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La economía argentina está inmersa, nuevamente, en una crisis fiscal, derivada de una expansión desmedida del gasto público y la imposibilidad de financiar dicha expansión con los recursos impositivos corrientes. La palabra clave en el párrafo anterior no es “crisis” sino “nuevamente”. En efecto, la característica principal del ciclo fiscal argentino es la existencia de problemas recurrentes de financiamiento del gasto.

En general, el gasto público sigue una evolución pro cíclica en las épocas de bonanza, ampliándolas y luego, ante un ciclo negativo en que los ingresos, por alguna razón, caen o crecen a menor ritmo, el gasto se comporta en forma anti cíclica, incrementándose a un ritmo que exige un financiamiento extraordinario.

Durante mucho tiempo, ese financiamiento fuera del ordenamiento impositivo normal, lo proveyó el impuesto inflacionario.
Las consecuencias de este esquema de financiamiento son obvias y conocidas. Achicamiento del mercado financiero por fuga de capitales para “evadir” el impuesto inflacionario. Volatilidad de los precios relativos –el impuesto tiene alícuotas “diferenciales” por mercado- que reduce la inversión.
Conflictos permanentes por la parte del impuesto que no se puede evadir (la llamada “puja distributiva), etc.
Con consecuencias devastadoras sobre la tasa de crecimiento del producto per cápita.

El abuso del impuesto inflacionario, que se reveló en los episodios híper inflacionarios de finales de la década del 80 y principios de los 90, pareció marcar el certificado de defunción de este tipo de mecanismo de financiamiento del gasto. Sobre todo, porque la hiperinflación mencionada fue, básicamente, producto de la “democratización” de la fuga de capitales.

Me explico...
Hasta los ochenta, sólo los privilegiados con acceso al mercado de capitales internacional tenían la posibilidad de convertir su moneda local en dólares y evitar así la tasa de inflación que imponía cada gobierno para financiar su exceso de gasto.
Pero el gran problema de todo “experimento” de política económica es que, al ser aplicado sobre seres pensantes y con memoria, “las ratas aprenden” y por ello, al no poder cambiar de víctimas, el experimento no puede repetirse replicando las condiciones anteriores.

En el caso que comento, aún los ciudadanos de más bajos recursos, o con menor sofisticación económica, aprendieron, a golpes de pobreza, los efectos de la inflación sobre sus bolsillos y simultáneamente, o respondiendo a la demanda, el servicio de venta de dólares se perfeccionó al punto de permitir transacciones con billetes de muy baja denominación.

Simplificando la idea, la híper del 89 fue protagonizada por nuevos personajes del paisaje del micro centro porteño: “los arbolitos”, que satisficieron la demanda de muchos ciudadanos que corrían a dolarizar sus pocos pesos antes que la inflación se devorara el poder de compra de los mismos.
Con un achicamiento dramático de la “base imponible”, la tasa de inflación se espiralizó.

Pasada la experiencia híper inflacionaria, parecía que la Argentina ingresaba en un sendero de normalidad, ante la obligación de tener que financiar su gasto con impuestos corrientes.
Sin embargo, esta etapa duró muy poco.
Primero, los recursos extraordinarios surgidos del bienvenido proceso de privatizaciones que no sólo generó ingresos, si no que, además, liberó gastos ineficientes y, luego, la apertura del mercado de capitales internacional, permitieron la expansión pro cíclica del gasto público, ahora financiados con dichos recursos y endeudamiento.
Cuando el ciclo cambió, a finales de los noventa, y se agotaron los recursos extraordinarios, sólo quedó el endeudamiento hasta que éste hizo crisis en el 2001.

En el medio, hubo algunos intentos por modificar la base impositiva del impuesto a las Ganancias (La, más que famosa, tristemente célebre, “Tablita de Machinea”) y otros impuestos varios inventados en la época.
Finalmente, así como la híper terminó con la posibilidad de financiar cualquier gasto público, el default cerró el mercado de capitales global para la Argentina, al menos en las magnitudes necesarias para evitar un ajuste.

La distorsión de las estadísticas oficiales, en especial la de precios.
El incumplimiento sistemático de compromisos internacionales (CIADI, Club de Paris, entre otros) y la particular política exterior de este último período se encargaron de entornar, aún más, la puerta del financiamiento externo.

Sin posibilidad de recurrir al endeudamiento y con límites evidentes para utilizar el impuesto inflacionario (pese a que se ha podido recaudar, por este medio, más de lo que, confieso, hubiera esperado. 20-25% anual de inflación, ¡es todo un número!), parecía, otra vez, que el ciclo fiscal argentino encaraba un período de normalidad, que obligaría a redefinir impuestos y gastos de manera estructural.

Pero, el boom del precio de los commodities en general y de la soja y sus derivados en particular, interrumpió la historia.
Nuevamente, recursos extraordinarios e inesperados, venían al auxilio de la expansión desmedida del gasto.

Para terminar esta larga descripción, los acontecimientos recientes.

El fracasado intento de aumentar la participación del Estado en los ingresos del sector agrícola (otro capítulo tristemente célebre, la resolución 125) seguido del estallido de la crisis internacional que cerró completamente el ya casi inaccesible, a tasas razonables, mercado de capitales global, dejaron, nuevamente, sin financiamiento, la expansión del gasto.
Y, otra vez, cuando parecía que, más por obligación que por virtud, la Argentina debía entrar en razones en materia fiscal, el gobierno decidió, postergar ese momento, con la expropiación de los recursos de los aportantes al sistema de retiro de capitalización y con la eliminación de dicho régimen.

