“El poder mantiene su
fuerza cuando permanece en la oscuridad; expuesto a la luz del sol, comienza a
evaporarse”. Samuel
Huntington
Finalmente,
el poder nefasto del kirchnerismo, objeto por años en cientos de denuncias
judiciales y periodísticas, ha quedado exhibido ahora por los tan temerosos
jueces argentinos de modo tal que lo han transformado en la nada misma…
La mayor
prueba de ello la dio el bloque del ¿Frente para la Qué? en la Cámara de
Diputados el cual, a imitación de su jefa espiritual, dejó solo a Julio de Vido
en su hora más amarga.
Tal como era
previsible, los magistrados se atropellaron en los corredores de Comodoro Py para
ver quién llegaba antes con sus pedidos de detención del desaforado legislador.
Seguramente,
veremos actitudes similares en los próximos días, como claro efecto del
resultado de las elecciones del domingo pasado.
Es que el
notable triunfo de Cambiemos en todo el país –con excepción de aquellas provincias en las que aún el siniestro
clientelismo es norma- trajo tranquilidad al inquieto ánimo de esos jueces,
tan sensibles a los efluvios del poder.
Las dos
causas que terminaron con la libertad del cajero mayor de los Kirchner durante
casi treinta años –sobreprecios en la
importación de gas y desvíos en la mina de Río Turbio- no sólo son graves
sino que implican cantidades saqueadas enormes…
Pero ninguna
de ellas se acerca a la peor estafa de esa década robada.
Me refiero, como es obvio, a todo el
affaire de YPF; ya
que somos una nación de desmemoriados –a
punto tal que uno de cada cinco argentinos volvió a votar a los ladrones-
creo que conviene hacer un poco de historia, en especial para los jueces y fiscales.
El ex
Presidente Carlos Menem quería privatizar la mayor empresa del país pero
necesitaba la conformidad del Congreso.
Recurrió
entonces a la negociación con los gobernadores de las provincias petrolíferas,
a los cuales ofreció re-calcular
las regalías que les correspondían, amén de reconocerles la propiedad de
parte de las acciones de la compañía…
Pero
condicionó esas concesiones al voto favorable de los legisladores que las
representaban.
Cuando lo
consiguió (el “pelotudo” Oscar Parrilli fue el miembro informante), transfirió
a la Provincia de Santa Cruz US$ 600 millones.
El entonces
Gobernador, don Néstor, tan pronto Repsol (otra rareza, ya que se trataba sólo
de una distribuidora de combustibles, sin pozo de petróleo alguno) compró YPF,
vendió las acciones que correspondían a la Provincia en US$ 500 millones de
dólares, metió ambas sumas en un bolso y, aconsejado por el denostado Domingo
Cavallo, transfirió todo a cuentas en el exterior, ¡abiertas a título personal!
Esos fueron
los desaparecidos “fondos de Santa Cruz”, cuyo destino la Legislatura
provincial, ocupada casi íntegramente por sus fieles, se negó sistemáticamente
a investigar.
Una parte de
esa enorme fortuna fue empleada por Kirchner (que así dejó afuera a Carlos
Reutemann y Juan Manuel de la Sota) para conseguir que Eduardo Duhalde lo
nominara como candidato del Partido Justicialista en las elecciones de 2003,
convocadas anticipadamente por el entonces Presidente por el asesinato de
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Ya sentado
en la Casa Rosada y forzado por su fuerte vocación de ladrón, don Néstor
comenzó a asfixiar a las petroleras que trabajaban en la Argentina,
reconociéndoles por el combustible precios muy inferiores a los que, cuando la
producción local comenzó a caer, se pagaba en boca de pozo a Bolivia o, más
aún, a los vendedores de gas licuado.
Así, el país
perdió el autoabastecimiento de energía y se vio obligado a importarla a
cualquier costo.
Todos los
caminos (líneas de alta tensión y gasoductos) construidas para exportar a
Chile, Brasil y Uruguay, fueron utilizados a partir de entonces para importar,
y se instalaron dos estaciones de regasificación en Campana y Bahía Blanca.
