El secreto mejor guardado...

Por Roberto C. Neira

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05-09-2012 - 08:12

La AFIP no sabe qué hacer para recaudar una moneda más y la idea que surgió en las últimas horas es continuar con el asedio hacia los argentinos que viajan al exterior por turismo. Los paquetes turísticos en pesos que son contratados aquí para viajes al extranjero, pueden sufrir también un incremento del 15%, igualándolos con los gastos en dólares con tarjeta.

Toda esta parafernalia, que viene agobiando a los argentinos desde hace casi un año y que va "in crescendo", todavía no ha tenido por parte de los especialistas en economía y menos de los empresarios y políticos, una explicación fiel a las causas que motivan la decisión de apretar las clavijas y recaudar más y más, fuera del contexto de las leyes impositivas que hasta ahora vienen ejerciendo jurisprudencia a nivel nacional.

En un país, que, de acuerdo con el relato oficial, todo anda sobre rieles (perdón, por la comparación…!), crece a tasas chinas y está resguardado de las crisis que están sufriendo en EE.UU. y Europa, cuando tenemos algún problema en lugar de buscar medidas de prevención para evitarlo, siempre se cae en el lugar común que utiliza desde la presidente hasta el último de los funcionarios: “la culpa la tiene el mundo que se nos cae encima”, suelen expresar, sin siquiera ruborizarse.

No se entiende por qué razón el gobierno, los economistas y los políticos le esconden al pueblo la información. Por lo menos, deberían intentar una aproximación con la realidad y si se hace necesario, suavizar las causas por temor a un suicidio colectivo.

Mi comentario de hoy está dentro de esa tónica, la de encontrar la verdad, analizando e informando, sin dañar al prójimo. Por eso, advierto que se trata de una opinión subjetiva. No tengo las pruebas en la mano documentadas para imponer mi hipótesis, sólo pretendo, junto a ustedes, buscar las razones que puedan haber llevado al gobierno a esta desesperada búsqueda de fondos, poniendo en marcha este improvisado operativo, que, a la luz de los hechos, más parece extraído de una tragedia griega que de la convicción de encauzar a una economía que sufre ciertos remezones -según la historia oficial- de la crisis que azota al resto del mundo.

Primer punto. Se han rebajado subsidios y se intenta tirar por la cabeza al gobierno de la Ciudad toda la red de transportes que el estado y empresas concesionarias han usufructuado por décadas, porque ya no resulta positivo ni atractivo invertir y subsidiar a millones de argentinos. Tampoco hay necesidades electorales a corto plazo que puedan entorpecer la continuidad del modelo.

También la voracidad oficial se lanza sobre los fondos judiciales del Banco Ciudad, unos seis mil millones de pesos y ni hablar de la Anses y del PAMI, instituciones que son asaltadas para cualquier necesidad. Las provincias están ahogadas porque no se le liquidan los fondos de la coparticipación; con la actualización de los haberes de los jubilados que la Corte Suprema intimó al estado liquidar hace dos años no se ha cumplido y por esa sensación de “viento de cola” que nos protege a los argentinos, aparecen fondos frescos que provienen de los impuestos a la exportación (principalmente los granos, como la soja, trigo y maíz), recaudaciones impositivas, etc.

Segundo punto. ¿A qué atribuir este desfasaje con la realidad? Si vamos bien, ¿por qué tanta necesidad de dinero, si contamos con el fuerte resguardo que nos provee el tesoro del Banco Central (48 mil millones según la versión oficial) y tanta desesperación por conseguir fondos debajo de la tierra si  como se dice a los cuatro vientos, el modelo funciona a la perfección?

No hay que dar muchas vueltas para buscar un hilo conductor. Busquemos en el pasado.

