Gustavo
Vera, Julio Piumato y un juez en una causa por robo de maquinarias de talleres
El
falso vocero papal y el gremialista fueron imputados por haberse quedado con
máquinas entregadas por el magistrado.
La
pantalla de la “incautación de bienes de la mafia”.
En
octubre de 2015, una cadena de vagas casualidades llevó al allanamiento de un
taller de costura.
Lo que en
principio fuera anunciado como un triunfo más en la lucha contra el trabajo
esclavo terminó denunciado como un entramado judicial para el robo sistemático
de maquinarias y telas con la excusa del combate a la explotación de personas
en el sector textil.
El
asunto condujo a la imputación de Gustavo Vera, ícono de la lucha contra la
trata de personas y la servidumbre laboral, y de Julio Piumato, ex titular de
la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.
Por
si fuera poco, el conflicto amenaza con
llevar ante el Consejo de la Magistratura al juez Ariel Lijo.
Según
el relato judicial, todo comenzó el 8 de octubre de 2015, cuando un miembro de
la Policía Federal Argentina de nombre Jorge Luis Zabala caminaba por el barrio
de Once, donde luego de transitar por calles atestadas de puestos ilegales
exhibiendo mercadería igual de ilegal, puestos de comida que no pasarían un
control de salubridad ni con ayuda celestial y tiendas donde un celular usado
puede ser vendido con las fotos de su dueño anterior, llegó a la galería
“Center Once”, ubicada en la avenida Corrientes 2641.
Allí,
en los locales 23 y 24 el oficial de la comisaría 7ma encontró mercadería de
procedencia confusa en medio de muchos locales igualmente confusos.
Movido
por su olfato policial, supuso que las remeras de equipos de fútbol argentinos
que eran exhibidas en el local podrían no ser originales.
El
tremendo hallazgo provocó una rápida acción judicial que ordenó tareas
investigativas.
Las
mismas fueron tan profundas que consistieron en que un agente de la División
Defraudaciones y Estafas de la PFA llegara al lugar y, bajo la apariencia de
ser un comprador común, lograse averiguar que las remeras eran confeccionadas
en un taller clandestino.
Funcionó.
De
paso, se llevó la dirección exacta del taller y hasta el nombre del fabricante.
Todo
el procedimiento del recontra espionaje contra los traficantes de remeras de
fútbol se organizó bajo las órdenes del juez Ariel Lijo a cargo del Juzgado
Federal N° 4, quién decidió abrir un expediente de oficio (10354/2014 Mamani
Chinche Faustino s/Infracción Art. 145 bis).
Tanto apuro tuvo
el juez que,
en contra de lo que establece el Art 180 del Código de Procedimientos Penales, se olvidó de avisarle al fiscal de turno
sobre la marcha de las investigaciones.
A
las 20:10 horas del 1ro de diciembre de 2015, con una orden del juez Lijo en la
mano, una comisión de la Prefectura Naval Argentina irrumpió en el inmueble
ubicado en la calle Martiniano Leguizamón 3541. Allí confiscaron 19 máquinas
destinadas a la confección de prendas de vestir,
tres
rollos de tela de jean color azul, 200 jeans color negro terminados,
270
jeans negros casi terminados, 775 pantalones de la misma tela semi terminados
en color azul,
180
pantalones de jean celeste en proceso de fabricación,
180
pantalones de tela mimetizada, 730 cortes de tela de jean negro,
720
cortes similares pero de tela azul y 90 carreteles de hilo.
El
acta finaliza describiendo el secuestro de una bolsa de plástico con etiquetas
de las marcas “Diosa”, “Luna”, Straight Fight” y “Raiders Jeans”.
Detalle:
De las camisetas
de fútbol, ni noticias.
No
estaban, no existían, desaparecieron.
Ni
siquiera fue hallado un trozo de tela de camiseta.
