Por Claudio Jacquelin
"Lo
viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer".
La frase
preferida por el Gobierno para explicar (y justificar) las dificultades que
afronta, la ausencia de resultados prometidos y los errores cometidos (pero no
asumidos) parece haber entrado en una fase de definición crítica.
Todo
se resume en estas horas a la incertidumbre que dispara la probabilidad de que
vuelva, reforzado, lo viejo, frente a la posibilidad, incierta, de que resulte
viable lo nuevo, cuyas bondades tampoco han logrado demostrarse. En el Poder
Judicial el dilema existencial es demasiado evidente.
El
extremo aislamiento en el que ha quedado el presidente de la Corte, Carlos
Rosenkrantz, tras estrepitosos recortes a su, de por sí, escaso poder de origen
y la recuperación de espacios por parte del antiguo régimen, es el síntoma
elocuente de que el proceso está en modo reflujo.
Si el fenómeno
tiene aún más relevancia es porque no queda circunscripto al máximo tribunal.
Se
trata de la reacción de un orden amenazado y muestra la emergencia de un
desorden de consecuencias imprevisibles en un poder del Estado que debe ser el
último garante de las libertades y de la vida de las personas y de las
instituciones de la República.
El
problema atraviesa a casi todas las instancias de la Justicia, pero encuentra,
como siempre, su expresión más extrema en el fuero criminal federal.
No hace falta
erudición jurídica para concluir que lo que está en juego es una disputa de
poder.
Basta
con relatar la parábola que concluyó la semana pasada con la batalla por el
control del Centro de Información Judicial (CIJ).
El
enfrentamiento había empezado hace seis meses y medio, inmediatamente después
de que la efímera alianza entre Rosenkrantz y Horacio Rosatti logró desplazar
de la presidencia del cuerpo a Ricardo Lorenzetti, el hombre que más poder
personal ha acumulado en ese cargo desde la recuperación de la democracia.
Recién
ascendido Rosenkrantz a la presidencia, tomó estado público el reclamo a su
predecesor por el virtual vaciamiento de empleados del órgano de comunicación
judicial que impuso Lorenzetti antes de dejar el cargo y por la renuencia a
depender de una nueva autoridad por parte de los funcionarios fieles a él.
Quedó en claro
en esa inusual disputa que el CIJ era un instrumento esencial para el poder de
Lorenzetti y un bastión a tomar por el nuevo régimen.
Hace
apenas seis días, el magistrado al que Lilita Carrió tiene como enemigo selló
el contraataque y le quitó a Rosenkrantz el control del CIJ, que pasó a
depender del tribunal en su conjunto.
La
concreción de la revancha fue una consagración de la nueva sociedad de hecho
que desde hace seis meses manda en la Corte, con escasos desacuerdos en la
práctica.
La
nueva alianza, que se ha manifestado desde entonces en reiterados fallos y en
varios actos administrativos, reúne a dos viejos adversarios como Lorenzetti y
Rosatti, cuyos recelos encuentran raíces en su provincia natal. Lejos de
alimentar disputas, la imposibilidad de imponerse uno sobre el otro y de lograr
la presidencia del tribunal los ha unido en el proceso de licuefacción del
poder de Rosenkrantz.
Para
un poder que debe ocuparse de cuestiones de extrema trascendencia, la pelea por
el control de una página web debería ser un tema muy menor si no fuera porque
Dios y el diablo se esconden en los detalles y allí dan sus batallas.
El
episodio puso de manifiesto, casi obscenamente, el
respaldo (o la sólida alianza) que Lorenzetti tiene de los jueces federales de
Comodoro Py:
El
mismo día en que el CIJ dejó de depender de la presidencia del alto tribunal,
el juez Claudio Bonadio volvió a subir sus fallos al portal, a lo que se había
resistido durante este último medio año.
Literal.
Una
semana antes, Bonadio y otros colegas suyos, tanto o más cuestionados, como
Ariel Lijo, dejaron vacías las sillas que tenían sus nombres en el acto de
apertura del año judicial.
Fue otra
impúdica exhibición de los jueces federales de su malestar con Rosenkrantz.
El
titular de la Corte fustigó en su discurso a los jueces que fallan con menos
apego a la Constitución y las leyes que a sus intereses o adhesiones políticas
o ideológicas.
Una
exposición de ideales y de decisión de dar batalla en medio de un desafío a su
autoridad y de una licuación de su poder.
El
éxito no suele ser un destino asegurado para cruzados solitarios y frontales.
Enfrente,
Rosenkrantz tiene hábiles actores, entrenados, cohesionados y experimentados en
la construcción de poder durante casi dos décadas.
