Le
exige que entregue documentos para acelerar la investigación judicial que
intenta determinar si el Presidente ocultó las firmas maliciosamente en su
declaración jurada
Hugo
Alconada Mon
La
NACION
Este
lunes, el presidente Mauricio Macri se presentó a una audiencia de mediación.
Pero
su contraparte no.
¿Quién
faltó?
Su
padre, Franco Macri.
¿Por
qué habían sido convocados?
Porque
el jefe del Estado le endilga a su padre ante la Justicia que se resiste a
entregarle la documentación que probaría que no cometió ningún ilícito al
figurar en la sociedad offshore Fleg Trading Ltd., según reveló LA NACION como
parte de la investigación Panamá Papers.
Pese
a la ausencia del padre, el proceso de mediación entre los Macri sigue su
camino.
Falta
el último paso ante la mediadora.
Sólo
luego el Presidente podrá iniciar un proceso formal ante la Justicia para
obtener la documentación que le reclama al líder del Grupo Socma.
"Dejo
constancia de que recurro a la intervención de vuestra señoría por cuanto, pese
a mis insistentes requerimientos, no he podido obtener de mi padre, Franco
Macri, la documentación", reclamó el hijo.
"Tan
sólo he logrado que emitiera el comunicado [de prensa], lo que no resulta
suficiente para otorgar la certeza que las circunstancias ameritan",
abundó en la "acción declarativa de certeza" que recayó en el Juzgado
en lo Civil N° 104, a cargo del juez Andrés Fraga.
"Reservado"
bajo el número 20.359/16, Fraga aún debe esperar que se complete el proceso de
mediación, aunque ya ordenó que se envíe un exhorto a Bahamas.
Así
lo solicitó el Presidente, para que las autoridades de ese país envíen copias
de toda la documentación societaria que tengan de Fleg Trading.
Con
ese exhorto y la presentación judicial contra su padre, Mauricio Macri pretende
demostrar que no se encontraba obligado a informar esa firma offshore en las
declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP y
que, por tanto, no cometió el delito de "omisión maliciosa".
"Jamás
fui accionista ni propietario de dicha compañía", indicó Macri en
su primer escrito judicial, cuya copia obtuvo LA NACION de fuentes con acceso
al expediente.
"No
percibí dividendos ni utilidades de la misma, como director de Fleg Trading no
participé en decisión empresaria o negocio alguno ni percibí honorarios como
director ni ninguna otra retribución, y sólo acepté el cargo a efectos de
renunciar y designar un reemplazante", sostuvo.
"Ello
para demostrar ante la opinión pública y la ciudadanía que jamás tuve la
obligación de incluir Fleg Trading en mis declaraciones juradas."
sagrada
flia
Ése
también es el foco de la investigación penal ya en curso que tramita en Comodoro
Py.
El
fiscal Federico Delgado imputó al Presidente por presunta omisión maliciosa y
el juez Sebastián Casanello ordenó las primeras medidas de prueba.
Esa
causa penal, sin embargo, abarca no sólo Fleg Trading, constituida por el
estudio panameño Mossack Fonseca, sino también una segunda firma offshore,
Kagemusha, que no integra los documentos analizados por LA NACION a instancias
del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario
alemán Süddeutsche Zeitung.
A
partir de allí, Casanello libró exhortos a Bahamas y Panamá para obtener datos
sobre ambas sociedades.
Según
detalló en su resolución, el objetivo es "indagar sobre la relación entre
las sociedades puntualizadas y el imputado en autos (Macri), conocer sobre la
composición de las firmas, su giro comercial y financiero y, sobre la base de
ello, establecer su posible vinculación con la maniobra investigada en la
causa".
Basado
en el requerimiento del fiscal Delgado, Casanello explicó a las autoridades de
Bahamas y Panamá los fundamentos de esos exhortos.
Dijo
que busca "determinar si Mauricio
Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada" y
establecer si las empresas en investigación "infringieron algún tipo penal
y, en ese caso, si Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese
comportamiento societal".
En
sede civil, mientras tanto, Macri (hijo) responsabilizó a Macri (padre) por los
dolores de cabeza que le causaron los Panamá Papers.
Pero
con 86 años cumplidos el 15 de abril pasado, el patriarca de la familia sólo
accedió a entregar parte de la documentación tras la presentación judicial de
su hijo, y designó a un civilista de renombre, Julio César Rivera, como su
abogado.
El
Presidente, por su parte, convocó a Felipe Llerena y Fabián Rodríguez Simón,
"Pepín", su amigo y asesor jurídico de extrema confianza.
Fue
"Pepín", por ejemplo, quien aportó los argumentos jurídicos para el
fallido intento de designar jueces ad hoc en la Corte Suprema.
Además
del exhorto a Bahamas, Llerena y Rodríguez Simón fueron por más.
Le
pidieron al juez Fraga que le ordene a Franco Macri que entregue el estatuto
social y "todos los libros y
registros societarios de Fleg Trading Ltd. que tuviera en su poder",
"cualquier
constancia de aceptación o renuncia de Mauricio Macri como
director/vicepresidente",y
los rubros de sus declaraciones juradas relacionados con la offshore entre 1998
y 2005, cuando se cerró.
El
Presidente también planteó una cuestión procedimental:
Pidió
que se reserve el expediente "en
atención a la gravedad institucional y al respeto que se debe a la investidura
presidencial y a que se ventilan cuestiones tributarias confidenciales".
En
el juzgado aceptaron su pedido.
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