Lo
que sí encontraron fue al ciudadano boliviano Faustino Mamani Chinche y a su
esposa, Reyna Calizaya, quienes fueron detenidos por disposición judicial.
Asimismo,
según consta en los documentos judiciales, se encontraron en el lugar a once
personas –todos de nacionalidad boliviana– que trabajaban en el taller y que
habitaban en diez piezas “en condiciones de hacinamiento y poca luz natural”.
En
otro tramo del expediente se hace notar que las jornadas laborales, según los
propios empleados, iban “desde las 08:00 hasta las 17:00 horas en algunas
ocasiones, y hasta las 19 en otras”, y que las personas “desayunaban y
almorzaban en sus lugares de trabajo, y la comida era cocinada por Reyna
Calizaya y se las proporcionaba Faustino Mamani”.
Respecto a las
remeras de equipos de fútbol que originaron la denuncia, no pudieron constar
nada.
Mientras
Faustino Mamani Chinche y su mujer permanecían detenidos, el juzgado le ordenó
a la Gendarmería que se hiciera cargo la custodia del taller y todo lo que se
encontraba adentro.
El
18 de diciembre siguiente, Gustavo Vera y Julio Piumato presentaron ante el
juzgado de Lijo un escrito para que se le entregaran las máquinas y prendas
secuestradas a Mamani Chinche.
Para
convencer al magistrado, invocaron “…la
trayectoria que ambos tenemos en la protección de los trabajadores y los grupos
sociales más desprotegidos”, además de recordar que en el pedido de Piumato
estaba “…involucrada la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT” y que la
Fundación La Alameda que dirige Vera “…ha demostrado experiencia y trayectoria
en realizar emprendimientos de esta naturaleza”.
Luego
de semejante presentación de credenciales, reclamaron que “se nos designe
depositarios judiciales de dichas prendas, retazos y maquinaria textil”.
Lo que no
hicieron constar en el escrito es cómo se enteraron del expediente, de la
mercadería incautada, ni de la maquinaria secuestrada.
Cuando
se les consultó a los voceros de Vera sobre cómo hicieron para enterarse de la
existencia de esas máquinas y mercaderías, contestaron que existían “convenios”
con los juzgados para que les informaran sobre los allanamientos a talleres
clandestinos, aunque no aportaron documentos que sustentan esa afirmación ni
explicaron por qué la justicia privilegiaba informar a algunas organizaciones y
dejaba de lado a otras.
El 23 de
diciembre y sin que se encontrara firme ni una foja del expediente, el juez Lijo
ordenó que le fuera entregado a Vera y Piumato en calidad de depositario
judicial todo lo incautado en el procedimiento.
Recordemos
que el 23 de septiembre/2016 el juez Pablo Yadarola dispuso que se destinarán a
obras de bien público de los 800 mil
dólares incautados al valijero venezolano Guida Antonini Wilson, quien
pretendió ingresarlos ilegalmente para la campaña presidencial de Cristina
Kirchner en el año 2007.
Es
que, según las leyes argentinas, no es posible entregar un bien en custodia del
Estado o de un tercero hasta que exista una sentencia firme.
Los
dólares de Antonini debieron esperar 9 años.
En
el caso de lo que le fuera quitado a Mamani Pinche, esperaron cinco días,
cuando la instrucción judicial no había logrado siquiera probar un delito.
Mientras
tanto, atentos a la realidad que el ser depositario no les daba derecho a hacer
uso de las máquinas y mercaderías, Vera y Piumato pidieron al juez Lijo que se les autorizara a firmar un contrato para
que esos elementos fueran entregados en comodato a dos entidades de la curia
argentina:
La
Parroquia de Caacupé que depende de la Vicaría para las Villas del obispado
porteño, y el Hogar Cristo Gaucho Antonio Gil que depende de la vicaría de San
Martín.
En
el pedido citaron a modo de fundamento un pasaje del documento “Laudato Si”
escrito por el Papa Francisco, donde se pide “ayudar a los pobres con dinero
debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias.
