Malú
Kikuchi
La
Corte Suprema de Justicia nació a partir de la ley Nº 27 el 18/10/1862, recién
asumido como presidente de la Nación Argentina, Bartolomé Mitre.
El
25/8/1863, por ley Nº 48, la Corte debía, de ahí en más, aprobar “cuestiones
federales”, para “establecer doctrina constitucional”.
La
Corte empezó a funcionar como tal, el 11/10/1863.
Estaba
formada por 5 miembros, como hoy.
Desde
su nacimiento hasta ahora, la Corte ha cambiado el número de sus integrantes,
la edad del retiro y otros ítems, lo que siempre mantuvo fue su prescindencia
en tiempos electorales.
Perdidas
las PASO, el Ejecutivo se apresura a tomar medidas para paliar la crisis
económica.
No hubo tiempo
para consultar a las provincias y por DNU se dispuso rebajar el IVA a 14
alimentos esenciales y el aumento del 20% del mínimo no imponible del impuesto
a las ganancias.
Quince
provincias peronistas apelaron a la Corte para que la Nación no les redujera la
coparticipación.
Es
curioso pensar que gobernantes PJ que declaran amar, proteger y ayudar a los pobres,
se nieguen a rebajar el IVA de la comida de gente que lo necesita y de la clase
media acogotada.
Por
curioso que sea, los gobernadores consiguieron que la Corte fallara, a derecho,
porque el fallo es justo, en un tiempo electoral, algo totalmente fuera de
norma.
En 146 años
nunca había sucedido.
La
Corte, en fallos que implican hechos políticos, falló siempre al finalizar un
mandato.
Una clara
intromisión de un Poder en otro.
Algo
que prohíbe la Constitución y lo cometen los supuestos guardianes de la
Constitución.
Que
eso deberían ser los jueces de la Corte.
Obviamente, no
lo son.
Entre
los miembros de la Corte hay dos jueces reconocidamente peronistas.
Se
trata de Juan Carlos Maqueda, afiliado al partido justicialista, propuesto por
Eduardo Duhalde como miembro de la Corte.
Horacio
Rosatti, fue ministro de justicia de Néstor K entre 2004 y 2005, afiliado al
PJ.
En
cuanto a Ricardo Lorenzetti, fue propuesto por Néstor K, por consejo de
Cristina.
En
un cuerpo colegiado de 5 personas, 3
son mayoría.
A
eso hay que sumar el voto de Elena Highton de Nolasco, que siempre vota de
acuerdo con la mayoría.
El
presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
El
fallo es correcto, los tiempos son muy incorrectos.
Un
ciudadano tiene el sagrado e inalienable derecho de votar por quien se le
antoje.
Por
eso el voto es secreto.
Un
ciudadano tiene la libertad de hacer conocer sus preferencias políticas si así
le place.
Un
juez no debe, no puede.
A
pesar del intendente de Areco, un juez no debe ser militante.
El hecho de
serlo desvirtúa completamente su función de juez.
El
poder judicial es el fiel de la balanza del poder del Estado, tercia entre el
poder Legislativo y el poder Ejecutivo.
Como
dueños del Derecho, no tienen derecho a inclinar la balanza hacia uno u otro
lado.
Han
de ser justos.
Este
fallo, le cuesta al Ejecutivo Nacional $34.000 millones.
Que
muy probablemente no tiene.
Entonces
deberá darle a la maquinita, fabricar billetes cada vez con menos valor y
echarle leña al fuego de la inflación.
Todo eso porque
la Corte no permitió que por 3 meses las provincias renunciaran a parte de su
coparticipación.
En tiempos de
Cristina, las provincias peronistas, mayoritarias en el país, no recibieron la
coparticipación que merecían y necesitaban.
Nunca
protestaron.
Salvo
San Luis.
Con
Cristina no se animaban.
Hoy,
como hay República y se cumple con la Constitución, se protesta.
La Corte ayuda.
Mientras,
los pobres que pasen hambre, total ya votaron la ley alimentaria.
Que
la pequeña clase media que vive de un sueldo pague más impuesto a las
ganancias, los gobernadores de las provincias PJ no quieren renunciar a sus
impuestos.
Las quintitas no
se tocan.
La
gente no importa…
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