Argentina: El gobierno se saca la careta en busca de impunidad

La Argentina vive horas de angustia. 
Cuando aún falta realmente mucho para que su ciudadanía decida la suerte de la actual aventura autoritaria recurriendo a depositar su voto en las urnas. En juego está nada menos que el normal funcionamiento de una democracia, bastante desvencijada.       

Emilio J. Cárdenas

Cuando los tiempos durante los cuales la administración de Cristina Fernández de Kirchner retendrá la enorme cuota de poder que hoy detenta se acortan inexorablemente -desde que habrá elecciones presidenciales el próximo mes de octubre -sin la participación de la actual presidente, vedada por la Constitución- el gobierno argentino parece haberse  sacado, de una buena vez, la careta.
De frente y hasta con una suerte de brutalidad.

Hasta ahora, el gobierno de los Kirchner se había limitado a deformar, con mayor o menor disimulo, las instituciones esenciales de la democracia, que están ciertamente muy maltrechas.

Fundamentalmente, transformando al Congreso de la Nación en un mero “sello de goma” donde, con la mayoría de las bancas bajo férreo control evita que los proyectos de ley que envía al Congreso sean objeto de discusión alguna.
Ellos “se votan” y “se aprueban”, tal como llegan.
Con el texto del Poder Ejecutivo.
Sin debate, ni diálogo.
Ni cambios, de ninguna naturaleza.
“A libro cerrado”, entonces.

Nadie puede “enriquecer” las propuestas del Ejecutivo, que lo sabe todo. Siempre.
Y sobre todos los temas.
Que jamás se equivoca, cree.
Las minorías opositoras no son siquiera escuchadas.
Ni tenidas en cuenta, salvo precisamente para evitar que ellas, de pronto, opinen.

A lo que se agregan constantes designaciones puntuales de magistrados “amigos” (jueces y fiscales) en todos los estratos del Poder Judicial.
Por goteo, no por inundación.

En su momento, el Congreso sancionó una ley a la que eufemísticamente se llamó: “de democratización de la justicia” para que el oficialismo controlara efectivamente el Poder Judicial.
La Corte Suprema, pese a tener entonces un par de ministros aparentemente “sumisos” al Ejecutivo, impidió la vigencia de esa norma con la que se procuraba cooptar el Poder Judicial.
Esa batalla la perdió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Pero no se quedó quieto.

Ocurre que las circunstancias cambiaron.
Dramáticamente.
Las múltiples causas por denuncias de corrupción contra los funcionarios públicos se acumularon.
Una sobre otra.
Y, lentamente, comenzaron a avanzar.
Sugiriendo que el barro denso que contienen es, en rigor, una triste y seria realidad.
Hasta lo más alto del poder político está hoy directamente expuesto a las consecuencias de esas tristes investigaciones.

¿Qué ocurrió, entonces?
Desde el gobierno se han puesto en marcha toda suerte de proyectos destinados a ensuciar -sin pudor alguno- al mayor número posible de personas, más allá del partido oficialista.
Por aquello de que, en un ambiente lleno de acusaciones cruzadas de corrupción e ilegalidad, los casos que afectan directamente a las autoridades son “una mancha más al tigre”.
Para ello, los organismos administrativos e instituciones de control se han transformado en una máquina de denunciar y perseguir, al voleo, a los demás.

Pero ahora el gobierno, claramente preocupado por las circunstancias, “va por más”.
Acaba de designar nada menos que a dieciséis fiscales adictos. Porque, acosado por las acusaciones en marcha, procura asegurarse impunidad. Total, de ser posible.

Todos los fiscales designados, cabe apuntar, son -como era previsible- “militantes” kirchneristas. Para garantizar, de ese modo, conductas que impidan que se conozca la verdad.
O que aflore la corrupción que, aparentemente, anida en lo más alto del poder.
O, dicho de otro modo, para garantizar la impunidad de los actuales gobernantes.


Pero la Asociación de Magistrados, compuesta por jueces aún independientes, no se quedó quieta. Solicitó judicialmente un amparo para impedir que se consumara (en el verano, esto es cuando los tribunales están de vacaciones) lo antedicho.
Otros ciudadanos y legisladores de la oposición acompañaron paralelamente a la Asociación.
Y finalmente se obtuvo una “medida cautelar”.
Todo está, por ahora, en suspenso.
Pese a la furia estival que afecta, cual huracán, a la presidente.

En un enero caliente, un magistrado federal: el Dr. Enrique Lavié Pico, dejó de lado la “feria judicial” y comenzó además a investigar la conducta -en todo este delicado tema- de la actual Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que es quien tiene directamente a su cargo la implementación de la “toma de control” de los fiscales en lo que luce como una medida que procura evitar que sean funcionalmente independientes.
Para que entonces haya impunidad garantizada para algunos y persecución implacable para otros.

Por ello se “suspendieron” interinamente los efectos de las resoluciones mediante las cuales se disponen los nombramientos de los nuevos fiscales, a los que se tiene por “adictos al poder”.
Agregando el magistrado actuante que la “urgencia” con la que se empujan las designaciones de los fiscales adictos “carece de razonabilidad”.
Y es así.
Siendo el tema uno de tinte constitucional, la “medida precautoria” dispuesta puede bien llegar a ser discutida intensamente, hasta en el ámbito mismo de la Corte Suprema de Justicia.
Por un rato largo...

La Argentina vive horas de angustia.
Cuando aún falta realmente mucho para que su ciudadanía decida la suerte de la actual aventura autoritaria recurriendo a depositar su voto en las urnas.
En juego está nada menos que el normal funcionamiento de una democracia, bastante desvencijada.

Hay, por lo menos, dos cosas inmediatas que el gobierno persigue con su artero accionar:
(i) asegurar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner -y de su familia inmediata y colaboradores- frente a una andanada de causas judiciales en las que se investigan conductas que -prima facie- lucen corruptas; y
(ii) poder perseguir a todos (cuantos más, mejor) edificando “cortinas de humo” para, con ellas, disimular la gravedad de los hechos atribuidos a algunos funcionarios públicos respecto de los cuales, como se ha dicho, avanzan las investigaciones judiciales que se han puesto en marcha.

Cabe agregar que, como era de prever, el inmenso multimedio mediático que ha edificado el poder colabora constantemente para que estas maniobras destinadas a someter a la justicia argentina pueda efectivamente consumarse.

Esto quizás no se advierta aún extramuros con la claridad meridiana que por su inmensa gravedad y por sus posibles consecuencias debiera tener.
Lo cierto es que la inquietud de muchos argentinos -atrapados por este juego perverso, en el que la verdad no importa demasiado- está plenamente justificada.

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.