El
gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del
trabajo”.
La
cita papal no es antojadiza.
La
fundación La Alameda no sólo es la base de una agrupación política llamada
“Bien Común” como la frase de cabecera que utiliza Su Santidad, y sino que
además organiza una serie de cumbres “Laudato Si” presididas por Vera que
convocan a sindicalistas, políticos y magistrados, entre los que se encuentra
el Juez Ariel Lijo, quien comparte su predilección papal junto a Daniel
Rafecas.
La
ironía del armado político-religioso de Vera es que ha unido a Julio Piumato,
el dirigente sindical que más apoyó la investigación de Nisman, y a Rafecas, el
juez que la enterró sin haber mirado de reojo la carátula.
Es
más, Laudato Si es la plataforma que usó Vera para organizar la comitiva de
jueces argentinos que viajó a un encuentro sobre lucha contra el narcotráfico
que se realizó dentro del Vaticano en junio de 2016.
El
juez que cerró el ciclo de discursos de magistrados argentinos fue Ariel Lijo.
En
una muestra de su poder para influir sobre la agenda del Vaticano, el
legislador Vera logró que además Rafecas fuera invitado a un evento organizado
por el Pontífice el próximo mes de noviembre.
El
15 de febrero de 2016 el juez aceptó otorgarles a Piumato y Vera el comodato.
Meses
después, viajaría con ellos rumbo a Roma.
Mientras
todos se encontraban peregrinando a Santa Marta, el abogado Alejandro Kim,
defensor de Mamani Chinche, denunció al titular de La Alameda y al secretario
general de los Judiciales por el delito de “malversación de caudales públicos”.
En
su escrito, Kim dejó constancia que no se trataba de un hecho aislado, sino de una forma de proceder de un grupo
en el que se ven implicados jueces y fiscales que, con la excusa de combatir el
trabajo esclavo en la Ciudad de Buenos Aires, se apropian de bienes de los
comerciantes textiles.
A
esa metodología Kim la calificó de “forum shopping”.
El
abogado de Mamani Chinche también apeló ante la Cámara Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal.
En
la Sala II del tribunal de alzada le dieron la derecha al tallerista, revocaron
todo lo actuado, dictaron la falta de mérito sobre Mamani Chinche, le quitaron
el manejo de la causa a Lijo, y la enviaron nuevamente a sorteo para que
intervengan otras autoridades judiciales con la orden de devolver
inmediatamente la totalidad de las máquinas y materiales incautados.
La
nueva instrucción recayó en el Juzgado Federal 8 a cargo de Marcelo Martínez de
Giorgi, quien dio cumplimiento a lo instruido por la Cámara y ordenó a
Gendarmería que arbitrara los medios para devolver todo lo secuestrado a
Chinche.
Para
ello, también se le ordenó a Piumato y a Vera que reintegraran todo el material
que les fuera dado por Lijo y hasta se les otorgó facilidades:
Debían indicar
por dónde debían pasar los camiones a retirar los efectos.
Se
tomaron su tiempo.
El
16 de mayo –un mes después– fueron regresados todos los bienes incautados a
Mamani Chinche.
Casi
todos:
en un acta se dejó constancia que existía un faltante de maquinaria y de telas.
De
manera insólita en el trámite de reintegro, Vera y Piumato “olvidaron” incluir
máquinas valuadas en varios miles de pesos e insumos textiles que les habían
sido dados para la custodia judicial.
En
concreto, se les pasó por alto devolver la máquina Juki motor 213579 y otra
marca Sunstar motor C1610023. Además, se verificó la desaparición de 127
pantalones negros, 380 jeans azules, 380 piezas semi armadas azules, otros 16
de color negro en igual condición y 40 pantalones mimetizados.
