Su sede se encuentra en Nueva York, USA, y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington, DC. La ONG -siempre cuestionada por Hugo Chávez Frías en Venezuela- acaba de difundir un documento titulado "Argentina: Debe modificarse el proyecto de ley que reestructura el Consejo de la Magistratura".
| “Esta reforma le daría al partido gobernante en Argentina una mayoría
automática en el Consejo que supervisa al poder judicial, lo cual compromete
gravemente la independencia de la justicia”, señaló José Miguel Vivanco,
director para las Américas de Human Rights Watch.
CIUDAD DE BUENOS AIRES
(Urgente24). Seguidora de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Human Rights Watch se opone a las violaciones de derechos
humanos básicos, que incluyen la pena capital y la discriminación basada en la
orientación sexual. Human Rights Watch defiende las libertades en relación con
los derechos humanos fundamentales, tales como la libertad de religión y de
prensa.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional son las 2 únicas organizaciones
internacionales de derechos humanos de Occidente que operan en todo el mundo en
la mayoría de las situaciones de opresión o abuso grave.
Aunque son aliados
cercanos, los 2 grupos desempeñan funciones complementarias, lo que supone una
división del trabajo.
Human Rights Watch fue acusada en 2008 por parte del gobierno de Venezuela
a través de sus ministros de Relaciones Interiores y Exteriores, Tarek El
Aissami y Nicolás Maduro respectivamente, de estar "inmiscuyéndose
ilegalmente en los asuntos internos" del país suramericano, por lo que sus
representantes fueron expulsados del país.
Por su parte, el entonces ministro de Comunicación e Información y
presidente de TeleSUR, Andrés Izarra, calificó a Human Rights Watch como
"una fachada de la injerencia estadounidense en Venezuela" y les acusó
de estar al servicio de "los intereses más bastardos de la oligarquía
venezolana al servicio de los intereses imperiales".
Desde 1993, el director ejecutivo de Human Rights Watch es Kenneth Roth. Su
padre huyó de la Alemania Nazi en 1938. Roth empezó a trabajar en derechos
humanos después de la declaración de la ley marcial en Polonia en 1981, y
posteriormente se involucró en asuntos en Haití.
El Congreso argentino debería rechazar
los proyectos de reforma del sistema de justicia presentados por el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner porque limitarían la independencia judicial en el
país, indicó hoy Human Rights Watch.
La Presidenta Fernández de Kirchner presentó al Congreso el 8 de abril
de 2013 una serie de proyectos legislativos para reformar el sistema judicial
argentino. El paquete incluyó un proyecto que limitaría la posibilidad de los
individuos de solicitar medidas cautelares contra actos gubernamentales, y otro
que modifica la composición y el proceso de selección de miembros del Consejo de
la Magistratura, un organismo que se ocupa de seleccionar a magistrados y
decidir la apertura de los procedimientos para su remoción. La semana pasada, el
Senado aprobó ambos proyectos, que el 24 de abril serán tratados en la Cámara de
Diputados.
“Esta reforma le daría al partido gobernante en Argentina una mayoría
automática en el Consejo que supervisa al poder judicial, lo cual compromete
gravemente la independencia de la justicia”, señaló José Miguel Vivanco,
director para las Américas de Human Rights Watch. “Si se realizan elecciones
para designar a los miembros del Consejo, deben celebrarse de un modo que
garantice que no sean politizadas”.
Uno de los proyectos ampliaría de 13 a 19 la cantidad de miembros del
Consejo de la Magistratura, al añadir un abogado y cinco representantes de los
“ámbitos académico o científico” a la composición actual. Hoy, el Consejo está
conformado por tres representantes de jueces, dos de abogados, uno del ámbito
académico o científico, uno del ejecutivo y seis legisladores. Las decisiones
relativas a la designación y remoción de jueces se adoptarían por mayoría
absoluta de los votos (10 del total de 19 miembros).
Asimismo, el proyecto exige que jueces, abogados y representantes del
ámbito académico o científico sean postulados por partidos políticos y elegidos
por voto popular durante las elecciones presidenciales, a partir de 2015. Si la
ley se sanciona a tiempo, la primera elección se produciría en 2013 durante los
comicios legislativos programados para octubre (en el sistema actual, los jueces
son designados por jueces, los abogados son votados por otros abogados, y el
representante del “ámbito académico o científico” es nombrado por un consejo que
agrupa a distintas universidades).
El proyecto presentado permitiría que quien gane la presidencia de
Argentina obtenga automáticamente mayoría de miembros en el Consejo. El
presidente nombraría al representante del poder ejecutivo, mientras que ocho
miembros del Consejo —dos jueces, dos abogados y cuatro miembros del ámbito
académico o científico— surgirían de la lista partidaria que reciba mayoría de
votos en la elección. Asimismo, el partido con mayoría de escaños en el Congreso
elegiría a dos senadores y dos diputados que integrarán el Consejo, mientras que
la primera minoría designaría a un senador y un diputado.
Otro proyecto en el paquete legislativo restringe la posibilidad de las
personas de solicitar a la justicia que se dicten medidas cautelares para
suspender actos gubernamentales que podrían cercenar derechos fundamentales.
Dispone que en los procesos ordinarios estas medidas se otorgarían únicamente
por un plazo de seis meses, que podría extenderse por otros seis meses cuando
sea necesario, y solamente por tres meses en los procesos sumarios.
La propuesta original señalaba que estos límites no se aplicarían a
casos en que se encuentre comprometido el derecho a la vida, la salud o un
derecho de naturaleza alimentaria. Esta redacción fue mejorada en el Senado
luego de que el Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización no
gubernamental local, impulsara una serie de cambios para incorporar nuevas
excepciones al texto propuesto. Actualmente, el proyecto también excluye casos
que afecten a “sectores socialmente vulnerables” acreditados en el proceso, “la
vida digna” o un “derecho de naturaleza ambiental”.
En ningún caso los jueces podrán dictar una medida cautelar que
“afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma
perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios
cargas personales pecuniarias”. Este lenguaje demasiado amplio no concede a los
jueces la posibilidad de ponderar la incidencia de una medida cautelar en los
recursos del Estado, con relación al perjuicio irreparable que sufriría el
individuo que solicita la medida si esta no se adopta, indicó Human Rights
Watch.
“Para asegurar que las medidas cautelares sean efectivas, los jueces
necesitan tener flexibilidad para determinar su duración y características”,
señaló Vivanco. “La adopción de prohibiciones vagas y plazos rigurosos en un
país en el cual los juicios demoran varios años cercena el acceso a la justicia
y a procesos imparciales de los argentinos”.
El paquete de reformas judiciales también incluye algunas medidas
positivas, como la propuesta de designar al personal administrativo y los
abogados que trabajan en el sistema judicial a través de concursos públicos,
reforzar la transparencia de la labor de los tribunales y publicar en línea las
declaraciones juradas del patrimonio de los jueces.
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