EDITORIAL
Clarín 27/12/2009
La Justicia ha ganado un protagonismo político clave para dirimir un cúmulo de conflictos derivados de actuaciones del Gobierno.
El ejercicio abusivo del poder político ha originado un conjunto de disposiciones arbitrarias, que afectan severamente la calidad institucional y desenvolvimiento normal de la sociedad y, además, muestran un relegamiento de normas constitucionales.
Entre las medidas que se han convertido en litigiosas se encuentran:
. el manejo discrecional de fondos públicos, que está asfixiando a las provincias y transgrede las normas y las pautas razonables en materia de coparticipación federal;
. la desobediencia de pronunciamientos judiciales, una práctica que ha tenido como ejemplos más evidentes a la actuación del jefe de Gabinete en el caso del sindicato de aeronavegantes
. y a las autoridades de la provincia de Santa Cruz que, manteniendo un criterio del ex presidente Néstor Kirchner, se niegan a cumplir con los pronunciamientos de la Corte Suprema que ordenan la restitución en su cargo de un procurador irregularmente separado;
. la libertad sindical, una premisa del derecho internacional con jerarquía supralegal que perturba al Gobierno y a sus socios sindicales;
. la ley de medios, una normativa concebida para afectar al periodismo y a los medios independientes y que ya ha recibido pronunciamientos de inconstitucionalidad;
. la rendición de cuentas de los gastos de campaña;
. los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito que involucran a funcionarios actuales y a otros que han renunciado a sus cargos; y, entre otras muchas cuestiones más de relevancia institucional que se dirimen en los estrados judiciales,
. los decretos de necesidad y urgencia, un instrumento utilizado abusivamente por las últimas dos gestiones presidenciales.
Un severo condicionamiento para el desempeño independiente de los jueces en estos casos es el Consejo de la Magistratura, un cuerpo cuya actual composición presenta una alta participación de representantes políticos del oficialismo y que ha dado pruebas de ejercer esta mayoría conforme la conveniencia política y no en base a criterios válidos.
Así,numerosos concursos y procesos de juzgamiento de magistrados han sido cuestionados y manipulados, lesionando la credibilidad y la independencia de los jueces.
Es de esperar que se logre modificar esta situación y que, mientras tanto, las diversas instancias judiciales se muestren impermeables a las presiones.
Por otra parte, la Justicia deberá mejorar su rendimiento, en especial en causas sobre corrupción y lavado de dinero, lo cual también implica, entre otras cosas, disipar sospechas como las que pesan sobre el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte.
Se trata, como puede observarse, de cuestiones trascendentes, que irán marcando un creciente protagonismo de la Justicia.
En buena medida, la expectativa social se dirige a encontrar en el Poder Judicial la defensa de derechos y de pautas de razonabilidad que han sido lesionadas en las instancias políticas.
Para esto, es imprescindible que la Justicia tenga un funcionamiento independiente, orientando sus decisiones en base a criterios estrictamente jurídicos que logren afianzar la República, aunque para ello se deban revisar actuaciones legislativas o del poder administrador, o sancionar a quienes cuentan con resortes de poder político significativos.
En la Justicia se dirimirán, entonces, aspectos básicos para la configuración de nuestro futuro institucional y económico social.
La Justicia ha ganado un protagonismo clave para dirimir conflictos derivados del ejercicio abusivo del poder. Se suceden numerosos casos, que incluyen la desobediencia del Ejecutivo a una orden judicial, la demora en cumplir órdenes de la Corte Suprema o la manipulación de concursos judiciales.
La Justicia debe mejorar su rendimiento en los casos de corrupción y es fundamental que tenga un comportamiento independiente.
Boletín Info-RIES nº 1102
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