Libre crimen o libre competencia

Por Justo J.  Watson (*)

Nuestro alegre carrusel comicial implica sufrir, vuelta tras vuelta, el Juego de los Idiotas Útiles que supone optar entre violadores constitucionales de primera minoría.
Un divertimento que embreta al 100 % de los argentinos -estén o no de acuerdo- obligados a acompañar, financiar y sobrevivir al vivillo político de turno.
Y donde el caso de la inseguridad ciudadana es una consecuencia directa más, entre la miríada de problemas innecesarios, gratuitos o mal resueltos que debemos soportar en callada continencia.
Cierta idea “loca” surgida de este hartazgo, se le ocurrió un día al señor Pérez, esforzado pequeño comerciante que vive y padece en los lindes de una barriada poco segura de la ciudad de Rosario.
Publicar en el diario zonal y notificar al Estado provincial que su policía le resulta cara y que no le sirve para nada.
Que agradece los servicios prestados pero que va a prescindir de ellos.
Y que va a solicitar, en cambio, la asistencia de una agencia de seguridad privada y de una compañía de seguros que indemnice eventuales fallas del servicio, para proteger a su familia, para cuidar de su terreno, su casa, su auto y su calle.
Claro que si elije dejar de pagar su fracción proporcional de impuestos para destinar ese dinero a la nueva seguridad contratada, terminará en la cárcel y con sus bienes bajo bandera de remate.
Será castigado por delincuente evasor y tildado de anti patriota, porque las víctimas no son él y su familia sino… ¡el Estado! y porque los otros tres vecinos de la cuadra, con sus familiares y amigos beneficiarios de planes sociales o flamante empleo público exigirán con mirada torva que calle y que pague.
Antes, seguramente, algún veterano funcionario lo desasnará, benévolo, poniéndole una mano sobre el hombro:
“Pérez, recapacite: la presidente de la nación, el gobernador de la provincia y el intendente de nuestra ciudad tienen derecho a imponerle los servicios que les parece y a cobrarle el precio que esos servicios y su administración les demanden; usted no puededecirnos que ‘se va’. Puede contratar una agencia local de seguridad privada  con una compañía de seguros asociada que lo indemnice si pasa algo pero también deberá pagarnos los impuestos por el servicio de policía estatal, aunque a usted no le sirva”. Y ensayando su más encantadora sonrisa, ajustará la tapa roscada de su comentario con un “así funciona la democracia representativa, republicana y federal”
¿Democracia qué?
Sintiendo que la mano sobre su hombro pesa 100 kilos, aquello sonará en la alterada cabeza de Pérez como demasiado parecido a la amenaza extorsiva de cobro de un monopolio que además, detenta las armas.
En el lenguaje y para el sentido de justicia de la gente común, eso se llamaría…  ¡mafia!
Podría sin embargo quedarle ánimo como para invertir el razonamiento preguntándole en tono confidencial si acaso no le parecería buena idea que la policía provincial tuviera “permiso” paraabrir y mejorar su negocio, su profesionalismo, su equipamiento de alta tecnología y fuerzas de movilidad rápida o su derecho de asociación con aseguradoras, prestando servicios extras “a medida” para clientes que lo solicitasen.
Previos descuento impositivo permanente y pago arancelado en efectivo.
Entendiendo que la competencia es el único acicate real para un mejor servicio al menor precio ya que los monopolios, sean estos privados o estatales, corren siempre en sentido contrario.
Tal vez vería entonces al servidor público rascarse la cabeza y asentir mirando el horizonte, en pensativo silencio.
El comerciante se llamará de momento a sosiego, no insistirá con su notificación y tratará entonces de razonar en familia sobre la esquiva lógica de esta doble moral.
Por caso: si él organizara un grupo armado para defender la cuadra y dispusiera que sus hombres obligaran a punta de pistola a los tres vecinos restantes a colaborar con su parte sería tachado, con justicia, de delincuente; de despojar a la gente sin tener contratos voluntarios acordados para ese servicio.
¡Un piquete de bloqueo barrial no tardaría en reducirlo!
Pero si el gobierno hace exactamente lo mismo con él, que tampoco firmó contrato de servicio alguno (y que en las 2 últimas elecciones votó en blanco), ninguno de sus vecinos con plan social estará dispuesto a considerar a eso un atropello mafioso, ni a unírsele en rebelión fiscal.

¿Hay acaso -para toda cuestión sustancial- una ley para los del gobierno con sus amigos y otra para los ciudadanos que laboran de a pie y que financian contra su voluntad subsidios clientelistas, monstruosas incompetencias económicas, seguridad inservible o empleos estatales que disfracen la desocupación?
Evidentemente sí la hay.
El sistema legal argentino -acaba de descubrirlo con horror- terminó su largo viraje socialista de 7 u 8 décadas alejándose del liberalismo y ahora los protege a ellos de personas como él.
¿Es posible entonces en pleno siglo XXI que sus tres vecinos y otros como ellos elijan una déspota a cuyos decretos y leyes (o a sus engendros constitucionales) deban todos someterse entregando lo que producen, a la orden perentoria de algún escriba de poco seso, como esclavos en la Roma de Calígula?
Evidentemente sí es posible, concluye abatido:
las rotas cadenas están restauradas y del grito ¡libertad! …sólo queda letra muerta.
No importa quien lo perpetre ni para qué: si él obliga a alguien con un arma a entregar dinero que le pertenece, es robo.
Y lo que es robo como concepto aplicable a él y su accionar, es tambiénrobo para el titular de la Impositiva y para sus mandantes, que bien podrían ser millones.

¿Millones de ciudadanos ladrones?
¿Porqué no?
Esta es una Argentina enferma, llena de gente que no iría directamente a despojar con un revólver a su vecino pero que está muy dispuesta a elegir un político que lo haga por ella.
Su vida y sus bienes, concluye Pérez, deberían ser protegidos por agencias sujetas a un solo tipo de normas: las que lo rigen a él.
La “ley pública” con todo ese extraño doble standard ético, debe desaparecer.
Porque apañar lo contrario es seguir aceptando acciones que no son otra cosa que simple actividad criminal, encubierta como “ley”.
Y no sólo en el tema seguridad, claro.

(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo de Justo J. Watson  por gentileza de su autor.