“Miente,
miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la
creerá.” - Joseph
Goebbels
La Legislatura
bonaerense sancionó una ley que consagra, emulando al Ministro de Propaganda de
Hitler y como dogma, la cifra de 30.000 desaparecidos durante el proceso
militar de 1976/83, y pretende sancionar gravemente a quien la ponga en duda.
Resulta
notable por varias razones: ya se sabe que fue inventada por confesos
subversivos, refugiados en Europa, para justificar la pretensión de calificar
como un genocidio a lo ocurrido y obtener ingentes fondos de las ONG’s
revolucionarias de escritorio.
E
ignora todo lo sucedido, de la mano de la Triple A, durante el gobierno de Juan
e Isabel Perón.
Espero que la
Gobernadora María Eugenia Vidal ejerza el veto constitucional y evite la
entrada en vigencia de este adefesio.
Hace
más de diez años escribí una nota, “En
ocasión de los treinta años del golpe”, que puede leerse en mi blog, en la
cual senté mi posición filosófica sobre ese hecho…
Dije
entonces que un solo desaparecido es condenable, y sigo pensándolo, pero
también estoy convencido que, en algún momento, los argentinos deberemos tener
Historia sobre los 70’s, y no mera ficción para sostener un relato tan irreal
como políticamente correcto.
La
culminación de este camino debiera ser la verdad y, en este caso, es fácil
encontrarla.
Según
la CONADEP, los desaparecidos no pasan de 6.800, y el Parque de la Memoria, en
la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, nunca pudo superar ocho mil
nombres, aún cuando el kirchnerismo, en un burdo procedimiento, haya incluido a
quienes murieron con anterioridad al golpe militar,
a
quienes fueron asesinados por sus propias organizaciones,
a
quienes se suicidaron con cianuro y a quienes cayeron combatiendo mientras
intentaban tomar cuarteles y regimientos.
Los
restantes 22.000 tienen rasgos comunes:
Nadie
los reclama, nadie los conoce, nadie tiene sus documentos de identidad, a nadie
le faltan.
Entonces,
propongo algo bien sencillo:
Que
los legisladores bonaerenses, los periodistas militantes, los organismos de
pseudo derechos humanos, etc.,
se
presenten ante un nuevo registro e identifiquen, con nombre y apellido, a cada
uno de los desaparecidos que reclaman como un conjunto.
Es
claro que, si eso ocurriera, se terminaría también con el enorme negocio
montado, mediante indemnizaciones nunca explicadas, alrededor del tema.
A
muchos debe molestarle esa posibilidad.
Y no hay nada
imposible en mi propuesta.
Basta
con constatar que el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus
Víctimas (CELTyV), que enumeró a más de 17000 civiles que fueron asesinados,
heridos, secuestrados o damnificados por el accionar subversivo, puede
responder con la identidad concreta de cada uno de ellos, mientras reclama su
reconocimiento por el Estado.
En
otro orden de cosas, esta semana nos acosaron noticias policiales
protagonizadas por criminales que gozaban de salidas transitorias o habían sido
puestos en libertad por jueces que desoyeron las recomendaciones de los
servicios penitenciarios.
De
los más sonados casos, uno fue el enésimo femicidio, con violación incluida, y
el otro, el asesinato por la espalda de un oficial de policía.
La gravedad de
la situación de inseguridad ciudadana es tal que la ha puesto al tope de las
preocupaciones de la sociedad, superando a la economía y hasta la enorme
corrupción que comandaron Néstor, Cristina, Máximo y Florencia.
Más
allá de la caprichosa interpretación de las leyes que realizan muchos jueces de
la escuela zaffaroniana, tan comprensiva de los delincuentes como indiferente a
los derechos de las víctimas, hubo algunos datos curiosos.
En
el país faltan cárceles en algunas jurisdicciones mientras sobran en otros…
Pero,
cuando se pretende trasladar presos a ellas, los magistrados privilegian la
cercanía de los reos con su familia. La consecuencia es que, cuando se fugan,
sea escapándose de la prisión o de la comisaría, sea “olvidándose” de volver
después de una salida autorizada, los delincuentes encuentran un entorno que
los protege y en el cual desaparecen, a veces para siempre, y pueden volver a
cometer crímenes.
En
los países civilizados, Chile incluido, la solución al problema se ha
encontrado en la colaboración público-privada.
Es
necesario decir que aquí también se intentó en el pasado, pero la falta de
seguridad jurídica también influyó negativamente en esta actividad, y los
inversores se retiraron.
Ahora,
con el gobierno de Cambiemos, cuando vamos paulatinamente regresando al mundo,
la probabilidad de encontrar empresas que estén dispuestas a venir y ocupar ese
rol se ha incrementado mucho.
El
camino no puede ser más simple.
El
inversor construye la cárcel y administra su “hotelería” (alimentación,
alojamiento, salud, talleres metalúrgicos y de carpintería, etc.) y el Estado
se ocupa de la vigilancia del establecimiento, y controla el desempeño de su
socio privado.
La
innovación debe darse en la ubicación del establecimiento, para evitar las
fugas de los más peligrosos delincuentes.
Y
tenemos el lugar ideal para hacerlo:
El
centro de la Patagonia, lejos de todo, donde nadie puede pensar en evadirse y,
si alguien lo hiciera, resultaría extremadamente fácil recapturarlo.
A
esa prisión, de máxima seguridad, se trasladaría a los reincidentes, a los
violadores, a los femicidas, a los asesinos, a los terroristas, etc., de todo
el país;
y
claro que no habría para ellos salidas transitorias, aunque sí actividades
laborales obligatorias y rentadas, para permitir la reinserción social de
quienes hubieran cumplido la condena.
Es claro que las
quejas surgirán de inmediato desde la escuela “abolicionista”, pero el
principal deber que tenemos para con nosotros mismos es privilegiar, como digo,
a las víctimas y no a los delincuentes.
Una
breve reflexión para demostrar que aquí no todos somos iguales ante la ley.
Mientras
se conceden salidas o liberaciones y hasta internaciones en clínicas de lujo a
asesinos reincidentes y a corruptos de máxima laya, mientras se deja en
libertad a procesados por delitos no excarcelables,
la arbitraria y
militante Justicia mantiene en la cárcel, en condiciones miserables y privados
de tratamientos médicos adecuados, a dos mil ancianos, muchos de ellos en
prisión preventiva que excede en décadas el máximo legal.
Ya
han muerto más de cuatrocientos en la cárcel (cincuenta desde que Macri llegó a
la Casa Rosada, a los cuales se sumó el jueves el Cnel. Delmé, de 80 años) pero
la sociedad entera prefiere ignorar estas atrocidades, para intentar que se
olvide su pecado de haber apoyado, sin cortapisas, el golpe militar de 1976
para terminar con el caos terminal en que habían sumido al país la gestión de
Isabel Perón/López Rega y los “jóvenes idealistas” de ERP y Montoneros.
Le
deseo una feliz Pascua de Resurrección, si es usted católico.
Y
feliz Pésaj, si es usted judío.
Hasta
la próxima semana.
Bs.As.,
15 Abr 17
Enrique
Guillermo Avogadro
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