“La lucha por el Derecho nunca es sencilla: tengo la esperanza de que revertiremos la impunidad”

José María Campagnoli: 

El representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación suspendido por pedido de la procuradora Gils Carbó asegura que su pecado fue haber trabajado con libertad e independencia en la investigación de la supuesta extorsión que compromete al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
“Me atacan a mí, pero nunca nadie negó los hechos constatados”, expresa Campagnoli

Irene Benito

José María Campagnoli (1961, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) luce extenuado y al borde del agotamiento.
Pero el fiscal que husmeó en los intereses del empresario kirchnerista Lázaro Báez asegura que aún le quedan fuerzas para oponerse contra lo que se insinúa como una destitución anunciada.
Sin perder los estribos, a cada rato dice que fue castigado con la suspensión por hacer lo que debe: investigar con independencia y libertad.

Campagnoli despliega su caso -o vía crucis- durante 75 minutos de conversación en un café del barrio de Belgrano.
Comenta que tiene cinco hijos (es viudo), que siempre bromeó con que nunca se jubilaría y que, por ende, no pensó qué hará si el Tribunal de Enjuiciamiento resuelve removerlo por mal desempeño.
Está cansado, mas no vencido.
“La lucha por el Derecho nunca es sencilla: tengo la esperanza de que revertiremos la impunidad”, suelta a modo de conclusión.

Daño consumado
Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación designada en agosto de 2012 por propuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusó a Campagnoli de cometer irregularidades y abusar de su poder al pretender investigar la causa por supuesto lavado de dinero cuya instrucción es dirigida por el fiscal Guillermo Marijuán.
También dijo, entre otras críticas, que Campagnoli le faltó el respeto cuando le pidió que reconsidere la decisión de desplazarlo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10.
Dejar esa subrogancia significaba abandonar la pesquisa por la supuesta extorsión cometida en perjuicio de Federico Elaskar, ex propietario de la financiera SGI (o “La Rosadita”) y figura clave en la trama que vincula a Báez, titular de Austral Construcciones SA, con la transferencia de dinero negro al exterior.

Respecto de la primera imputación, el fiscal expresa: “es un eco de la estrategia de los abogados de Báez, que dicen que la Fiscalía N° 10 actuó pese a ser incompetente.
Lo cierto es que el objeto procesal de una investigación debe ser establecido por el fiscal: este decide a lo largo de la instrucción si lo que llega como suicidio debe ser tratado como homicidio.
Lo que llegó como una denuncia por administración fraudulenta contra Elaskar dio pie a una pesquisa en la que advertimos que había habido una extorsión cuya víctima es el propio Elaskar.
Esto no estaba siendo investigado por Marijuán, como él mismo me informó”.

Campagnoli precisa que giró a Marijuán las constancias vinculadas al posible delito de lavado de dinero y que esas pruebas son comunes a ambas instrucciones.
“Un tribunal de segunda instancia manifestó que la vinculación entre la extorsión y el lavado autorizó al fiscal de la extorsión a producir prueba útil para el lavado. Pero Gils Carbó prefirió no hacerse cargo de ello”, evalúa el fiscal.
Y añade: “llegaron a decir que el Grupo Clarín escribió mi dictamen, pero nosotros acumulamos 22 cuerpos de documentación”.

En cuanto a la acusación de la falta de respeto (en la solicitud de reconsideración), manifiesta que ese reproche fue incorporado a último momento al pedido de suspensión y que nadie le permitió hacer un descargo.
Según su versión, Gils Carbó obtuvo lo que deseaba tras un trámite más rápido que inmediatamente.

-¿Cómo se desencadenaron los acontecimientos?