Semejante
irregularidad disparó lo que se denomina un “incidente” –expediente que corre
“por cuerda”, o sea, conexo a un expediente principal– para investigar qué
sucedió con los materiales que Vera y Piumato no devolvieron.
La
cuestión no es menor, ya que el ser depositario judicial no pueden disponer
como se les antoje de los bienes que se les dan y que siguen siendo del Estado
en tanto no exista una sentencia que dictamine su disposición final.
O
dicho de manera más simple:
Solo podían
atesorar los bienes y de ningún modo podían siquiera probarse uno de los
pantalones y mucho menos entregarlos, usarlos
o venderlos.
Pero
no sólo dispusieron como quisieron, sino que un Juez los autorizó a hacerlo.
La
nueva investigación sobre qué pasó con la maquinaria aterrizó en Juzgado
Federal 11 a cargo de Claudio Bonadío, con la intervención del fiscal Gerardo
Pollicita, quien rápidamente avanzó en la recolección de pruebas.
La ahora nueva
causa lleva la carátula “C7285/2016 Vera Gustavo Javier y otro S/Malversación
de caudales públicos (Art 261 CP)”
En
el entorno de Vera afirman que devolvieron las maquinarias, que el faltante fue un error involuntario –
como si tal acto hiciera desaparecer la malversación – y que pidieron que se
postergue la indagatoria.
El
juez Bonadío espera el análisis de las actas de devolución para corroborar si
es cierto que devolvieron máquinas textiles que nada tenían que ver con Mamani
Pinche y menor cantidad de mercadería que la que recibieron en custodia.
En
un principio, los voceros del falso
vocero papal habían negado tener causas
pendientes en la justicia, sin admitir que la indagatoria sólo puede producirse
si existe una imputación concreta que justifique que sean llamados ante el
juez.
Una
carpeta que contiene el detalle de las fallas procesales en las que incurrió
Lijo está siendo presentada en el Consejo de la Magistratura, para que ese
cuerpo evalúe qué corresponde hacer ante las irregularidades en el caso Mamani
Pinche.
Ironía final.
Gustavo
Vera organizó una de sus tantas conferencias en la legislatura porteña el 1ro
de septiembre pasado, a pocos días de ser imputado por malversación de
caudales.
El
motivo de la charla tuvo como eje “la
reutilización de bienes incautados a la mafia”.
Sentado
como conferencista se encontraba Germán Garavano, Ministro de Justicia y
Derechos Humanos.
Allí
dieron cátedra sobre la importancia de disponer de los bienes incautados a
aquellos que recurrían a la ilegalidad para obtener beneficios.
¿Desconocía
Garavano que estaba disertando junto a quien es investigado por la Justicia.
precisamente, por la utilización de bienes incautados?
El
yerro de los asesores que no le avisaron de la situación judicial de Vera
llevaron al ministro a decir que “Necesitamos que la justicia esté más cerca de
la víctima”, sin haber tomado la precaución de acercar al estrado al ciudadano
boliviano Faustino Chinche Mamani, que para ese momento llevaba nueve meses sin
justicia y sin sus bienes.
Al
cierre de esta nota existe un político cercano al Papa y un dirigente gremial
imputados por malversación,
un
funcionario judicial amenazado por un jury,
un
ciudadano que no recuperó todos sus bienes robados por una conspiración de
funcionarios judiciales,
la
sospecha de que algunos procedimientos contra la trata de personas y el trabajo
esclavo son un negocio de apropiación de bienes,
la
certeza de que otros fabricantes denunciaron situaciones semejantes,
y
la especulación de que varios otros sufren de procedimientos similares,
originados en el olfato de agentes que tienen por especialidad el marcar una
única mancha de suciedad en un chiquero.
Si
tan sólo los implicados no hubieran leído sólo lo que les conviene del Laudato
Sí, habrían recordado lo que dice el documento del Papa Francisco en el punto
82:
“La visión que
consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades,
injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los recursos
pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder: el ganador se
lleva todo”.
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