La advertencia que le hiciera la Organización Mundial de Comercio a la Argentina por la restricción de las importaciones puede aparecer como una declamación política y tal vez lo sea en algún modo. Pero es evidente que existe un malestar creciente por la actitud del gobierno de Cristina Fernández en la materia.
La realidad es que ningún importador tiene hoy la seguridad de que podrá realizar sus operaciones sin inconvenientes, incluso una vez cumplidos los pasos formales que se le requieren.
La necesidad de pedir permiso para importar lo que sea es una traba al libre comercio reñida con el derecho constitucional de disponer de la propiedad. Y también el de la libertad de comerciar. Más allá de que ciertas restricciones sean aplicadas en otras partes del mundo, lo cierto es que estamos en un país en el que en teoría debería regir la libertad de comerciar y por supuesto la de disponer de la propiedad. Ello no ocurre y no es nuevo. Tampoco es nuevo que los países que se ven afectados tomen algún tipo de represalias contra una Argentina que burdamente intenta tapar el Sol con un dedo.
Según el documento de la OMC, desde 2008 ha aumentado sistemáticamente la lista de productos que requieren autorización para ingresar al país. También señala que desde enero de este año las regulaciones requieren un registro previo, y el correspondiente estudio, y finalmente la aprobación de cualquier transacción. "Muchas compañías afirman haber recibido llamadas telefónicas del gobierno argentino para advertirles de la necesidad de aceptar ese nuevo sistema antes de recibir autorización para importar bienes". Impresionante.
El documento también señala que muchas veces los permisos son denegados sin ninguna explicación o justificación.
La secretaria de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Nahón, manifestó en Ginebra su profunda sorpresa y malestar.por considerar que el reclamo no está sustentado en datos objetivos, sino que busca generar un hecho de naturaleza política, que estigmatiza a nuestro país y pretende "presionarnos para revisar las legítimas políticas en curso".
Lo cierto es que el documento crítico hacia la Argentina fue presentado en Ginebra y aprobado por los 27 países que integran la Unión Europea y 13 más. Un total de 40.
Seamos claros antes de seguir: no se trata de que esos países, u otros, no apliquen a su vez restricciones de diversa índole y calibre. Se trata de observar que evidentemente la Argentina aparece como extralimitándose y por lo tanto se anticipan las reacciones.
El documento habla de la falta de transparencia, y eso es algo que seriamente nadie puede negar. Acá se llama por teléfono y se amenaza a empresarios. Lo sabe todo el mundo, está filmado y grabado varias veces. Se recurre al apriete a tal punto, que por estas horas trascendieron declaraciones de uno de los vicepresidentes de la UIA sobre la prohibición de importar libros por supuestos problemas con la tinta con que se los imprime que son verdaderamente lamentables.
La restricción de importaciones es un acto inconstitucional, lo reiteramos. Una cosa es establecer aranceles, impuestos, lo que fuere. Podremos allí discutir si está bien o mal. Pero cuando se prohíbe el ingreso de productos y se lo hace literalmente a dedo, estamos en una situación de evidente falta de seriedad y de absoluta arbitrariedad.
A este panorama se suman las restricciones cambiarias, la política de trabar el reparto de dividendos y otras cuestiones a las que la Argentina ha adherido y forma parte de un entorno legal por el cual aún hoy sigue formando parte del llamado G 20.
Estamos en una situación que empeora día a día. Los datos estadísticos no son confiables, se oculta información al FMI del cual somos miembros, se aplican prohibiciones al giro de divisas, a la compra de moneda extranjera, a la libre disponibilidad de las utilidades, etc.
Que la Cancillería salga a afirmar que "el reclamo no está fundamentado en datos objetivos" es un chiste de mal gusto. Y que termine diciendo que se "busca generar un hecho de naturaleza política" trasladando al plano internacional la clásica teoría conspirativa que tan hondo ha calado en el gobierno argentino, es bastante más que una patética defensa de lo indefendible.
Todos sabemos en la Argentina quién es quién. Sabemos el rol que cumple Guillermo Moreno, o Ricardo Echegaray. O el mismísimo ministro De Vido. Acá nadie come vidrio. Pero afuera tampoco, señores.
Hace unos días, cuando Barack Obama firmó la quita de trato preferencial para exportaciones argentinas a los EEUU por el incumplimiento de nuestro país a los fallos del CIADI, también se alzaron las voces de protesta y condena, pero lo cierto es que estamos ante un hecho consumado y del cual somos responsables porque formamos parte de un sistema al que hemos adherido.
La verdad es que el gobierno argentino se ha manejado con prepotencia y arbitrariedad crecientes, y estas cosas trascienden y se saben finalmente en todo el mundo. Se sabe del temor de los empresarios a abrir la boca, a contradecir los discursos presidenciales, a lo que sea.
No hay excusas. El régimen está mostrando cada día más la hilacha. Embretado en una encrucijada, las prohibiciones de todo tipo son un último recurso para intentar salvar la caja, pero inevitablemente se sufrirán las consecuencias, porque las represalias son inevitables.
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