Por:
Rubén Lasagno / OPI Santa Cruz
Lo
anunciado por Alberto Fernández, en
contramano de todo lo que dijo hace muy poco, no es una reforma
judicial, es una infracción a la
Justicia Penal, especialmente y tan malo es el proyecto y tan aviesa la
intención de encubrir la corrupción K, a la vicepresidenta Cristina Fernández y
a la banda que asoló al país durante 12 años, que en la presentación el
presidente estuvo solo, sin apoyo externo, excepto los mili tontos del
proyecto.
Nadie, excepto
su amiga de la Suprema Corte de Justicia Elena Highton, concurrió al anuncio
ficticio, cargado de revanchismo y con la sola intención de formalizar la
impunidad en el país.
OPI
pone a disposición de sus lectores el texto del Proyecto de ley denominado “LEY
DE ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y EN LAS PROVINCIAS” constituido por 58 hojas de Word
y confeccionado en “Arial Nova”, una letra bastante difícil de leer en sí
misma, como de entender su contenido, no solo por lo técnico, sino por los
desubicado del momento en que se pretende implementar y fundamentalmente los
objetivos que persigue.
Todo
el oficialismo estuvo rodeando al presidente, claramente por orden de CFK y como
una paradoja (o una burla) para potenciar una “reforma judicial”,
estaba presente el abogado de CFK, Carlos Beraldi, quien lleva las causas de
corrupción por la cual la ex presidente está acorralada con un peso increíble
de pruebas por enriquecimiento ilícito.
Beraldi en la
comisión para “reformular la CSJ” y modificar la justicia en el país, responde
al mismo modelo que usó el ex Juez Oyarbide cuando en la causa por
enriquecimiento de los Kirchner aceptó como perito contable al Contador
Manzanares,
el mismo profesional que hizo todas las trampas contables a favor del
matrimonio, para ocultar el patrimonio K, tal como ahora se conoce a partir de
las últimas informaciones que incluyendo este portal, publicó recientemente.
Sin
nadie de la oposición, la puesta en escena del presidente marioneta, un
mentiroso empedernido que no puede resistir un archivo de hace un año atrás
donde dijo exactamente lo contrario de lo que ahora hace y dice, el acto se
resumió en un monólogo que tuvo como respuesta inmediata un cacerolazo a nivel
país y una caída de más del 20% en la ya
derruida imagen presidencial y del gobierno en general.
La
gente ya no compra la hipocresía de un grupo de desesperados, que intentan
obtener impunidad en plena pandemia fuera del contexto social adecuado para
“refundar” (o refundir) la justicia, precisamente en un momento donde la justicia
no funciona por efecto de la cuarentena y con
un costo logístico de aproximadamente 4 mil millones de pesos, innecesario
si se tiene en cuenta la cantidad de negocios y Pymes que cierran y la
calamidad económica y financiera que vivimos los argentinos.
“No
es hora de imponer decisiones”, dijo hipócritamente Alberto Fernández
y como buen mitómano recalcó:
“Sometí
mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó”, para
hacernos creer a quienes toma por estúpidos, que esa medida tiene algún tipo de
consenso popular.
Pues bien, las
redes sociales, el cacerolazo, la bronca de la gente en los medios y el clamor
del pueblo para que se ocupe de lo importante para la gente y no para su
vicepresidente, no se hizo esperar.
Tal
como se anunció antes de las elecciones el kirchnerismo/cristinismo “vino por
todo” y este proyecto viene a aplanar las garantías pluralistas en el fuero
federal, alienta la creación de juzgados a granel con jueces puestos por ellos,
un Consejo de la Magistratura designado por el Ejecutivo y encabezado por el
propio Beraldi, Fernández/Fernández se proponen, además de reformar el
Ministerio Público Fiscal, ir por la ampliación de la CSJ, contradiciendo sus
propias opiniones de unos años atrás sobre que el número de 5 integrantes, es
el ideal para que los gobiernos no manipulen las causas.
Bien
dicho; ahora, respondiendo a su
naturaleza corrupta, el gobierno K hace exactamente lo contrario de lo que
dijo.
