No es complot, es conflicto por la distribución de la riqueza. Por ejemplo, el poder adquisitivo de los empleados estatales (según en CVS de INDEC y la inflación del Congreso) se encuentra un 34% por debajo de los niveles de la salida de la Convertibilidad (2001). La elevada inflación que distorsiona los ingresos de los asalariados y provoca una conflictividad social creciente. El horizonte es de muchos más problemas, en un escenario de deterioro político de Cristina Fernández de Kirchner. Los del Frente para la Victoria podrán denunciar conspiraciones a diario pero no podrán impedir el reclamo que se extiende porque la inflación elevada provoca perjuicios crecientes. Aquí un interesante informe de la consultora Economía & Regiones:
Lo que ocurre es que la desaceleración de la inversión atenta contra la creación de empleo; haciendo que los salarios pierdan dinamismo y empiecen a ajustar por detrás de la inflación. (Economía & Regiones)
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Economía & Regiones). El Índice de salarios que
elabora mensualmente el INDEC, analiza la evolución de las remuneraciones
nominales, tanto del sector privado como del sector público de la economía
argentina.
Según la información más reciente, correspondiente al mes de Agosto ‘12,
los salarios (nivel general) crecieron un 25,4% con respecto al mismo mes del
año anterior. Estos resultados estuvieron impulsados principalmente por la
mejora de los haberes de los trabajadores del sector privado “en negro”,
que crecieron 30% interanual y del sector privado registrado, cuya
expansión alcanzó un 28%. Del otro lado, el aumento de haberes del sector
público muestra un marcado rezago respecto del resto, con un aumento interanual
de 14,5%.
A fin de conocer la evolución de los salarios en términos reales, es
posible contrastar la dinámica de los sueldos con la expansión del costo de vida
y así tener una medida del poder adquisitivo de los trabajadores.
A priori, mientras que el salario promedio se habría
incrementado un 468% en términos nominales entre enero de 2003 y agosto de 2012,
los precios habrían aumentado menos de la mitad (un 118%) según el IPC del
INDEC; lo que implica un incremento del poder adquisitivo de los haberes
promedio del 161% entre el inicio de 2003 y casi la mitad de este
año.
Dicho lisa y llanamente, según el INDEC, este incremento del ingreso real
implica que un trabajador puede hoy adquirir más de 2,5 veces la cantidad de
bienes y servicios que compraba en el 2003.
Si el análisis se hace por sectores, se observa que –para los datos
oficiales- el ingreso de un trabajador no registrado casi que triplica al
incremento de precios, lo que implica un incremento del salario real de
prácticamente un 200% en el período bajo estudio. Incluso el salario del sector
público parece haberle ganado a la inflación, forjando un aumento del
poder
Visto desde el absurdo, la relación salarios e inflación presentada por el
INDEC implicaría la redistribución del ingreso más progresiva de la historia del
capitalismo mundial en el lapso de tiempo más breve.
Lo llamativo, es que los datos oficiales muestran una mejora en la
redistribución del ingreso de aproximadamente un 23%1; y dicha mejora está lejos
de reflejar el supuesto avance del poder adquisitivo de los salarios (161%)
sugerido por los propios números oficiales.
Por otro lado, este avance del salario real tampoco se refleja en el
incremento del PBI por trabajador a precios constantes. El producto (real) por
trabajador habría aumentado casi un 50% entre el 2003 y el la mitad del 2012
según los números del INDEC.
Si contrastamos la mejora del PBI por trabajador (50%) y el incremento del
salario real (161%), la ganancia de los empresarios debería haberse desplomado y
perdido mucha participación relativa dentro de la estructura del
producto. Los números oficiales no verifican esta alternativa, por lo
que el aumento del salario real medido por los números del INDEC es poco
creíble.
Veamos entonces otra medida de la dinámica del salario real en
Argentina
Dado que las estadísticas oficiales no reflejan el verdadero
aumento de precios, es necesario deflactar los índices salariales con el costo
de otra canasta de bienes y servicios que se ajuste más a la
realidad.