Pero estos nuevos recursos extraordinarios también se están agotando, junto con la posibilidad de usar las reservas del Banco Central o los fondos ahorrados en otros organismos del Estado.
De manera que, salvo un nuevo e inesperado golpe de suerte internacional con los precios de los commodities, o alguna otra expropiación que pudiera surgir, más temprano que tarde, la postergada, por décadas, estructura fiscal argentina deberá ser discutida.

Antes de pasar a este punto, una acotación adicional sobre la historia reciente.

Financiar la expansión del gasto con medidas expropiatorias directas o indirectas (el intento de la resolución 125 fue una variante de expropiación indirecta al avanzar de manera desmedida sobre la rentabilidad de los productores agrícolas. De la misma manera que lo es el control de precios, o la existencia de restricciones cuantitativas, o el incumplimiento de la revisión integral de los contratos con las privatizadas, etc.), tiene los mismos efectos devastadores sobre el crecimiento económico que la inflación. En el sentido que generan desconfianza y fuga de capitales y, por lo tanto, un achicamiento de la demanda interna.
A su vez, la imposibilidad de financiar la expansión del gasto con recursos genuinos también induce a la dolarización de los ahorros, por temor a que se intente abusar de la devaluación y la inflación, como mecanismo de “cierre”. Y reduce la inversión, en la medida que se sospecha que podría aumentar aún más la presión fiscal, afectando la rentabilidad empresarial.

Por otra parte, sin una discusión estructural en torno al gasto, poco esperan los agentes económicos de una reducción permanente del mismo, o de su tasa de crecimiento. Una parte importante es inelástica, jubilaciones y salarios, en la administración central, salarios en las provinciales.

Con este panorama, es posible introducir ahora el punto central y, a mi juicio, clave de la historia fiscal argentina.

Dicho punto se vincula, paradójicamente, más con la política que con la economía.

Todo el sistema democrático y republicano moderno, en materia fiscal, se basa en un apotegma muy conocido “No hay imposición, sin representación”.

Quienes fijan los impuestos a pagar y sus alícuotas tienen que ser los representantes de aquéllos que van a pagarlos. (De allí que corresponde que cualquier iniciativa impositiva se discuta primero en la Cámara de Diputados, los representantes del pueblo...¿?)

La Argentina política lleva décadas con problemas de representación.
Golpes de Estado, proscripciones, sistemas electorales con listas sábanas y ausencia de internas, etc, han llevado a que quienes votan no se sientan claramente representados por los votados que, lejos de ser “elegidos” por el pueblo, son “ratificados” por un sistema electoral formal.

Quizás, el punto culminante de este mecanismo se ha vivido en las últimas elecciones legislativas.
Casi ninguno de los candidatos electos surgió de una interna partidaria –cerrada o abierta-, ni siquiera de un Congreso democrático que los consagrara. Es más, muchos de ellos, como han reconocido después de la elección, ni siquiera asumirán sus cargos...
Se trata, claramente, de un sistema político en que los ciudadanos se sienten "sub representados"

En un contexto de sub representación política, una discusión estructural del marco impositivo es imposible. Pero, además, existe la tentación, de los políticos elegidos con este mecanismo, de “comprar” legitimidad ex post, a través del gasto público pro cíclico, para aumentar artificialmente el crecimiento en el momento ascendente del ciclo y ganar de este modo la popularidad (bien entendida) de la que carecieron en las urnas.

Este sistema perverso es, precisamente, a mi modesto juicio, el origen de nuestras crisis fiscales recurrentes.

Sin representación política genuina, el sistema fiscal tiende a tener déficit estructural, por imposibilidad de fijar un marco impositivo relativamente estable y un esquema de gasto anti cíclico en las bonanzas.
Y así puede cerrarse el círculo vicioso descripto en estas líneas.
Desde la sub representación política a las crisis fiscales recurrentes.
De las crisis fiscales recurrentes al abuso del impuesto inflacionario. De allí al endeudamiento.
Del endeudamiento a la búsqueda de recursos extraordinarios a través de la expropiación indirecta o directa.

De estos mecanismos no genuinos de recaudación al achicamiento del sistema financiero, la fuga de capitales, la dolarización, el estancamiento, la decadencia.

Pero si lo antedicho puede resultar una explicación aceptable del drama argentino, la base de una nueva fiscalidad exige un replanteo profundo de la representatividad política, sin la cuál será imposible salir del laberinto en que nos hemos metido.

La presencia de una nueva crisis fiscal, tanto en la Nación como en las Provincias y la sensación de que hay menos margen para “magias” recaudatorias, junto a la proximidad de las elecciones presidenciales, legislativas y provinciales en el 2011 abren, entonces, una oportunidad única.
En especial, luego de la discusión surgida en las elecciones recientes en torno, justamente a los mecanismos electivos.

Están las condiciones dadas, por lo tanto, para replantear dichos mecanismos electivos, de manera de conseguir, al menos parcialmente, que la clase política refleje mejor la representación de los ciudadanos.

Insistir, en cambio, con el esquema electoral que ya hemos recorrido en estas décadas, no sería otra cosa que darle la razón a aquéllos que plantean que la Argentina nunca pierde una oportunidad de perder una oportunidad.