Surge
de la lectura del proyecto K, que la única intención del gobierno es sepultar
las causas de Cristina Fernández, manejando las comisiones legislativas, la
comisión de reforma de la justicia y la CSJ y seguramente una reforma
constitucional que ya tiene en agenda.
¿Y
dónde está la oposición?.
Hasta
ahora algunas voces tibias de la oposición dijeron que se van a oponer en el
recinto.
Sin
embargo, la experiencia nacional, dice que el sector político es
intrínsecamente corrupto, negociador de voluntades y garrochista, un ejemplo
típico es el de Sergio Massa (entre otros), por lo tanto habrá que estar atento
al comportamiento de diputados y senadores opositores al gobierno nacional.
Fernández,
sin ponerse colorado o tal vez sí, pero el maquillaje impedía verlo, dijo que
para “asegurar la transparencia” en este proceso va a intervenir la Cámara de
Casación, el Consejo de la Magistratura y el Senado.
En todos esos
lugares, cuenta con mayoría.
La
hipocresía y la falsedad en su grado más absoluto, pero que no asombra por
cuanto ya sabemos que Alberto es un mentiroso patológico y un obediente
irremediable, a quien la inmoralidad de decir una cosa y hacer otra, es
sencillamente una evolución de la persona en su concepción de las cosas.
Obvio,
este proyecto entrará por a la mesa que domina Cristina Fernández en el Senado
y la aprobación luce casi un trámite.
En
Diputados, Sergio Massa, el mismo que pedía la extinción de dominio y cárcel
para los corruptos y ahora calla porque es parte de ellos mismos, junto con el
vago, el diputado por provincia de Bs As Máximo Kirchner, se asegurarán de comprar a cuanto diputado pretenda oponerse al
proyecto para salvar a la familia de la jefa de la banda.
El
gobierno nacional impone a los argentinos, el “modelo de justicia
santacruceña”.
Solo
basta mirar a nuestra provincia para ver cómo se resolverán las cosas.
Santa Cruz es
una de las pocas provincias donde no existe ni un solo funcionario procesado y
todos sabemos el nivel de corrupción existente en la provincia. A pocos pasos,
en Chubut, la justicia ha tomado la responsabilidad de mandar presos a
funcionarios actuales y pasados de los gobiernos de Buzzi, Arcioni y Das Neves.
En
Santa Cruz, jamás hubo un juicio por corrupción.
O
son todos muy honestos o hay impunidad.
Los números
falsos
Desde
el gobierno y especialmente Alberto Fernández se ufanan en decir que los votó
casi el 49% de los argentinos y esta es una falacia más del relato.
Si
realmente tuvieran un poco de conciencia, se darían cuenta en el gobierno
nacional que están cayendo en picada y que cuando se separa el polvo de la
paja, en los números del padrón electoral, resulta
claro que solo el 29% de la población los votó, según la siguiente ecuación:
Sobre
un total de 44.5 millones de habitantes se habilitó un padrón con 33.858.733
electores; es decir aproximadamente un 77% de los argentinos.
De
ese 77% de argentinos que estaban empadronados, votaron realmente 26.570.378
electores.
Es
decir votó el 81,32 % del padrón y el 61% de los habitantes de la Argentina.
De
esos 26.570.378 votantes el 48,24% fueron a manos de Alberto Fernández y el
40,24 para Mauricio Macri.
Alberto
Fernández recibió 12.942.183 votos y Mauricio Macri 10.805.634.
12.942.138
votantes del FPV corresponde a un 29% de la población del país que es realmente
los que votaron a este gobierno.
En
términos objetivos, el 71% de la población del país no tuvo participación en
elegir a las actuales autoridades.
La
gran falacia populista es decir: “más de la mitad del país nos votó”.
Deberían
decir “El 29% del país está con nosotros” y con este cambio de
enfoque no solo dejarían de engañar a la gente sino, se darían cuenta de que no
tienen el mandato de la sociedad argentina; tienen un poder concedido por un
porcentaje de ellos, con la obligación de gobernar para todos.
(Agencia
OPI Santa Cruz)
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