El martirio de los denunciantes de corrupción

SILVIA MORENO

Tras destapar el 'caso UGT', el fraude de la formación y el 'caso Invercaria' sufrieron acoso, amenazas y querellas, pero lo volverían a hacer "una y mil veces"

Una mañana, al levantarse, Cristóbal Cantos descubre que su cuenta bancaria está a cero y todos tus bienes están embargados.

En la oficina de la Junta de Andalucía en la que trabaja, al funcionario Teodoro Montes le hacen el vacío y, poco a poco, se queda sin nada que hacer hasta que un día le abren un expediente disciplinario, pese a acumular más de tres décadas de labor intachable.

Roberto Macías intenta reengancharse en el mercado laboral, pero está estigmatizado:

Fue administrativo en la federación andaluza de UGT, desde donde se desviaron, presuntamente, más de 41,7 millones de euros de subvenciones del Gobierno andaluz.

Los tres son denunciantes de casos de corrupción y los tres han sufrido lo indecible -acoso, amenazas, querellas, detenciones y hasta registros en sus casas- en estos últimos años tras destapar la caja de Pandora y llevar a la justicia las pruebas del colosal fraude con dinero público que había en la macro causa de Invercaria, el caso UGT y en la trama de los cursos de formación.

Estos tres casos suman un presunto desvío de ayudas y fondos públicos superior a los 200 millones de euros.

A Cristóbal Cantos, ex directivo Invercaria, no se le podía pasar por la cabeza todo lo que le iba a caer encima por destapar los tejemanejes de los que fue testigo en esta empresa de capital riesgo de la Junta durante la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE.

Lo último ha sido la querella que el principal acusado de esta macro causa, Tomás Pérez-Sauquillo, ex presidente de Invercaria, le acaba de interponer por falso testimonio y estafa procesal.

No es el único obstáculo al que ha tenido que hacer frente.

También se querellaron contra él cuando estalló el caso en 2012, en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas, y salieron a la luz las grabaciones de sonido que Cantos había realizado mientras su entonces jefa Laura Gómiz le daba instrucciones para que falseara expedientes de empresas que habían recibido fondos públicos.

Cristóbal Cantos, aunque denunció el caso Invercaria, figura también como investigado -antes imputado- en dos de las piezas desgajadas de la macro causa.

Por ello, el juzgado ejecutó el embargo de sus cuentas, que se mantuvo durante un largo mes de agosto, hasta que llegó el seguro de responsabilidad civil que cubre a los trabajadores de Invercaria, lo que le permitió disponer de sus bienes.

También Roberto Macías, uno de los testigos clave de la acusación en el caso UGT, se sentará en el banquillo el próximo 28 de noviembre.

Sobre él pende una petición de condena de tres años de cárcel de la Fiscalía y de cuatro años de UGT-A por revelación de secretos, después de que salieran a la luz los desmanes contables de este sindicato.

UGT-A acusa a Macías de hacer una «copia masiva» de 32 carpetas que contenían unos 22.500 ficheros, que «al menos en parte fueron publicados en prensa desde el 21 de abril de 2013», según el escrito de acusación del sindicato.

Entre los desvíos de subvenciones más llamativos documentados por este diario están las comilonas en la Feria de Abril en la caseta de UGT-A y los 700 maletines fabricados en Asia que se repartieron en un congreso regional del sindicato.

Todos ellos se pagaron de fondos procedentes de la Unión Europea -y distribuidos por la Junta- que tenían que haber sido destinados a la lucha contra el desempleo.

A raíz de la denuncia de UGT, la Policía Nacional registró la vivienda de Macías en busca de los archivos de contabilidad del sindicato.

El ex trabajador de UGT se queja ahora de que, mientras él será pronto enjuiciado, la presunta trama de desvío millonario de subvenciones sigue atascada en el juzgado de instrucción.

El funcionario Teodoro Montes, conocido como el testigo protegido del fraude de la formación, relató ante la justicia un sinfín de irregularidades en la gestión y el reparto de las subvenciones millonarias que concedía la Junta para los cursos.

Tras ello, le hicieron la vida imposible en la Delegación de Empleo donde trabajaba.

Ahora está ya jubilado, pero sigue litigando en los tribunales para intentar tumbar el cierre en falso del expediente disciplinario que de forma «injusta» le abrió la Junta durante la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta y que se archivó con el nuevo ejecutivo del PP y Ciudadanos.

Años atrás, Montes fue casi emparedado en la oficina de Empleo en la que trabajaba en Sevilla, donde le construyeron un tabique para aislarlo del resto.

El TSJA condenó al Gobierno andaluz por acoso en 2012 por estos hechos.

"LO VOLVERÍA A HACER UNA Y MIL VECES"

Destapar la corrupción ha tenido un alto coste para Cantos, Montes y Macías, pero los tres coinciden, con matices, en que lo volverían a hacer y en que merece la pena.

«Lo volvería a hacer una y mil veces», responde a EL MUNDO tajante Teodoro Montes, que no se ha arrepentido «jamás» de haber dado el paso.

Sí lamenta «no haberlo hecho antes y de forma más contundente, aunque si me han caído chuzos de punta así, ¿qué habría pasado si lo hago antes?».

Roberto Macías tarda unos segundos en responder.

«¿Merece la pena denunciar la corrupción?

Sí, pero habría que hacerlo con las máximas garantías porque pones en peligro tu trabajo, tu futuro y tu patrimonio».

Tras ser despedido por UGT, no ha encontrado la estabilidad laboral.

Desde el pasado julio está en paro.

Para costear su defensa y sacar a su familia adelante debe pedir favores.

El ex trabajador de UGT lleva años movilizándose, junto con Ana Garrido, testigo del caso Gürtel, y el ex teniente del Ejército Luis Gonzalo Segura, para que el Gobierno apruebe una ley integral que proteja a los denunciantes de corrupción.

Se han reunido con todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, han ido al Parlamento europeo... pero la protección no llega.

Fuentes del entorno de Cristóbal Cantos indicaron que está orgulloso de haber denunciado el caso Invercaria y de haber cumplido con su deber, pero te destrozan la vida.

Es de la opinión de que los corruptos aprovechan las debilidades del sistema y se acaba machacando al denunciante.

Por eso, si alguien es testigo de un asunto de corrupción, no sabe si recomendaría dar un paso al frente y acudir a los tribunales

o salir corriendo sin mirar atrás...