La ruta del dinero K: la conexión internacional

La ruta del dinero K: la conexión internacional
Por Jorge Vitale -11 abril, 2016

¿Se investigará la conexión internacional que tienen las causas judiciales argentinas con el robo al Estado en diferentes partes del mundo?
A simple vistas las causas judiciales parecen empezar y terminar en Argentina, pero la conexión internacional es enorme
Es necesario que los jueces Martínez Di Giorgi, Servini De Cubria, Casanello, Ercolini, Torres y Bonadío tomen en serio la conexión internacional. La declaración de Fariña, confirma todo este recorrido y las firmas involucradas.

El juez Valenti de Uruguay pidió la extradición de Vandenbroele por lavado de dinero en la causa Ciccone, luego pedirá lo mismo sobre otros procesados.
Esta causa de extradición se tramita en la Argentina, para que los imputados deban trasladarse en este caso a estar a derecho en Uruguay y próximamente en Uruguay, Suiza y España y así ir desentramando la ya probada conexión internacional que existe en este caso.

Esto demuestra la actividad que está realizando la Justicia internacional y luego sigue la causa que se encuentra tramitando en España.
Si bien fue procesado el ex vice presidente de la República Amado Boudou y otros.
Pero a su vez, faltan más funcionarios como el director de la AFIP y la presidente de la  Casa De La Moneda y la conexión internacional de la ruta de dinero con los jueces que  hasta la fecha se ignora. Queda pendiente la UIF, el Banco Central y más funcionarios del Ministerio de Economía.

 En la causa contra el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou  por el caso Ciccone, los fiscales no actuaron de oficio  y los jueces que intervinieron -inclusive el actual- tuvieron dudas de activar este procedimiento.
Fueron las investigaciones periodísticas en sí mismas, las que avanzaron sobre el tema.
Y hoy nos encontramos ante una situación muy especial, no sólo que están acreditados y probados todos los hechos de violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, si no que existen jueces en Uruguay, España y Suiza que han investigado la conexión internacional con esta causa y la forma y modo en que se ha generado el dinero a través de rutas de lavado de dinero.

La importancia de esta causa está también en la valentía de testigos que afrontaron amenazas sin aflojar:
Laura Muñoz; ex de Vandenbroele,
Guillermo Reinwick, familiar de los Ciccone
y el que fue funcionario de Economía, José Capdevila, que se exilió por la inseguridad.
Hay que recordar, además, que en abril de 2012 el Gobierno  por esta causa echó al jefe de los fiscales, Esteban Righi  y apartó al juez  a cargo de la investigación, Daniel Rafecas, por pedido José María Nuñez Carmona, socio y amigo de Boudou.

En Uruguay, España y Suiza, ya fue pedida  la indagatoria de Vandenbroele y ahora la extradición.
Lo motiva la conexión que existe entre todas las empresas offshore y el Caso Ciccone al haber utilizado las mismas rutas de lavado de dinero y fuga de capitales.

Es por eso que los jueces internacionales reiteran desde hace varios meses sus molestias porque la Justicia argentina no responde a los pedidos de informes acerca de esos datos que vinculan a los citados cuatro países con la causa Boudou Ciccone.
La contestación a estos exhortos es una tarea pendiente en la causa. En estas causas le hice saber a los jueces intervinientes las relaciones que existen, y las empresas intervinientes.

Ahora la acción judicial deberá acelerarse, para llamar a indagatoria a más funcionarios.

España : El juez  Pablo Ruz investiga el caso Gurtel de lavado que ya llevó a la cárcel al tesorero del gobernante Partido Popular, José Luis Bárcenas. Boudou y el presidente español Rajoy están vinculados a la misma empresa  “lavadora” P.T. Bex Bursatil Sociedad de Bolsa.

Esta es  la empresa offshore con oficinas insignificantes en Madrid y Montevideo que recibió los fondos para la compra de la Calcográfica Ciccone.

Uruguay : El juez Néstor Valetti investiga la causa sobre la corrupción y su relación con la denuncia que se tramita en la Argentina contra el vicepresidente Boudou por el Caso Ciccone. Así el juez y el fiscal de la caus comenzaron a investigar la empresa P.T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, radicada en Montevideo. Esta empresa giró los fondos por intermedio de Dusbel SA. para The Old Fund, que presidía Vandenbroele, con la intención de comprar Ciccone Calcográfica y está citado a indagatoria para la primer semana de agosto por no poder justificar 50 millones de dólares.

Suiza : El juzgado de Quinta Denominación investiga el dinero enviado desde Uruguay, proveniente de la Argentina.

Con todas estas investigaciones internacionales podríamos llegar al descubrimiento de los verdaderos titulares de estas empresas offshore y a los verdaderos actos de corrupción, ya que en nuestro país se esconde mucha información.