Por ende, al comparar la evolución del ingreso de los trabajadores con la
inflación medida a través del IPC-Congreso, es posible determinar el poder
adquisitivo del salario a lo largo del tiempo con mayor precisión.
La devaluación del peso argentino en 2002, en un contexto de recesión
económica, implicó una fuerte licuación de los salarios reales. No obstante,
partir del 2003 la recuperación del nivel de actividad repercutió directamente
en una recomposición del poder de compra de los haberes.
En los últimos años, los salarios crecieron -en algunos casos- a
tasas superiores a la inflación, contribuyendo así a la recuperación del poder
adquisitivo de los trabajadores.
Se observan diferencias significativas en la evolución del poder compra de
los distintos sectores que componen el índice general. Por un lado, los
trabajadores privados formales ya han recuperado, e incluso superado, el poder
adquisitivo perdido luego de la salida de la convertibilidad. Actualmente, los
salarios reales de los trabajadores privados registrados y no registrados, se
encuentran casi un 60% y un 69% respectivamente por encima del nivel que a
principios de 2003.
No obstante, cabe señalar que las crecientes presiones
inflacionarias han frenado la recuperación de los salarios reales de los
empleados públicos. En efecto, el poder de compra de este grupo de trabajadores
ha retrocedido en los dos últimos meses, y se ubica un 11% por debajo de enero
2003.
Si se analiza detenidamente la serie de salario público real, se observa
que los incrementos de haberes estatales se mantuvieron en línea con la
inflación entre el inicio del Gobierno K en 2003 y los primeros meses de 2007.
Incluso cuando la inflación comenzó a acelerarse en 2007, los incrementos
salariales del sector le ganaron la pulseada al aumento de precios, forjando una
expansión del poder de compra hasta el 2010 inclusive.
De modo en que entre el 2007 y el 2010, con algunos vaivenes, el salario
real del sector público superó los niveles del 2003.
Justamente este avance del salario contribuyó a deteriorar “la
salud” de las cuentas públicas; primero a nivel provincial (dado que los
haberes tiene un mayor peso en la estructura de gastos) y luego a nivel
nacional.
En efecto, el deterioro de las cuentas fiscales provinciales impone un
techo a la expansión del salario, ya que el gasto en personal es la partida de
mayor peso relativo en la estructura de erogaciones del Sector Público
Provincial.
Concretamente, hacia fines de 2010 y comienzos del 2011, el salario
estatal se retrasó respecto de los precios, haciendo que el poder adquisitivo
del ingreso asalariado se reduzca, se ubique por debajo de los niveles de 2003 y
se amplifique la brecha con respecto al resto de los salarios de la
economía.
Además de esta brecha, el poder adquisitivo de los empleados estatales
(según en CVS de INDEC y la inflación del Congreso) se encuentra un 34%
por debajo de los niveles de la salida de la Convertibilidad
(2001).
Por último, cabe señalar la dinámica reciente del poder adquisitivo de los
haberes. Los últimos doce meses muestran una marcada desaceleración del salario
real promedio en comparación con el mismo período un año atrás. Mientras que el
poder adquisitivo de los haberes promedios se incrementaba un 4% anual en agosto
de 2011, este año hay una expansión de sólo un 1%. La desaceleración es todavía
más pronunciada si se consideran los ocho meses de este año, comprendidos entre
diciembre y agosto, en donde se exhibe una mejora todavía menor al 1%.
Lo que ocurre es que la desaceleración de la inversión atenta
contra la creación de empleo; haciendo que los salarios pierdan dinamismo y
empiecen a ajustar por detrás de la inflación.
En pocas palabras, a medida que se enfría la demanda de empleo y la
economía reduce su capacidad para generar puestos de trabajo, los aumentos de
salarios convergen a la inflación.
A su vez, la falta de inversión elimina la posibilidad generar mejoras de
la productividad que se transfieran al salario. Es decir, la insuficiente
inversión, aunque indirectamente, también le pone un techo al incremento del
poder adquisitivo del salario.
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