El tribunal arbitral Ciadi, organismo del Banco Mundial, constituye el tribunal que juzgará la demanda de Repsol contra el Estado argentino por la confiscación de YPF. Hasta ahora, el Frente para la Victoria gobernante no ha pagado ninguna de las indemnizaciones establecidas por el Ciadi.
N. de la R.: El kirchnerismo no paga los juicios que pierde: así de sencillo.
La advertencia la envían los funcionarios
del Frente para la Victoria a Repsol:
YPF ha sido confiscada y como Isidré Fainé
no consiguió que convencer a Antoni Brufau de que aceptara las condiciones de
pago impuestas por Cristina Fernández de Kirchner (inversión en Vaca Muerta),
"que se jodan".
No es cierto. Cualquiera lo sabe.
El kirchnerismo es un viaje de
idea.
El costo que ha pagado por no pagar las indemnizaciones en Ciadi,
no
renegociar con Club de París y no pagarle a los bonistas en default es elevado:
la Argentina es mala palabra para los inversionistas globales.
En todo el mundo
sobran dólares, en la Argentina faltan.
En Sudamérica hay países recibiendo
abundantes inversiones directas, la Argentina no.
Repsol apuesta a que se
entenderá con el gobierno argentino después del inútil Frente para la Victoria.
Cualquiera sabe que, tal como sucede en Venezuela, si no son las urnas será el
colapso de la economía por impericia propia, pero Cristina Fernández de Kirchner
tiene "el boleto picado", diría Jorge Asis.
Por lo tanto, iniciar el proceso
judicial en Ciadi es ubicarse en mejor lugar cuando llegue el
momento.
MADRID (elEconomista). El Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias de Inversión) está acelerando el proceso de arbitraje de Repsol
contra el Gobierno argentino por la expropiación de YPF.
Según indicaron fuentes consultadas por este diario, el organismo
dependiente del Banco Mundial ha decidido nombrar como presidente del tribunal
arbitral a Claus von Wobeser, un prestigioso abogado mexicano.
Wobeser será, por lo tanto, la persona que tendrá la última palabra en este
delicado asunto en el que la compañía española reclama más de 10.300 millones de
euros al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Junto a él, estarán en el tribunal arbitral el chileno Francisco Orrego, a
propuesta de Repsol, y la francesa Brigitte Stern, en representación de YPF, tal
y como ya adelantó elEconomista.
Wobeser es socio fundador del despacho que lleva su nombre y cuenta con más
de 40 años de experiencia asesorando a algunas de las 500 empresas más grandes
del mundo, así como a entidades gubernamentales.
El abogado tiene una amplia experiencia en controversias internacionales de
inversión o comerciales en las que ha participado en más de un centenar y ha
ejercido como presidente en al menos 15 de estos litigios, algunos de ellos
todavía abiertos.
Su trabajo más reciente incluye la asesoría a Anheuser Busch Inbev en su
reciente adquisición de Grupo Modelo y a The Coca Cola Company en varias de sus
transacciones clave de fusiones y adquisiciones.
El abogado mexicano nació el 3 de febrero de 1954, estudió en la Escuela
Libre de derecho de México y se doctoró en Derecho Mercantil Europeo en la
Universidad Droit, d'Economie et des Sciences Sociales de París.
El nuevo presidente del tribunal arbitral trabajó en Union Carbide
(1975-1977) en el despacho Goodrich, Riquelme y Asociados (1977-1985) y desde
1986 formó su propio despacho desde el que ha representado a empresas nacionales
y extranjeras en arbitrajes internacionales conducidos bajo las reglas de
arbitraje más variadas.
Sus tesis profesionales se titularon 'Algunos aspectos constitucionales de
la legislación de inversiones extranjeras' y otra sobre el 'Control de cambio
francés frente al principio de libre circulación de capitales de la Comunidad
Económica Europea'.
Justificación de la disputa
Según explicó Repsol en su momento las actuaciones llevadas a cabo por
Argentina constituyen una expropiación ilícita y una violación del Tratado y el
Derecho internacional porque se trata de una expropiación discriminatoria que
afecta únicamente a Repsol; no se ha acreditado la existencia de una causa de
utilidad pública; no se han respetado las disposiciones legales para llevar a
cabo la expropiación puesto que el Gobierno argentino tomó el control de YPF e
YPF Gas sin realizar pago u ofrecimiento de pago alguno, situación que continúa
en la actualidad y Argentina ha incumplido sus obligaciones de protección y
justo trato a la inversión extranjera.
