“En
la trinchera no hay ateos”
Siempre
he sostenido que “con una Justicia
seria, independiente y rápida, todo será posible; sin ella, nada lo será”.
Hoy
afirmo que la nuestra, con sus inexplicables demoras en la justificada
detención –porque están alterando las pruebas y se los imputa de delitos no
excarcelables- de los responsables del saqueo, contribuye en mucho a afectar la
gobernabilidad.
Esta
semana el operativo destituyente del kirchnerismo
–sumado
a un importante sector del peronismo de la Provincia de Buenos Aires,
a
los “trabajadores de la educación”, a las dos CTA,
a
los movimientos trotskistas y a organizaciones piqueteras- para recuperar el poder y, por qué negarlo,
garantizar
la impunidad de su jefa y la banda de gangsters que integran su asociación
ilícita, se puso finalmente en marcha.
Lamentablemente,
los tres gobiernos se rehúsan a utilizar la fuerza pública para evitar los
desmanes, por miedo a que les tiren un muerto, el recurso habitual de los
complotados.
Olvidan
que esa actitud se transformará en una elevadísima factura que les presentará
en octubre su propia base electoral, harta de las complicaciones que los
permanentes cortes e impedimentos traen aparejadas, mientras que los
beneficiarios de tanta inacción jamás los votarán.
La
pregunta obligada es, entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos de a pie, que
mayoritariamente optamos por Macri y Vidal, para evitar que estos subversivos
sigan avanzando?,
como
siempre ha sucedido cuando quien ocupaba la Casa Rosada no era peronista.
¿Cómo
olvidar que, para robarse YPF, Néstor nos dejó sin luz ni gas, y con ello
dilapidó las reservas?,
¿que
“desapareció” los fondos de Santa Cruz?,
¿que
trató de destruir al campo?,
¿que
canceló anticipadamente la deuda con el FMI y nos endeudó con Chávez a tasas
enormemente mayores?,
¿que
el kirchnerismo fue socio del potenciado narcotráfico?,
¿que
su viuda intentó “democratizar” la Justicia y colonizó la Procuración General y
la administración pública en general?.
Aún
en contra de la voluntad de Cambiemos, ¿no deberíamos salir nosotros a la calle
para demostrar que somos más, que queremos la democracia y estamos dispuestos a
defenderla a como dé lugar?
¿Por
qué no desobedecer a los llamados a las huelgas e ir a trabajar?
¿Por
qué no manifestarnos frente al Consejo de la Magistratura para exigirle que
controle a los jueces y los obligue a acelerar los procedimientos para terminar
con la impunidad de tantos ladrones, que se ha transformado en un verdadero
cachetazo a la sociedad?
Si
fuera verdad que un sector del Gobierno prefiere a Cristina Fernández en
libertad para polarizar con ella en octubre, incurriría en una especulación
bastarda que, además, puede costarle muy caro.
Mauricio
Macri, con errónea vocación por
evitar dar malas noticias, se abstuvo de explicar la magnitud de la
crisis -que no había sido percibida como tal, pese a ser enormemente más grave
que la del 2001- heredada de la verdadera década infame que lo precedió.
La
última oportunidad para hacerlo la perdió el 1° de marzo de 2016, cuando
inauguró por primera vez las sesiones ordinarias del Congreso.
Hoy,
a quince meses de haber asumido, es obviamente tarde y eso contribuye a facilitar la penetración del discurso subversivo en
una sociedad innegablemente golpeada por una economía que, si bien ya muestra
signos de crecimiento, no ha llegado aún a aliviar la situación de los más
desprotegidos.
Por
lo demás, víctima de su férrea creencia en una nueva forma de comunicación y
pecando de un exceso de pluralidad en los medios propios, padece el manto de
silencio que la prensa en general ha extendido sobre sus logros, muchos de
ellos importantes, mientras se centran en las malas noticias, que los
inconformes y los preocupados magnifican.
Todos
los líderes gremiales, en especial aquéllos que integran el triunvirato que
dice conducir a la “columna vertebral del peronismo”, padecen de un mismo mal.
