Como lo hemos indicado en notas anteriores, el hijo de Cristina y Néstor Kirchner, es empujado con forcep dentro de la política nacional, con el fin de proponerlo como recambio de Alberto Fernández en el 2023, idea que tiene la vicepresidente para limpiar finalmente el camino de molestias políticas, inventos propios para sostener el poder y alejarse de cuerpo extraños que se interponen entre ella y su metas de impunidad y poder.
El hijo de la vicepresidente, no conoce el trabajo ni el estudio, es un auténtico hombre NI (ni estudia ni trabaja), pero gracias a los buenos oficios del entorno de CFK y la incomparable mano de Sergio Massa, quien nunca se fue del kirchnerismo, Máximo se introdujo en la política nacional a través de la Cámara de Diputado, donde comenzó a forjar una capacidad que no le es innata, sino forzada, construida sobre un joven apático del poder, que detestaba lo que hacían sus padres en Santa Cruz, tímido, con evidentes problemas de personalidad, lo cual se refleja en sus inseguridades al enfrentar un auditorio, hablar en público o inclusive, hablar desde su banca.
Y
como es lógico en la Argentina, no siempre es compatible las condiciones
personales y/o profesionales, con el patrimonio.
El
hijo de los Kirchner sin haber trabajado un día ni tener ninguna profesión más
que ser hijo de un ex presidente y una ex presidente, posee más de 120 millones de pesos (en blanco) cuya mayor parte no
puede justificar, razón por lo cual está inmerso en causas de tipo
penal junto al resto de su familia.
Una reciente encuesta de la consultora CB Opinión Pública, difundida esta semana, da cuenta que el conocimiento que la gente tiene de Máximo es de 70% en todo el país y del 80% en las provincias donde el kirchnerismo está más presente por la relación política de sus gobernadores con el partido de NK.
Sin embargo, la realidad demuestra que no por ser conocido, tenga el privilegio de que lo acepten. Por ejemplo, en Mendoza tuvo 17,9% de opiniones positivas, en Córdoba la opinión pública le dio un escaso 19,2% de positividad, es decir en ambas con más del 65% de imagen negativa; en Jujuy 21,1%, en Río Negro 22,6%, en Ciudad de Buenos Aires el 67,8% de imagen negativa, lugares donde se forjó el mayor rechazo a su imagen política.
Donde el hijo de la vicepresidente tiene mayor aceptación es en Tierra del Fuego, con el 52% de aceptación y en Santa Cruz donde la hinchada de Máximo se divide prácticamente en partes iguales con los detractores.
En
Formosa y Santiago del Estero la aprobación de Máximo apenas supera el 40% y en
la provincia de Buenos Aires 38,4% y 54,2% en contra con un 7,4% idefinido.
La
imagen negativa (aunque más morigerada) lo acompañan en Chaco, La Pampa,
Misiones y La Rioja y la imagen positiva del diputado nacional no reputan en
San Juan, Catamarca, Entre Ríos, Chubut, Neuquén Corrientes, Tucumán, San Luis,
Santa Fe y Salta, por cuanto en estas provincias la imagen negativa de Máximo
supera el 40% y no es menos al 25 o 30% en los lugares más favorables.
Realizadas desde OPI las consultas con especialistas en comunicación, reafirmaron que el conocimiento público no necesariamente es aceptación y en algunos casos (y así parece ser éste) cuanto más se conozcan los aspectos negativos de un personaje determinado, ese conocimiento público se transforma en un arma que se vuelve contra el propio candidato medido, pues en el “ideario popular” se fija una imagen que es muy difícil de revertir con posturas públicas posteriores, que no alcanzan a romper y/o cambiar el paradigma establecido. Si solo por conocimiento público alguien pudiera imponerse, Marcelo Tinelli, por ejemplo, no hubiera fracasado en su intento de postularse, pero los números eran demoledores.
Todos lo conocen
pero prácticamente nadie lo votaría, porque no le creen ni les cierra su imagen
política.
El ícono de aquel Máximo con la Play Station, si bien fue superado en el tiempo por su inclusión en la política, forjó la idea del joven despreocupado, inmaduro, con la vida resuelta de sus padres y nulo interés por la realidad que lo rodea.
Posteriormente,
que Máximo no haya podido llenar el lugar de la DDJJ donde le pedía
antecedentes laborales y profesión, es
un detalle que parece anecdótico, pero es lapidario a la hora de justipreciar
la calidad del político que se propone y la carga negativa que le suma ser
incluido en causas de corrupción, lavado y falsificación de documento público,
al ser cómplice de sus padres y especialmente de su madre, en las causas
penales que la pueden llevar a la cárcel (Hotesur, Los Sauces, entre otras).
Esto
le da el golpe final en la opinión pública para que más del 70 u 80% de la
sociedad, acepte que lo conoce, pero no lo acepte como opción electoral con
miras al 2023.
(Agencia
OPI Santa Cruz)
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