-Pasaron cuatro días entre la denuncia de Gils Carbó en mi contra y la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento de suspenderme. En ese plazo mínimo cayeron los fueros que tengo desde hace 20 años y que se supone que sirven para investigar. No pude defenderme porque no me dieron acceso al expediente. Presenté numerosos escritos que fueron rechazados enseguida, intuyo que sin lectura. Por ejemplo, recusé a Gils Carbó, pero ella misma desestimó el cuestionamiento diciendo que no había motivos para ser apartada. Es decir, la procuradora general violó el principio básico de que no se puede ser juez y parte.

-¿Considera que ya está tomada la resolución de destituirlo?

-Antes habrá un juzgamiento en el que espero poder ejercer públicamente mi defensa. Pero con la suspensión alcanza para dar el mensaje buscado: investigar al poder acarrea el riesgo de terminar como Campagnoli. El daño está consumado si se piensa en la pérdida de la capacidad para cuestionar los pedidos de sobreseimiento de los defensores y las decisiones favorables a los investigados que dictan los jueces. Por supuesto que no creo que me vaya bien en el jury porque seré juzgado por el mismo tribunal que me suspendió. Planteé la inconstitucionalidad de ese estrado, que de entrada tiene una mayoría de miembros afines a Gils Carbó y al oficialismo (cuatro sobre siete: Ernesto Kreplak, representante del Poder Ejecutivo; el fiscal Daniel Adler; Rodolfo María Ojea Quintana, designado por el Senado de la Nación, y María Cristina Martínez Córdoba, defensora pública de menores). Hay un grave temor de parcialidad.

-Durante el tiempo que investigó los hechos que vinculan a Leonardo Fariña, Elaskar y Báez, ¿a qué conclusión llegó?

-Logré corroborar la historia que refirió Elaskar en un programa de la televisión (Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata). Él había dicho que movió los 55 millones de euros (o 65 millones de dólares) que eran de Báez. También detectamos que el entorno familiar de Elaskar al comienzo lo apoyó en la divulgación de estos hechos y que este luego se retractó porque fue extorsionado. Nosotros probamos el entramado societario que permitió enviar el dinero a Suiza e, incluso, probamos cómo esos fondos volvieron al país con la forma de bonos de la deuda pública y terminaron en una cuenta de la empresa de Báez (Austral Construcciones SA). La pesquisa es completa, prolija y profunda.

-¿Por qué Báez no llegó a ser indagado en esta causa?

-La jueza Gabriela Lanz ordenó la indagatoria en mayo, pero no le puso fecha porque quería esperar a tener toda la prueba producida. A partir de ahí entró la catarata de cuestionamientos de la defensa que frenaron las ruedas del juzgado. Hubo 24 pedidos de nulidades: todos fracasaron, con la excepción de un planteo de incompetencia, que prosperó parcialmente. La alzada dijo que la cuestión pase a conocimiento de la Justicia Federal no porque la supuesta extorsión sea materia federal, sino porque esta está intrínsecamente vinculada a la cuestión del lavado de dinero, que sí lo es. Pero la pretensión principal de voltear la investigación fue rechazada. Me atacan a mí y a la jueza, pero nadie negó los hechos constatados; nadie dijo “esa empresa no es mía”.

-¿Qué futuro avizora para la pesquisa que dirigió?

-A la larga se sabrá la verdad. En lo inmediato probablemente no ocurra nada, pese a que nosotros hallamos la información que confirma los hechos. Los poderosos, mientras están en alza, son inmunes a la Justicia. Pero, cuando cambia la coyuntura, comienzan a operar los efectos de la investigación. Hay muchos signos que demuestran un alto índice de impunidad en el país, pero también hay un sector que quiere llegar a la verdad. La lucha por el Derecho nunca es sencilla: tengo la esperanza de que revertiremos la impunidad. Creo que se puede porque el deseo de doblegar a la Justicia es más viejo que el mundo y, sin embargo, no todos estamos dispuestos a dejarnos manejar por el poder.

Un sueño para el Bicentenario
“Que se respete el trabajo independiente y libre que tenemos que hacer los fiscales. 
Que haya una auténtica república con independencia de poderes”.