Cuando el poder declina, los jueces se vienen encima...

Por Rubén Lasagno

Los últimos casos de María Julia Alsogaray, que debe devolver 2,5 millones de pesos y el procesamiento por enriquecimiento ilícito de Armando Gostanián que durante 10 años tuvo a su cargo nada menos que la Casa de Moneda, es lo que les pasa a los funcionarios que han perdido el poder y les llueve el techo.

Es evidente que en Argentina, cada uno de los gobiernos que han cruzado su administración dejó una estela inconmensurable de corrupción. Por muchos años durante el menemismo asistimos a una fiesta que pagaba el pueblo y disfrutaban unos pocos.

Virtuales “muertos de hambre”, como se designa en la jerga callejera a quienes llegan con humildes recursos propios a ocupar una banca política o una función en el gobierno, se fueron enriquecidos al cabo de los 10 años de Menem con fortunas que ningún empresario honesto podría haber construido en tan poco tiempo.

Sin embargo cuando Menem perdió las elecciones comenzó a peder lo más importante que sostiene la impunidad: el poder. Y aquellos jueces y Fiscales apretujados por los compromisos políticos y presiones de todo tipo, comenzaron a hacer lo que debían y algunos otros, a pasar factura.

De allí en más, muchos de los funcionarios de Menem, incluyendo él, se encuentran jaqueados por la Justicia. En algunos casos con algún salvoconducto tramitado a través de tantos años de influencia en los Tribunales y otros en caída libre y sin red se hallan en manos de Jueces que decidieron trabajar como Dios manda.

La enseñanza que deja lo que pasa hoy con Gostanián y María Julia, entre otros, es que el incremento de la “justicia” es inversamente proporcional a la pérdida del poder y éste proporcional al grado de impunidad del que gozan los corruptos.

Cuando el poder declina, con él también se reduce el grado de impunidad y se acrecienta el “nivel de la justicia”. Esto a su vez se ve potenciado por la intervención cada vez mayor de particulares que denuncian y de organizaciones sociales que inician acciones en contra de funcionarios y políticos sospechados.

La gran salvaguarda que tiene la clase política es permanecer bajo el velo de los fueros; por ese motivo no es raro que de Concejal vayan a diputados, de allí a Senador, vuelvan a diputados y sigan recalando en alguna boleta tratando de salvar el pellejo, escapando de la vista de algún Fiscal inquieto que pretenda hacerlos rendir cuentas ante la justicia ordinaria.

Hay también una parte de la comunidad jurídica que sostiene que mientras un gobierno (y todos los integrantes sospechados de ilícitos) mantiene el poder pleno y con ello la incidencia directa sobre el poder Judicial, la gente se debe abstener de denunciar a esos funcionarios por delitos de enriquecimiento, ya que se corre el riesgo de que la justicia adicta “cierre” de apuro el caso, lo caratule cómo “cosa juzgada” y no se pueda volver a reinstalar la misma denuncia.

En opinión de quienes estudian estas estrategias judiciales, es indispensable que el poder decaiga o desaparezca para atacar con fuerza y posibilidades de éxito a quienes se pretenda acusar por ilícitos en la administración pública o en el manejo de los bienes del Estado.

Esto explica por qué desde los más ignotos Intendentes, pasando por gobernadores y presidentes hacen lo imposible por perpetuarse; saben que alejarse del epicentro político significa perder la sustentabilidad política y el reaseguro judicial; se aceleran notablemente los tiempos, aparecen irregularidades hasta ahora negadas y escondidas y en general toda la cadena de corrupción se expone a ser descubierta y enjuiciada.

¿Se entiende por qué es tan importante reformar las constituciones para obtener reelecciones indefinidas, provocar elecciones fraudulentas, mover ingentes recursos para apoyar “al aparato”, coaccionar, presionar, amedrentar y amenazar para ganar una elección?.

(Rubén Lasagno/OPI Santa Cruz)