Pero además, el juez Lijo, también tendría que investigar la relación de la empresa Enarsa, que fue denunciada ante el Juzgado N° 5 en lo Federal a cargo del juez Ercolini, con la intervención del Fiscal Delgado. Fue porque su ex presidente Exequiel Espinosa debió renunciar en  mayo de 2013 por su conexión con la empresa SGI, la llamada popularmente “La Rosadita” propiedad de Elaskar. El contador de Enarsa Jorge Norberto Cerrota, había sido Director General de SGI realizándose, supuestamente, la triangulación hacia Uruguay con la empresa P.T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa.

Por último, cabe también que la Justicia investigue y determine quién hizo desaparecer en diciembre de 2012 la desaparición o robo de la Inspección General de Justicia (IGJ) de los expedientes de esas empresas vinculadas al caso Ciccone.

Las restantes empresas involucradas en las maniobras del caso Ciccone son Hábitat Natural SA; Inversiones Inmobiliarias Aspen y ahora la española Agroibérica y la uruguaya PT Bex Bursátil. Por tal razón, y por estos nuevos datos, el denunciante pidió la información necesaria en nuestro país y también a la Justicia española, con el fin de reconstruir esos antecedentes robados de la IGJ.

Del accionar del vicepresidente y sus amigos se desprende que no podrían estar ajenos la IGJ, la AFIP, la UIF, el Banco Central y la Casa De La Moneda.

En  caso que los jueces argentinos no contesten los exhortos internacionales, estos últimos, comenzarán a dar información sobre las cuentas detectadas en el exterior y en los paraísos fiscales de los funcionarios argentinos y empresarios amigos. Como lo han hecho informando sobre los fondos de Lázaro Báez en el exterior. Este es el momento de investigar, toda la conexión internacional que tienen en común, las mismas personas, el lavado de dinero, la corrupción y el pedido de extradición, nos demuestra la actividad que tienen las causas internacionales y la lentitud de las nacionales.

Empresas intervinientes en la conexión internacional

Desde junio de 2013 se tiene conocimiento del documento  que confirmó que buena parte de los dineros introducidos por Lázaro Báez en Helvetic Services Group y SGI (aproximadamente unos sesenta y cinco millones de dólares), volvieron al país entre diciembre de 2012 y abril de 2013, y fueron depositados en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, en una cuenta perteneciente a Austral Construcciones.

Se confirmó  mediante pruebas que el viaje de regreso de parte de ese dinero, que retornó del exterior a las cuentas bancarias de Austral Construcciones, se realizó a través de nueve cheques a favor de Helvetic Services Group (luego endosados por Jorge Chueco, apoderado de la firma suiza), por un total de doscientos ocho millones de pesos.
Ese dinero fue inicialmente “repatriado” por la sociedad de bolsa Financial Net, desde la Bolsa de Rosario, y en forma de tres tipos de bonos:
BODEN 2015, BONAR X y BONAR VII.
Estos bonos provinieron de cuentas del Banco J. SAFRA, radicado en Ginebra, Suiza.

A estos doscientos ocho millones de pesos, son la mitad quirúrgica de los iniciales sesenta y cinco millones de dólares aparentemente fugados al exterior vía Federico Elaskar/SGI, lo que abre la puerta a la suspicacia.
Bien podría tratarse de un doble canal de activos: el primero, conformado por los doscientos ocho millones de pesos “repatriados” post venta de bonos, y el segundo, formado por el valor de esos mismos bonos en el caso de que hubiese existido una “auto compra”, es decir, una venta simulada de estos últimos.

En el inicio de todo ese proceso, se agregó también la información sobre la intervención y los pagos de las tres supuestas contrapartes: Global Equity Sociedad de Bolsa SA, Mariva Bursátil Sociedad de Bolsa SA y Facimex Bursatil Sociedad de Bolsa SA. Estas tres compañías bursátiles fueron las que compraron estos bonos de la deuda argentina pertenecientes a Helvetic Services Group.

Dichas operaciones se efectuaron a través de la operadora Financial Net, inicialmente por un total de doscientos veinticinco millones de pesos. Pero Financial Net sólo declaró que recibió pagos de estas compañías solamente por 212 millones de pesos. Luego, Financial Net emitió cheques a favor de Helvetic Services Group por un total de poco más de 208 millones de pesos. Estas irregularidades, junto a otras, fueron denunciadas en la causa, documentó datos de sumarios iniciados por la Comisión Nacional de Valores por irregularidades en este tipo de operaciones que involucraban el uso de esa cuenta y la intervención de varios agentes de bolsa.

Facimex Bursátil es la sociedad de bolsa que, además de canalizar la mayor parte del dinero finalmente depositado en Austral Construcciones (a través de su cuenta comitente 2577), también figura en la causa Ciccone, ya que está señalada en la causa por un aparente ingreso de títulos (especie DICP 45696) a una cuenta a nombre de The Old Fund. Pero no es este el único nexo entre las rutas de dinero de Báez y Ciccone.