Si nos retrotraemos a 66 años atrás y observamos las evoluciones económicas del gobierno peronista que comenzó allá por 1946 e introdujo innumerables leyes que beneficiaron a los trabajadores y cuyo cumplimiento necesitó de las arcas del estado nacional que por aquellos tiempos disponía de un gran flujo de dinero con motivo de las exportaciones a los países que vivían en la crisis derivada de la guerra, los que estudiamos la historia o vivimos esos tiempos, sabemos que a partir de 1949 por razones externas (Plan Marshall, entre otras) y propias de un peronismo despilfarrador, las reservas comenzaron a agotarse y de esa remembranza risueña del general que alguna vez comentó que en los pasillos del Banco Central pateaba los lingotes de oro, en apenas cuatro años, su permanencia en el poder, que dependía de la mano abierta del Estado para demostrar al pueblo una situación de bienestar, comenzó a trastabillar ante los reclamos de buena parte de los sectores obreros que durante 1950, 1951 y 1952, estuvieron en pié de guerra y pararon el país con sus justos reclamos.

Ninguna persona sensata podía creer la fábula del bienestar a perpetuidad, pero el fanatismo tiene de todo menos sensatez y en línea paralela con el fervor oficial por convencer a la masa a través de la propaganda utilizando el dinero de los contribuyentes, esa crisis interminable y otros actos de despotismo fueron los que llevaron a Perón a huir del país. Lamentablemente, también se llevaron un pedazo grande de ilusiones de muchos argentinos que habían creído en el modelo.

Hoy, como ayer, hay situaciones que vuelven a repetirse invariablemente: muchísimos conflictos laborales por la actualización del salario; la deuda de las provincias, sobre todo las que genera el pago de los haberes a los trabajadores de los estados provinciales y que el rojo contable obliga a mirar a la Nación para pedir ayuda. Es el caso de Daniel Scioli, cuando la escasez de dinero lo llevó hace algo más de un mes a una crisis insospechada en un aliado del gobierno. Los que reciben subsidios por jefes de hogar y por hijo reclaman actualizaciones que el gobierno no está dispuesto a otorgar; la inflación, hace estragos en el bolsillo de los trabajadores, pero permite recaudar más por el consumo a través del IVA 21%; casi la mitad de la población es pobre o indigente; hay desocupación que el Indec esconde detrás del trabajo en negro, del cuentapropismo, de manteros y cartoneros que a la hora de actualizar estadísticas pasan a ser los “empleados del mes”; un millón y medio de jóvenes de hasta 16 años no estudian ni trabajan y ante todo este tembladeral, el gobierno continúa su ritmo político en pos de una reforma de la Constitución Nacional y de apelar a cualquier estratagema que les permita continuar en el poder a perpetuidad. ¿Extraño, no?

Me quedo con esta idea. Lapidaria o no, es lo que percibo:

“Nadie se entroniza en un país con tantas situaciones críticas si no es para tapar agujeros provocados por ellos mismos o para continuar robándole al estado como justificación definitiva de su pasión por gobernar.”

