Legisladores
de la oposición y muchos comunicadores están proponiendo la prohibición de los
despidos y la duplicación de las indemnizaciones en caso que las mismas sean
convalidadas.
A través de un
proyecto de ley presentada por diputados kirchneristas se propone
además la multiplicación de la industria del juicio y la burocratización en
caso de despidos con causa o fuerza mayor.
Las
sanciones al empleador que intentara un despido multiplican los costos
indemnizatorios y administrativos.
En
tren de demagogia irreal hay dos proyectos en el Congreso.
Uno
en el Senado que sólo prohíbe despidos por 180 días
y
otro en Diputados que prohíbe despidos,
impone la doble indemnización hasta el
31 de diciembre de 2017.
Estas
iniciativas lejos de beneficiar al trabajador lo perjudican.
A
quienes no están trabajando directamente las condenan a la pobreza más rígida e
inmodificable.
Los
legisladores culposos por su falta de ideas para solucionar la pobreza y crear
empleo no tienen mejor idea que convalidar el desempleo por generaciones.
Toda ley, todo
reglamento que aumente los costos de contratación y desvinculación no hace otra
cosa que disminuir la demanda de trabajo y favorecer la sustitución de trabajo
por capital.
Aumentar
los costos laborales (gracias a estas
medidas demagógicas) implica reducir la demanda de trabajo, excluir a los
menos capacitados.
Una medida cruel
y despiadada disfrazada de falsa solidaridad.
Cuanto
más costoso sea el contrato laboral mayor deberá ser la productividad del
trabajador para ser contratado.
Si
el trabajador no es calificado inexorablemente perderá el empleo.
El intento de
proteger devino en fábrica de desempleo y exclusión.
Es
necesario comprender que el concepto de costo laboral es bien diferente al
concepto de salario.
El
llamado “costo laboral” incluye todos los impuestos y sobre costos derivados de
la burocratización del contrato, la judicialización, y los riesgos derivados de
la legislación.
Esas
supuestas protecciones incrementan los costos y por consiguiente reducen la
demanda de empleo.
Con
ello reducen las posibilidades laborales de los pobres.
Cuanto más
regulación, menos trabajo.
No
más, menos.
Es
imprescindible comprender, también, que los costos laborales pueden bajar y al
mismo tiempo
¡los salarios
pueden subir!
El
impuesto sobre el salario ronda entre el 40 y el 50% dependiendo de la
actividad.
Si
consideramos costos de judicialización y conflictividad dicho “impuesto” puede
llegar al 60%.
Quiere
decir que un salario promedio industrial del orden de $15.000 pesos brutos redunda
en un salario en mano de $ 12.300 en tanto que el costo laboral que abona el
empleador alcance los $22.725.
Traduciendo
el empleador paga $ 22.725 y el trabajador recibe $ 12.300.
En
el medio, impuestos, regulaciones, “salarios diferidos” (artilugio para
denominar los supuestos beneficios jubilatorios y sociales), costos
indenmizatorios, y supuestas protecciones.
No
es casual que quienes proponen estas medidas jamás hayan pagado una quincena.
Demuestra un
desconocimiento total del mercado de trabajo su funcionamiento y los
incentivos.
En
los últimos días muchos despidos se han acelerado sólo por los rumores de estas
inútiles leyes curiosamente propuestas por quienes no generaron empleo privado
desde 2011 hasta 2015.
Desde
el nacimiento de la legislación laboral, políticos y sindicalistas se
empecinaron en aumentar los costos laborales creando desempleo y marginación.
Es
el estado, en su intento pseudo protector el que excluye.
Los
salarios reales sólo pueden crecer si el trabajo es asistido con bienes de
capital.
Son
las máquinas las que fortalecen la productividad del trabajador.
Sin
máquinas los salarios son necesariamente bajos.
No hay grito
sindical, huelga, legislación chamuyera, ni bravuconada política que pueda
aumentar los salarios por obra de un decreto.
Si
queremos disminuir los despidos, bajar el desempleo, aumentar los salarios
reales y proteger de esa manera a los trabajadores, nuestros diputados deberían
pensar en generar incentivos a la inversión.
Incentivos
que no son subsidios ni protecciones sino
un ambiente de negocios estable, impuestos bajos, y una razonable
administración de justicia.
Todo
lo demás vendrá por añadidura.
Los
trabajadores que se sientan “protegidos” por los anuncios de los legisladores
del kirchnerismo deberían saber que “hay amores que matan”.
El chamuyo mata
y la demagogia excluye.
%2B(1).jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario