Por Pablo Mendelevich
El mismo
kirchnerismo que desde el gobierno falsificó o interrumpió estadísticas para
esconder la indigencia reclama ahora una ley mesiánica
Dado
que el mecanismo fundamental de participación ciudadana es el sufragio, los
cortes de calles y avenidas, los paros salvajes y otras formas irregulares de
participación popular corrían antes a contra turno.
En
temporada electoral, con la expectativa de cambio inminente y legítimo, se
replegaban.
O
por lo menos menguaba la agitación callejera central cuando a sus inspiradores
les tocaba concentrarse en campañas proselitistas convencionales.
Ahora todo
confluye y se superpone.
El
mismo kirchnerismo que desde el gobierno falsificaba o interrumpía estadísticas
para que -entre otras cosas- no se
pudiera precisar la obscena magnitud de la pobreza y la indigencia (se
argumentaba que medir era estigmatizar) reclama, sobre la base de un
diagnóstico catastrofista atiborrado de índices y porcentajes, una ley de
emergencia alimentaria en sintonía con los grupos sociales que cortan a pleno
la avenida 9 de Julio para pedir lo mismo:
Una ley.
El
reclamo, en rigor, no es nuevo, pero su intensificación resalta por la
oportunidad, por la expectativa con la que se carga a las personas más
necesitadas respecto de un instrumento
legal mesiánico y por la ostensible intención de asociar a Macri con el hambre
y al peronismo con el rescate.
No
es que la pobreza y la indigencia no hayan subido hasta algo más de un tercio
de la población -marca en la que estaba antes-, sino que también aumentó su uso político partidario,
probablemente debido a los extraordinarios efectos de las PASO.
Lo
cual aleja aún más cualquier posible solución de fondo.
El Gobierno
sostenía que para reforzar la ayuda social no necesitaba ninguna ley de
emergencia alimentaria.
Decía
que un refuerzo atento al empeoramiento de la situación ya se estaba haciendo
mediante los recursos administrativos disponibles.
Pero
la oposición victoriosa de agosto, interesada en instalar el hambre en el
centro de la pelea electoral luego de imponer con su propio triunfo la agenda
social, aseguró que con el refuerzo
dispuesto no alcanzaba.
Decía saberlo
por las movilizaciones callejeras.
Las
leyes, es cierto, a veces contribuyen a modificar realidades.
Otras
veces consagran derechos.
Menos
común es que el Congreso le ordene de urgencia al Ejecutivo dar determinados
recursos a la ayuda social.
¿Un
modo súbito de cogobierno?
En
2009 el mismo Congreso (con el oficialismo y la oposición invertidos) había
sido dejado al margen por el decreto-sorpresa que creó la Asignación Universal
por Hijo (AUH), una idea original -entre otros- de Lilita Carrió.
Ahora
la ley en debate, que pasa por alto problemas logísticos, de distribución y de
coordinación de la ayuda dispuesta, es presentada como una intervención
salvadora.
La idea
culturalmente aceptada de que las reglas son meros instrumentos de la política
y no un marco estable de convivencia vuelve una y otra vez.
Por
ejemplo, cuando un presidente quiere reformar la Constitución para poder
quedarse (Menem, 1993 y 1998),
cuando
se cambia la fecha de una elección nacional por conveniencia partidaria
(Kirchner, 2009),
se
estatiza una imprenta de papel moneda para salvar a un funcionario corrupto
(Cristina Kirchner, 2012)
o
se pretenden adaptar las normas electorales en pleno año electoral (Macri,
2019).
Pero
esa idea más que nada resplandece con disposiciones oficiales de emergencias
que no son lo que dicen ser.
El
kirchnerismo sabe mucho del tema porque ostenta un récord absurdo, casi
risueño, que debería ir al Guinness:
Renovó contra
viento y marea un año tras otro la ley de emergencia económica mientras la
economía crecía a tasas chinas.
