Política oficial de acoso a la Justicia...

EDITORIAL

La independencia del Poder Judicial es un presupuesto básico para que los jueces dicten resoluciones conforme a derecho, prescindiendo de las preferencias de los restantes poderes de la República. El respeto de esa independencia funda una regla imprescindible para equilibrar la balanza de los poderes. Por esta razón, los diversos y sucesivos pronunciamientos de miembros del Ejecutivo y de legisladores oficialistas contra la Justicia causan preocupación.

Esta presión tendiente a debilitar a la instancia encargada de preservar los derechos constitucionales, frenar los abusos estatales y sancionar los actos de corrupción, tuvo expresiones como la desobediencia a una sentencia judicial de parte del Jefe de Gabinete, las alegaciones a un presunto "partido judicial", el envío de un patrullero policial al domicilio de la jueza María José Sarmiento, la promoción de evaluaciones periódicas a los jueces y, ahora, el embate para que un miembro de la Corte Suprema de la Nación deje su cargo utilizando como excusa la edad del magistrado y desconociendo los antecedentes normativos y jurisprudenciales del caso, los cuales han avalado la permanencia del doctor Carlos Fayt en el Máximo Tribunal.

En su momento, la Corte Suprema le pidió al Gobierno "mesura", ante lo cual la Presidenta reaccionó señalando que eso le sonaba a "censura".

Se trata, en general, de reacciones irresponsables frente a los límites que el Poder Judicial impone al ejercicio arbitrario del poder, sin vinculación con un plan destinado a mejorar la calidad, eficiencia y acceso a la Justicia. Pero los diversos embates provocan un efecto negativo en la dinámica institucional, dando cuenta de presiones e intromisiones destinadas a condicionar pronunciamientos e investigaciones.

Más allá de este persistente acoso, es necesario que con actitud colaborativa todos los poderes contribuyan a la realización de la meta constitucional de afianzar la Justicia. Esta directiva implica robustecer la subordinación de todos -representantes, funcionarios y ciudadanos- a la Constitución.

La política oficial de acoso a la Justicia incorporó recientemente una ofensiva para que los jueces rindan exámenes periódicos y el reclamo de que un juez de la Corte se retire.