A
25 años del atentado a la embajada de Israel, el primer magnicidio terrorista
en América
Al
respecto opinó para Télam el escritor Marcos Aguinis.
POR
MARCOS AGUINIS
No
sólo en Argentina, sino en el mundo, se tiende a olvidar que el mayor atentado
terrorista perpetrado en el continente americano tuvo lugar en Buenos Aires,
casi una década antes que se derribaran las Torres Gemelas de Nueva York.
En
ese momento concitó un asombro mayúsculo.
Ese
crimen superaba los que ya se venían cometiendo por diversas guerrillas y,
sobre todo, los que planificaba, financiaba y ponía en práctica la República
Islámica de Irán.
Dos
años después, ante la impotencia para condenar debidamente a sus autores, tuvo
lugar el ataque contra la AMIA, que multiplicó de forma alucinante el número de
víctimas y la hesitación para aplastar con eficacia la cocina del terrorismo.
El ataque contra
la embajada de Israel ocurrió el 17 de marzo de 1992 a las 14.45.
Un
furgón Ford F-100 manejado por un enajenado suicida había sido cargado con
explosivos y estrellado contra el frente de la sede diplomática localizado en
la esquina de Arroyo y Suipacha.
El
impacto no sólo destruyó por completo la embajada, sino que dañó de forma
considerable a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio
cercano.
En ese ataque
murieron 22 personas, entre israelíes y argentinos, e hirió a otras 242.
Es
obvio que este acto criminal no se tuvo en cuenta a personas inocentes, incluso
ajenas por completo al manoseado conflicto palestino-israelí.
Pronto
se empezó a lucubrar que los autores que armaron todo el procedimiento habían
ingresado al país desde la región llamada Triple Frontera, donde confluyen los
límites de Argentina, Paraguay y Brasil.
Por allí hacía
tiempo que fluía el narcotráfico y otros tipos de delitos.
La
sociedad argentina e internacional expresó sorpresa por la acción tan brutal
llevada a cabo en un país que se mantenía al margen de los problemas que
afectan al Medio Oriente.
El
terrorismo expresaba su falta de límites y de códigos, que se iría incrementado
con el tiempo.
Las
calles se llenaron de manifestaciones ciudadanas que repudiaban el crimen.
Pero la Justicia
nacional reveló su tradicional astenia.
En
vez de progresar de forma decidida en la investigación, prefirió enredarse en
lucubraciones.
En
otros lugares hubo algunas diferencias.
En
Estados Unidos, por ejemplo, se abocó al tema de inmediato el FBI, pero no
difundió sus resultados.
La
jueza Ellen Segal Huvelle, en cambio, condenó a Irán a indemnizar a los
familiares de una de las víctimas.
El fallo de la
jueza Segal Huvelle atribuye el atentado a la organización Hezbollah con el
apoyo de Irán.
El
fallo aclara que la prueba en la que se apoya para dar por ciertos los hechos
mencionados es la declaración de Patrick L. Clawson, un asesor independiente de
la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, descripto en el fallo como "experto en asuntos
iraníes".
En
Argentina la investigación del caso correspondió a la Corte Suprema debido a
que los artículos 116 y 117 de la
Constitución establecen la "competencia originaria" de ese
tribunal cuando se trata de asuntos relacionados a embajadores, ministros y
cónsules extranjeros.
La
causa se tramitó por el expediente 143/1992.
Originalmente
estuvo a cargo de Alfredo Bisordi, secretario penal de la Corte, bajo
supervisión del presidente del tribunal, Ricardo Levene (hijo).
Hasta
2015 la causa investigada por la Corte no había sido elevada a juicio.
Por
desgracia, constituye otro baldón para la justicia argentina.
En
1997 la causa fue encomendada al secretario Esteban Canevari.
El
23 de diciembre de 1999 la Corte Suprema dictó una acordada estableciendo que
los muertos habían sido 22 (y no 29 como se había informado
oficialmente los años anteriores) y que la investigación debía
orientarse a reunir las pruebas que establecieran la certeza de que el atentado
había sido realizado por la Jihad islámica, brazo armado del Hezbollah,
mediante un coche bomba para el que se utilizó una Ford F-100, comprada a un
fotógrafo policial por un hombre con un documento a nombre de un ciudadano
brasileño, Ribeiro Da Luz.
Por
esa resolución se dictó también una orden de captura contra Imad Mughnayah.
En
2015, el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti declaró públicamente que en la causa había "cosa juzgada" por
la acordada definitoria de 1999.
La
declaración produjo confusión ya que en 2006 la Corte Suprema había dictado
nítidamente lo contrario:
Que la causa no
había prescripto.
A
este atentado se sumó en 1994 – como dijimos - el de la AMIA.
En
lugar de apresurar los mecanismos de diagnóstico, fue con el tiempo aprovechado para fines más espúreos todavía.
Tras
la muerte del Presidente Néstor Kirchner, el jefe del catastrófico populismo
venezolano se instaló en nuestro país y logró persuadir a la Presidente
Cristina de Kirchner sobre los beneficios que obtendría mediante el perdón a
Irán con un impúdico Acuerdo.
La tarea fue encomendada
al canciller Timerman.
Por
último, quien se dedicó a profundizar esa patente traición a la Patria que
cometían los más altos funcionarios de Gobierno fue el fiscal Alberto Nisman.
Pero
poco antes de presentar su explosiva denuncia en el Congreso, fue asesinado.
Este
hecho intentó ser vendido a la opinión pública-imbécil como un suicidio.
Semejante
suicidio no es verosímil ni en una mala novela policial.
En
este aniversario del atentado a la embajada de Israel corresponde enfatizar
cómo la impunidad que siguió a ese crimen fue un estímulo para crímenes mayores
y el embarramiento mayúsculo de nuestras instituciones.
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