Como directa
consecuencia de esa política demencial, los españoles de Repsol comenzaron a
desear irse del país, no sin antes transferir activos de YPF en el exterior a
otras empresas de su grupo.
Y allí
actuó, una vez más, el equipo de planificación para el saqueo nacional.
Un pajarito
le contó a Antonio Brufau, por entonces líder de la empresa propietaria, que
había un grupo argentino que estaba interesado en comprar el 25% (15% + 10%) de
la compañía local, y en 2007 aparecieron en escena los Eskenazi, dueños (¡una
casualidad!) del Banco de Santa Cruz, que había operado los fondos ausentes y
donde Lázaro Báez (¿lo recuerda?) se desempeñaba como cajero.
Don Antonio
que, como buen catalán, no tenía un pelo de tonto, aceptó el trato aunque el
grupo “comprador” no tuviera dinero para tamaña adquisición.
La propia
Repsol prestó una parte del monto necesario y garantizó ante distintos bancos
los préstamos necesarios para concretar el negocio. Además, (¡otra
originalidad!) transfirió la administración de YPF a la familia compradora
–escribió que se trataba de gente experta en operar en “mercados regulados”, o
sea, corruptos- pese a que ésta lo único que sabía del negocio
era cómo cargar combustible en el automóvil.
Pero, claro,
tomó algunas precauciones:
En primer
término, exigió la firma del propio don Néstor y de algunos de sus funcionarios
más cercanos en el contrato.
Además, YPF
quedó obligada a distribuir en dividendos no menos del 95% de utilidades
anuales.
Esto, en un
negocio de alto riesgo y costo como el petrolero, que nunca distribuye más del 30/35% de sus utilidades porque necesita
el resto para explorar en busca de nuevos yacimientos, obviamente paralizó
la actividad e hizo caer bruscamente la producción de petróleo y gas en el
país, forzando a importar más y más combustibles, a punto tal que así
desaparecieron las reservas en divisas del Banco Central y se desató, una vez
más, la inflación.
Los
Ezkenazi, también prudentes, pusieron las acciones de YPF así compradas a
nombre de una empresa australiana –Petersen- cuyos verdaderos dueños son desconocidos, aunque no dudo que
portan un apellido que empieza con K.
Pero en 2012
la actual Senadora electa, Cristina
Elisabet Fernández, en un rapto involutivo de patriotismo e invocando la
caída en las reservas de la compañía que su marido había provocado, obtuvo una
ley que, llamada “de soberanía hidrocarburífera”,
significó la expropiación de las acciones que aún se encontraban en manos de
Repsol.
En teoría,
la Argentina no debía pagar nada por esas acciones pero el Ministro Axel
Kiciloff, heroicamente, “negoció”
con los españoles pagarles ¡sólo
otros US$ 10 mil millones! por una compañía que, para ese entonces, ya
valía la mitad de esa suma.
Como
claramente se ve, fue el mayor crimen cometido durante la década más infame de
nuestra historia, puesto que el daño provocado se extenderá en el tiempo hasta
tanto la Argentina consiga recuperar el auto abastecimiento energético.
Sólo
entonces, podremos desprendernos del pesado lastre económico que significan las
importaciones de gas licuado y de electricidad, hoy indispensables para atender
el consumo nacional.
Pero,
además, el cálculo del dinero que
tuvimos –y tendremos- que gastar hasta equilibrar oferta y demanda debe medirse
en pobreza y miseria por la inflación que conlleva en pérdida de divisas, en
hospitales, cloacas, viviendas y rutas faltantes, en impuestos y subsidios que
degradan el déficit fiscal.
Estos
hechos, originados sólo en la inconmensurable codicia de estos delincuentes
que, gracias a Dios, han comenzado a
poblar la cárcel de Ezeiza, fueron demasiado gravosos como para que los jueces –
¡teléfono para Ariel Lijo!, tan
espuriamente vinculado al ya inminente ex Juez Eduardo Freiler- los olviden
o dejen prescribir.
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