Acosados
por la izquierda insurreccional que los corre a panzazos, acompañada por el
siempre oportunista kircherismo, describen problemas inexistentes (el desempleo
y la excesiva importación) y perjudican a quienes dicen representar mientras no
ofrecen solución alguna.
El
cierre de la economía que reclaman (“vivir con lo nuestro”, como pretendía Aldo
Ferrer) condenará a los argentinos a seguir pagando más caros los productos que
necesitan, que serán de inferior calidad.
La
limitación legal a los despidos y suspensiones que exigen, y los incrementos de
los costos laborales, impedirán la creación de nuevos empleos.
Los
eventuales aumentos de impuestos o la emisión monetaria o el endeudamiento –si
no es así,
¿de
dónde saldrán los recursos?- para financiar los planes y subsidios
generarán mayor inflación, que siempre terminan pagando los asalariados.
Lo
remarcable es que toda la actividad desplegada para expulsar al Gobierno
–huelgas salvajes, piquetes de todo tipo, ollas populares, violencia callejera-
no hace más que perjudicar a sus presuntos beneficiarios.
Al
impedir que se eduquen y se perfeccionen, aleja sus posibilidades de
reinserción en un mundo que expulsa a trabajadores no calificados para
reemplazarlos por robots; al generar tanta inestabilidad institucional, espanta
las posibles inversiones; al cerrar las calles al transporte, dificultan
enormemente la llegada al trabajo de todos, haciéndoles perder los premios por
presentismo.
Los
jerarcas docentes (¡hemos cambiado a Sarmiento por Baradel!) están expulsando a
los niños de la educación pública, ya que el ausentismo tradicional y los
frecuentes paros obligan a los padres a inscribirlos en escuelas parroquiales y
privadas, duplicando el gasto familiar y, al no dar clases, complican la vida
de las familias más pobres, que no tienen con quien dejar sus hijos y, muchas veces,
hace que éstos pasen hambre.
Lo
peor es que los reclamos salariales son acompañados por la cerrada negativa a
que se evalúe la enseñanza.
El
presupuesto destina el mayor porcentaje de la historia (exceptuando al período
de Illia) a sostener la educación, pero
el 90% se destina a sueldos.
Por
cada cargo docente hay cinco maestros y uno de cada cuatro nunca trabaja como
tal.
Sin
embargo, la brillante moción de Juan José Llach para que se negocie con los
gremios corregir esa horrible distorsión, despedir a los permanentes ausentes y
repartir el dinero así ahorrado entre los que sí trabajan (25% de aumento) ni siquiera
fue escuchada.
María
Eugenia Vidal está haciendo lo correcto al mantenerse firme frente al
salvajismo de los líderes docentes que mantienen a millones de chicos fuera de
las aulas.
La
ciudadanía debe condenarlos sin matices y salir a la calle para respaldar a su
Gobernadora en esta puja.
Pero
ella también está obligada a actuar para terminar con la indignidad que
constituyen tantos ladrones kirchneristas -empezando por el mismo Daniel
Scioli-, que han saqueado a la Provincia y transformado al Conurbano en un
páramo de violencia, droga y miseria, pavoneándose en libertad mientras
convocan a la destitución de las autoridades electas.
Un
párrafo final para el dilema que enfrentará en los próximos días la Corte
Suprema cuando deba decidir sobre la libertad de Milagro Sala (que no es una
presa política sino una política
presa y puede interferir u alterar pruebas en la investigación de los
múltiples delitos que se le imputan) que le reclaman los organismos
internacionales de derechos humanos, y su sempiterno desprecio por la suerte de
los dos mil presos militares y civiles,
ancianos a los
cuales se les niega la detención domiciliaria pese a su edad y a las
enfermedades que padecen
y,
en muchos casos, soportan prisiones preventivas por décadas.
Con
la integración de los Dres. Rosatti y Rosenkrantz, ¿seguirá siendo tuerta?
Bs.As.,
18 Mar 17
Enrique
Guillermo Avogadro
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