Adicionalmente, en el caso de YPF, el Gobierno argentino ha incumplido la
obligación que tenía contraída con arreglo al Estatuto de YPF (aprobado en 1993
por el propio Gobierno), de formular una oferta pública de adquisición en el
caso de que retomase el control de la compañía, como ha hecho, vulnerando así el
derecho de los accionistas minoritarios de YPF.
Freshfields, Uría y Marval tendrán que comenzar ahora a presentar
documentos frente al Ciadi sobre la causa en liza.
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La Argentina está más cerca de quedarse fuera del Sistema General de Preferencia,
a través del cual EEUU otorga beneficios comerciales para las ventas de otros países en su territorio, a raíz de dos fallos del CIADI en su contra por reclamos de sendas empresas.
Según un cable de la agencia Reuters, una fuente del Gobierno de Barack Obama informó que “los beneficios comerciales de la Argentina podrían ser suspendidos pronto” como consecuencia de los juicio impagos a favor de las empresas Azurix y Blueridge.
El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) es una herramienta de política comercial unilateral del Gobierno de los Estados Unidos cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento económico de los Países en Desarrollo (PED). A través de esa medida, los beneficiarios acceden a un programa para el incremento de las exportaciones de estos países a ese mercado, para lo cual se eliminan los aranceles de importación de más de 4.800 productos, bajo ciertas condiciones.
La negativa del Gobierno de Cristina de Kirchner a pagar esos fallos se sustentan en que de acuerdo al artículo 54 de la Convención del CIADI, es necesario pasar por los tribunales argentinos para poder cobrarlos. En cambio, las empresas aducen que otro artículo estipula que el pago debe hacerse directamente tras una decisión judicial.
“Esperamos hacer la recomendación (de suspender los beneficios comerciales) al presidente Obama próximamente”, señaló una fuente del Departamento de Comercio de EEUU.
El despacho de la agencia agrega: “El Departamento de Comercio aceptó dos peticiones en junio de 2010 para retirarle a la Argentina los beneficio del SGP debido a que el Gobierno argentino no pagó dos fallos tramitados ante el CIADI”, según los dichos de la fuente.
“La revisión de las dos peticiones están en fase avanzada y el tema se discute en altos niveles del Gobierno de EEUU.
Esta administración toma muy enserio las dos peticiones y está en contacto con los niveles más altos del Gobierno argentino para discutir el tema”, señala.
Justamente, este fin de semana el embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello, admitió que existían “ruidos” en la relación bilateral por “diferencias de criterio” respecto de “los alcances de los juicios del tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”. (VGGDN – Ambito.com)
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La Argentina está más cerca de quedarse fuera del Sistema General de Preferencia,
Según un cable de la agencia Reuters, una fuente del Gobierno de Barack Obama informó que “los beneficios comerciales de la Argentina podrían ser suspendidos pronto” como consecuencia de los juicio impagos a favor de las empresas Azurix y Blueridge.
El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) es una herramienta de política comercial unilateral del Gobierno de los Estados Unidos cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento económico de los Países en Desarrollo (PED). A través de esa medida, los beneficiarios acceden a un programa para el incremento de las exportaciones de estos países a ese mercado, para lo cual se eliminan los aranceles de importación de más de 4.800 productos, bajo ciertas condiciones.
La negativa del Gobierno de Cristina de Kirchner a pagar esos fallos se sustentan en que de acuerdo al artículo 54 de la Convención del CIADI, es necesario pasar por los tribunales argentinos para poder cobrarlos. En cambio, las empresas aducen que otro artículo estipula que el pago debe hacerse directamente tras una decisión judicial.
“Esperamos hacer la recomendación (de suspender los beneficios comerciales) al presidente Obama próximamente”, señaló una fuente del Departamento de Comercio de EEUU.
El despacho de la agencia agrega: “El Departamento de Comercio aceptó dos peticiones en junio de 2010 para retirarle a la Argentina los beneficio del SGP debido a que el Gobierno argentino no pagó dos fallos tramitados ante el CIADI”, según los dichos de la fuente.
“La revisión de las dos peticiones están en fase avanzada y el tema se discute en altos niveles del Gobierno de EEUU.
Esta administración toma muy enserio las dos peticiones y está en contacto con los niveles más altos del Gobierno argentino para discutir el tema”, señala.
Justamente, este fin de semana el embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello, admitió que existían “ruidos” en la relación bilateral por “diferencias de criterio” respecto de “los alcances de los juicios del tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”. (VGGDN – Ambito.com)
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