Ya
todo el mundo conoce el secreto, lo de la emergencia económica era camuflaje
adquirido por herencia.
Con
la sirena ululando se completaba el paquete de los famosos súper poderes, voz
de reminiscencias rosistas alusiva a la concentración de poder discrecional. En
su núcleo la ley habilitaba una transferencia de poder del Legislativo al
Ejecutivo. Autorizaba al jefe de Gabinete a reasignar las partidas "que
considere necesarias".
El
jefe de Gabinete en la época de las tasas chinas (con Roberto Lavagna de
ministro de Economía) era Alberto
Fernández.
La
Constitución prohíbe expresamente (artículo 76) la delegación legislativa
"salvo en materias determinadas de administración o de emergencia
pública",
pero,
eso sí, se exige que haya un plazo, un límite.
Requisito
burlado mediante el recurso argento, ni muy sofisticado ni demasiado ético, de
renovar la excepción cada vez que vence.
Quien
se tome el trabajo de leer los diarios de sesiones de las sucesivas
renovaciones hallará a los informantes del Frente para la Victoria explicando que la emergencia económica
debía seguir "hasta que el flagelo de la pobreza pueda ser erradicado".
Fracaso
que la propaganda de la "década ganada" prefirió invisibilizar, por
decirlo con un neologismo hoy tan frecuentado.
A
la ley, que ya tenía 16 años cuando Macri le quitó el respirador, la habían
traído por un año los Reyes Magos el 6 de enero de 2002, con Duhalde, tiempos en los que a nadie se le hubiera
ocurrido discutir si había emergencia.
El
solo hecho de promover leyes de excepción y, peor aún, llevar a miles de
personas en situación vulnerable a reclamarlas acampando en la principal
avenida del país desnuda problemas
políticos e institucionales, no solo sociales.
Casi desde el
principio del actual gobierno, el kirchnerismo se empeñó en demostrar que Macri
llevaba al país a los niveles de desastre de 2001.
Zarandear
en actos opositores helicópteros de cartulina no fue otra cosa que tratar de
mimetizar a Macri con De la Rúa, estigma que una emergencia alimentaria oficial
lograría hoy sin esfuerzo, porque remitiría a la última, la que dictó Duhalde
por decreto en 2002.
Menos
célebre que la emergencia económica, la emergencia alimentaria duhaldista fue
continuada mediante una ley muy parecida al decreto originario.
Le
pusieron emergencia social.
Hoy
la emergencia social está vigente en versión 2016.
El
antiguo objetivo político de pegar a Macri con el abismal y angustiante 2001
puesto en valor en esta campaña electoral aparece así mezclado con problemas
sociales serios, indiscutibles.
Frente
a los cuales lo que propone la oposición es seguir sumando leyes de emergencia.
La
emergencia social no alcanza, dicen, hay que declarar, por otra ley, la
alimentaria.
Dramático
en su esencia, el hambre es la clase de temas que colocan en un lugar
deshumanizado a quien procure debates técnicos, precisos, antes que
adjetivados, generalistas, alarmantes.
Refutar
el tremendismo en esta materia suele ser políticamente oneroso, sobre todo para
un presidente tildado de insensible en forma sostenida por el kirchnerismo y la
izquierda, pese a que su ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había
llegado a ser respetada, gracias a sus políticas dialoguistas, por la mayoría
de las organizaciones sociales.
¿Es
la actual crisis social una excepción, un drama que irrumpió de repente en un
país equitativo que había superado las oscilaciones en los índices de pobreza?
Si las normas regulares traban la ayuda
social, como dicen los promotores de la ley de emergencia alimentaria que fue
llevada por la oposición al Congreso, esas normas, incluidas las demás
emergencias, estuvieron mal hechas.
Macri
falló en la reducción de la pobreza, pero eso no significa que las cosas puedan
mejorar por la vía de altisonantes irrupciones legislativas.
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