la actividad que realiza, ahora, incluye al gobierno que se lleva una importante tajada provocando la disminución de su participación en la venta del bien o servicio.

No cubre su estructura y debe disminuirla despidiendo personal o cerrar.

Con el nivel de actividad antes del impuesto podía ahorrar para compra de mejor tecnología y para especializar a su personal y a él mismo.
Sin embargo, luego del gravamen esa reserva desaparece y con ella el impulso al conocimiento práctico aplicado a la producción y distribución de bienes y servicios (esto es el valor agregado)

Todo país que financie su gasto de gobierno gravando el conocimiento (Impuesto al Valor Agregado) solo puede aspirar a tener una actividad extractiva o primaria (minera, agrícola o ganadera) porque si procura extender su plataforma productiva, el precio que el gobierno obliga a añadir para su provecho sin mejorar la calidad del producto, hace que sea más asequible, para sus habitantes, comprar el mismo bien afuera que producirlo localmente.

Dicho burdamente, es más accesible para el habitante sembrar maíz, exportarlo, hacer polenta afuera e importar la polenta, que hacer la polenta en el país porque, todos los añadidos impositivos, que el gobierno obliga a aplicar, hacen que el precio final interno sea mucho mayor que exportar el maíz para importar polenta.

Al aumentar artificiosamente el precio de un bien respecto al mismo bien producido en otro lado donde estas leyes no existen, hace que, naturalmente, las personas que pueden, lo compren allí donde es más accesible.

Por ello “el contrabando” es la contracara natural de un sistema de estas características, como fue en España durante su existencia como imperio.

Así que “el contrabando” -modus vivendi (común) en España-, en estas latitudes se multiplica y fortalece, principalmente, en la ciudad de Buenos Aires, por su condición de puerta trasera a los dominios españoles en América, convirtiéndose en el principal centro de contrabando de bienes y plata entre Potosí y Cádiz desde el 1600 cuando apenas era una aldea. Habitualmente esta operación la efectuaban los ricos de cada sociedad.

Pero en Argentina ahora se agrega que a mucha gente no le alcanza para lo mínimo y, al intentar mantener su nivel de vida, concurren a centros comerciales donde el cumplimiento del vademécum impositivo es muy laxo con la “aquiescencia” del gobierno de turno.

“La Salada” o “las saladitas” es el nombre que recibe en la Argentina el mercado donde quienes participan del acto comercial no cumplen las reglas fiscales que para cualquier otro que no está allí, se aplican.

Otro aspecto económico de este esquema es que modernamente se lo considera el más regresivo, a causa de que proporcionalmente son impactados mucho más quienes menos tienen y más consumen en proporción a sus ingresos.
Y son muy pocos impactados proporcionalmente quienes más tienen y menos consumen en proporción a sus ingresos.

En números, si el único impuesto fuera el 21% de IVA una familia que gane $10.000 y consuma todo el ingreso estaría incidida en $1.735 de impuesto que es el 17,50% de su ingreso.

En cambio, una familia que gane $100.000 y ahorre la mitad de este monto consume $50.000 y el impuesto es $8.678 que representa el 8,68% de su ingreso absoluto.

Concluyendo:
Mientras no exista capacidad de ahorro, y el 100% de los ingresos vaya a consumo, el impacto impositivo es completo sobre el sujeto que no puede ahorrar.
A medida que puede ahorrar más y consume menos en proporción al ingreso total, el impacto impositivo se va reduciendo.

Esa dependencia de un sistema tributario regresivo, es lo que nos sujeta a permanecer muy cerca de la categoría de “vasallos sometidos”, antes que de “ciudadanos soberanos”.