Los pagos de la deuda externa que comprometen una buena parte de las divisas de aquí a un año (alrededor de doce mil millones de dólares), parecen ser una de las motivaciones oficiales para  buscar dinero extra; las cajas de las expropiadas Aerolíneas Argentinas e YPF, son de gran utilidad a la hora de solventar algunos gastos urgentes… pero qué mejor tabla de salvación que imprimir billetes. La última expropiación oficial a los dueños fantasmas de la ex Ciccone Calcográfica, ha sido una idea genial para emitir “dinero sin respaldo”…
Alguien debería preguntarse con cuánto dinero cuenta la reserva del Banco Central. Oficialmente se dice que alrededor de 48 mil millones, pero otros también dijeron, que más de la mitad son papeles (bonos) y no dinero  contante y sonante.
Es hora entonces de cortar por lo sano. ¡Saquémonos todas las dudas…!
¿En qué organismo podemos confiar para saber en definitiva cuánto dinero tiene el país disponible?
Según las reglamentaciones vigentes y la Ley, la Auditoría General de la Nación (AGN), es el único organismo que puede meter sus narices en los registros contables y hasta si es necesario contar monedas y billetes para determinar cuánto hay en caja.
¡Lástima…! Porque el oficialismo no sólo ejerce su dominio para legislar sino que también lo hace para neutralizar el control de la administración pública. Con mayoría en la Auditoría General de la Nación (AGN) y en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, el kirchnerismo les da luz verde únicamente a las auditorías que le son inocuas o que son de su interés político directo. Mientras tanto, les pone un freno a las investigaciones que podrían salpicar la gestión del Gobierno.
El oficialismo invoca distintas justificaciones, según sea el caso: la AFIP y el Banco Central, por ejemplo, aducen que no pueden ofrecer determinada información a la AGN en virtud del secreto fiscal o bancario. Esto sucedió en el caso Schoklender. Otro factor que hace demorar las auditorías más de lo previsto son los sucesivos pedidos de prórroga que requieren algunos de los organismos públicos para acceder a los pedidos de los auditores.
En el seno de la AGN también impera la preocupación. “Tenemos enormes dificultades para sacar algunas auditorías clave, en donde se nos invoca el secreto fiscal, en el caso de la AFIP, o bancario, en el caso del Banco Central, para denegarnos la información -advirtió el presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy-. ¿Cuál es el fundamento de negarnos a nosotros esa información cuando hemos corroborado que esos mismos datos aparecen, con gran precisión, en algunos medios oficialistas?”

La mayor dificultad, agrega Horacio Pernasetti, auditor de la UCR, es la demora de algunos organismos oficiales en brindar la información a los auditores para hacer su trabajo. “Con la Oncca [Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario] nos bicicletearon durante meses, hasta que finalmente este organismo fue disuelto. Algunas dependencias públicas solicitan prórroga tras prórroga y así las investigaciones se extienden innecesariamente”, agregó.
Además de las supuestas complicaciones puertas adentro de la AGN para realizar las auditorías, una vez que éstas ingresan en la Comisión Mixta para su revisión también siguen un derrotero marcado por los intereses políticos de turno.
“El oficialismo ha decidido que sólo llevará al recinto para el debate aquellas auditorías que no tienen disidencias, es decir, las que le son inocuas -se queja el diputado Manuel Garrido (UCR)-. No se van a discutir, por ejemplo, las auditorías sobre TBA , los subsidios que otorgó la Anses ni el programa 700 Escuelas, entre otras.”

“Es cierto que en algunas cuestiones la AFIP y el Banco Central invocan los secretos fiscal y bancario, pero esas restricciones son tan válidas como la ley que nos obliga a hacer las auditorías. Es el Congreso el que debería dirimir esta cuestión -sostuvo el auditor oficialista Oscar Lamberto-. Por lo demás, yo no observo mayores dificultades.”
Oscar Lamberto, sabe que la mayoría oficialista impedirá todas las veces que sea necesario auditar las cuentas públicas.
¿Acaso, Lamberto, “viejo zorro”, no es el mismo que junto con el economista Remes Lenicov, fueron a Wall Street en junio de 2001 a cerrarle el grifo a Fernando de la Rua con el Banco Mundial y el FMI, declarando que el país estaba próximo a un estallido y que el peronismo asumiría el poder en cuanto los organismos financieros aflojasen el dinero necesario para volver a la normalidad?.
Cuenten uno más dos y les dará tres.
El resultado es matemático, tanto como mi convencimiento que el gobierno ha dilapidado las reservas del Banco Central y no tiene de dónde sacar dinero fresco, por eso la necesidad de la “rre rre” y de los votos juveniles a los 16 en la próxima elección. Si todo falla, estará nuevamente el fraude dispuesto a consolidar el poder en manos de los “K” por otra temporada (tema de una próxima nota-investigación).

Marcó del Pont, la chica de los mandados. Cumplió bien.

El tesoro del Banco Central... ¿habrá quedado algo o sólo papeles de deuda?