En
el oficialismo recuerdan el blindaje de Lorenzetti que fue a buscar, recibió y
exhibió Bonadio apenas despuntaba el caso de los cuadernos y cuando su
competencia era cuestionada por la defensa y los seguidores de Cristina
Kirchner.
La
resolución con la que el juez federal estrenó su regreso al CIJ fue un nuevo
procesamiento de Cristina derivado de ese caso.
Las
causas "nobles" son siempre un buen escudo.
Su
uso (y
abuso) también expone la complejidad del problema que encierra la
subsistencia del viejo orden, tanto como las dificultades que encierra
cualquier proyecto de renovación.
También
expone la cuestionable pericia con la que se ha manejado el Gobierno para
imponer una transformación de fondo, capaz de terminar con las opacidades de un
sistema en el que la sociedad cada vez confía menos, cuando debería ser su
último refugio.
La
disputa por el CIJ, difícil de comprender y explicar masivamente, tiene un
correlato más fácil de asir por cualquier ciudadano y en el que se encuentra el
origen de lo que Rosenkrantz entiende como la primera claudicación de Rosatti:
Haberlo
abandonado en su intento de desplazamiento del poderoso administrador general
Héctor Marchi, otro leal absoluto a Lorenzetti, quien lo puso en el cargo.
El manejo de una
caja de $26.000 millones le ha valido a Marchi múltiples cuestionamientos y
varias denuncias de Carrió.
La
diputada fue, paradójicamente, quien impulsó la llegada de Rosatti al máximo
tribunal.
Como
Rosenkrantz, Carrió se siente traicionada, aunque el ex intendente de Santa Fe
se esfuerce por despojarse del mote de felón y niegue haber incumplido acuerdos
que nunca prometió.
El
oficialismo suele estar lejos de ser una aceitada maquinaria en numerosos
ámbitos.
Para peor,
cuenta con demasiados protagonistas que no siempre ejecutan la misma partitura
ni velan por los mismos intereses.
Algunos
de ellos tampoco son impolutos ni ajenos a personajes o prácticas
cuestionables, como las del espionaje.
Los
adversarios lo saben, lo explotan y lo combaten con todo el poder que tienen.
Que
no es poco…
La
sociedad que ha vaciado el poder de Rosenkrantz desde su asunción no estaría
completa sin la anuencia de Juan Carlos Maqueda, con quien se ha logrado una
mayoría decisiva en varios casos de contenido patrimonial que suman
fragilidades financieras al Gobierno.
En
tiempos en que hay mayoritariamente coincidencia sobre la necesidad de
transformación de fondo del sistema previsional, tras el escuálido y fallido
cambio de diciembre de 2017, la nueva mayoría sacó dos fallos que bien
pueden verse, en términos fiscales, como una verdadera
contrarreforma.
Muy
atrás quedaron los tiempos en que Lorenzetti decía velar por la gobernabilidad,
mostraba extrema prudencia por el impacto de sus decisiones y no aceleraba los
tiempos de ningún caso con consecuencias institucionales.
Rosatti
rechaza con énfasis ser miembro de una nueva mayoría automática, calificación
que filosamente rememora aquella Corte formada por Carlos Menem y que tiene el
privilegio de gozar del desprestigio absoluto.
Ha
tenido la fortuna de que Lorenzetti coincidiera con sus convicciones en varios
pronunciamientos sensibles y la mala suerte de que la mayoría de esos fallos
afectaran al Gobierno.
En
las cercanías de Rosenkrantz cuestionan a Rosatti el cambio de criterio en
algunos de sus fallos para adecuarlos al clima de opinión pública reinante.
Es el caso de
sus dos votos contrapuestos en la aplicación del beneficio del 2x1 a condenados
por delitos de lesa humanidad.
El
santafesino argumenta que entre uno y otro, medió la sanción de una ley
aclaratoria que fundamenta su cambio.
Lejos
está de haber doctrina pacífica en este conflicto.
No
será sencillo volver todo a foja cero, porque debe admitirse que ha habido
avances para mejorar el funcionamiento y darle más transparencia al Poder
Judicial.
Al
desplazamiento de poderosos jueces federales de primera instancia y camaristas
con prontuario se le ha sumado la cobertura de unos dos centenares de vacantes
en juzgados nacionales que eran funcionales a las presiones de otros poderes.
Sin
embargo, abrir la caja de los truenos sin paraguas puede tener altos costos.
Los
procesos que no se conducen corren el riesgo de perderse por caminos
peligrosos.
Tanto
como los que se administran mal.
Tal
vez no vuelva lo viejo ni llegue lo nuevo.
Y,
peor
aún, lo mejor quede cada vez más lejos.
Claudio
Jacquelin
Ilustración:
Alfredo Sabat
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