Mariva Bursátil, la cual canalizó a través de la cuenta comitente 2164 más de cuarenta millones de pesos de los doscientos ocho totales, es parte del grupo que incluye a Banco Mariva, recientemente objeto de duras acusaciones por parte de la presidente Cristina Kirchner, quien mencionó a este establecimiento, a su sociedad bursátil y a su dueño, José Pardo, como responsables de la mayor parte del manejo del famoso “contado con liqui”.

Otra de las compañías bursátiles que canalizaron el regreso del dinero que acabó en manos de Lázaro Báez es Global Equity Sociedad de Bolsa, que fue la encargada del destino de 31,7 millones de pesos que retornaron, mediante la cuenta comitente 2601, a la cuenta de la empresa estandarte de Báez. Coincidentemente, Global Equity se ubica en el piso 10 del edificio de Reconquista 144, donde apenas un nivel más abajo tiene sus oficinas Financial Net.

Global Equity es una sociedad de bolsa cuyos titulares son Luis Andrés Mornaghi (ex Banco Finansur) y Carlos Sebastián Mornaghi, quienes en 2011 intentaron ingresar infructuosamente en la Bolsa de Valores uruguaya a través de la compañía Latin American Equity Agente de Valores SA, presentando una solicitud de autorización para funcionar como Agente de Valores en ese país.

Dicha solicitud fue rotundamente negada por varias irregularidades en un informe emitido por el banco Central de Uruguay. Una de ellas, la reticencia en la información solicitada a la familia Mornaghi sobre el origen de los fondos aportados y, otra, una sanción aplicada a Global Equity por el Mercado de Valores de Buenos Aires en noviembre de 2010, cuando los Sres. Mornaghi presentaron declaraciones juradas posteriores, indicando que no habían sido sancionados por organismos supervisores y de regulación financiera alguna.

La respuesta negativa no escatima los términos duros: “La sociedad no demostró la debida seriedad y responsabilidad ante el requerimiento realizado por esta Superintendencia, siendo ello particularmente grave cuando se trata de declaraciones juradas de individuos que son quienes poseen el efectivo control de la empresa solicitante. Los Sres. Mornaghi no han brindado información suficiente a la fecha sobre el origen de los fondos aportados a la sociedad, habiéndosele requerido dicha justificación reiteradamente”.

En dicho informe se señala que la principal accionista de la solicitante -Latin American Equity- es una compañía panameña, Latin American Assets Management Group, en cuyo directorio figura Daniel García Belhot, quien fuera titular de Dusbel SA, la sociedad uruguaya accionista de The Old Fund y Ciccone. García Belhot ocupaba la titularidad de Dusbel SA al momento de asumir Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou.

Sumado a esto, en el directorio de Global Equity estuvo también Diego Rosendi, quien a principios de 2009 declaraba como domicilio Juana Manso 740, Piso 17, Departamento 1, Torre 2. Se trata del mismo edificio y la misma torre en donde el actual vicepresidente declara poseer una propiedad en el piso 25.

Garcia Belhot figura además en al menos ocho sociedades registradas en Panamá, varias de ellas mediante el bufete Mossack & Fonseca, pieza clave en la ruta del dinero investigada por Campagnoli, y luego traspasadas al bufete Nieto Urriola y Asociados.

En Latin American Assets Management Group, creada en febrero de 2010, quienes figuran actualmente como titulares de la compañía son integrantes del bufete Nieto Urriola, pero en un acta de asamblea extraordinaria celebrada en octubre de 2013, quienes presidieron dicha reunión fueron sus anteriores directores: el propio García Belhot, Martín Secco García y Gustavo Larriera Mendivil, este último. Allí García Belhot declara domicilio en la ciudad de Montevideo, en la calle Manuel Pagola 3029, oficina 603.

Además de este nuevo nexo entre las causas Ciccone-Báez, todo parece indicar, una vez más, que Uruguay es el destino preferido también por la ruta del dinero sucio español y la conexión internacional de corrupción, ya que una de las sociedades en donde figura García Belhot en Panamá es Keny Trading Inc, disuelta el año pasado.
En el acta de disolución, figura un inmueble (un departamento de ciento sesenta m2 en el edificio Cibeles de Montevideo) que la sociedad le cede a Francisco Serrano Alberca, un español ligado al partido de la UCD española y que a principios de los años 90 fue procesado junto a su hermano por una operación sospechada de corrupción con una venta de terrenos de su propiedad al RenFe (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) en un precio cincuenta y ocho veces más elevado del que él había pagado.

¿Se investigará la conexión internacional que tienen las causas judiciales argentinas con el robo al Estado en diferentes partes del mundo?