El fiscal José María Campagnoli fue suspendido tras investigar al constructor kirchnerista Lázaro Báez

El fiscal José María Campagnoli es un exponente claro de la polarización que padece Argentina.
Para unos este jurista de 53 años es el hombre que se atrevió a investigar al constructor kirchnerista Lázaro Báez, el empresario que pagó el mausoleo donde reposan los restos del presidente Néstor Kirchner y también el mayor adjudicatario de obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde Kirchner ejerció de gobernador durante 12 años.

Para otros, Campagnoli es sólo una herramienta que usa el grupo Clarín para desgastar al Gobierno de Cristina Fernández.
Lo cierto es que Campagnoli investigó al constructor Lázaro Báez durante 20 días hábiles entre abril y mayo de 2013 por presunta extorsión. Y eso le ocasionó la apertura de un juicio político, la suspensión como fiscal y la probable destitución.

Su jefa, la fiscal general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, consideró en diciembre “altamente probable” que Campagnoli hubiese incurrido en “abuso de poder” y “mal desempeño” de sus funciones.
Lo acusó de convertir un caso de posible fraude administrativo contra el financista Federico Elaskar en otro caso en el que Elaskar pasaba a ser víctima de una supuesta extorsión perpetrada por el constructor kirchnerista.

La fiscal general indicó que Campagnoli desatendió la investigación sobre Elaskar para emprender una contra Lázaro Báez que ya estaba en manos de otro juez y otro fiscal.
En palabras de Gils Carbó: “Para mantenerse en la investigación de los hechos el fiscal transformó una causa iniciada por el delito de defraudación [contra el financista Federico Elaskar] en una por extorsión. Y convirtió, del día a la noche, a un imputado Elaskar en víctima”.

Gils Carbó describió a Campagnoli como un profesional “carente de mesura, prudencia y circunspección”, que ejerció “una actitud desafiante frente a las instituciones, que resultó además incompatible con la investigación seria de los delitos que supuestamente buscaba perseguir”.
“Este caso”, añadió la fiscal general “nos enfrenta a una hipótesis de un magistrado que avasalla reglas básicas de competencia y que, actuando de un modo descoordinado y sin respetar normas de confidencialidad y prudencia, invade ilegítimamente el ámbito de actuación de otro colega”.

Una semana después el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público ratificó por cuatro votos a favor y tres en contra las acusaciones de Gils Carbó.
Suspendió de manera preventiva a Campagnoli y le abrió un juicio político.
El pasado 11 de abril un juzgado de lo Contencioso Administrativo ratificó la suspensión.
Y esta semana el juez Sebastián Casanello absolvió a Lázaro Báez por la supuesta extorsión contra Elaskar, embargó los bienes de Elaskar y le prohibió la salida del país.
En el entorno de Campagnoli se esgrime que la Justicia federal es experta en “agarrar perejiles”, delincuentes de poca monta, mientras los peces gordos se mantienen a salvo.

El juicio político sigue en marcha.
A medida que se acerca su probable destitución, Campagnoli lamenta la “fragilidad” del sistema fiscal.
“En nuestro país los fiscales estamos equiparados a los jueces en sueldo, en trato y en independencia. Pero la situación es mucho más desfavorable que la de los jueces.
A mí se me puede destituir con una votación simple de cuatro a tres votos.
En cambio, para un magistrado la votación tiene que tener una mayoría de dos tercios”.

Pregunta. ¿Qué opina sobre el hecho de que Lázaro Báez haya sido exculpado de la supuesta extorsión que usted investigaba?

Respuesta. Nuestro sistema procesal no facilita hacer investigaciones eficientes; a veces es una carrera de obstáculos y a veces está bien que así sea por los derechos y garantías que están en juego. Lo que sí puedo decir es que sostengo todo lo que pude probar cuando investigué la extorsión y que consta en mi expediente.

P. ¿Qué tiene que decir ante los cargos en su contra: abuso de poder y mal desempeño?

R. No se sabe bien qué es lo que engloba mal desempeño de la función pública. Y por lo tanto hay que recurrir a las otras cuestiones que surgen de la acusación de la procuradora, que son muy difusas. Yo en ningún momento dejé de investigar la primera denuncia. Pero el tema de la extorsión a Federico Elaskar había que seguir investigándolo. No hubo una tergiversación del objeto procesal. Sino que esta siguió, pero al aparecer otros datos se empezó a trabajar sobre el tema de la extorsión.

P. Pero ya había otro juez y otro fiscal investigando el caso, según expuso la fiscal general.

R. Lo que había en la justicia federal era una investigación, que también yo había promovido, por eventual lavado de dinero proveniente de corrupción de la obra pública. Todo lo que tenga que ver con licitaciones truchas (falsas), coimas (sobornos), cohechos, lo tiene que investigar la justicia federal. Así lo afirmé yo en mi dictamen de mayo.

Pero yo le pregunté al fiscal federal si él estaba investigando el tema de la extorsión [cometida supuestamente por Lázaro Báez y otros particulares contra el financista Federico Elaskar. Y el fiscal federal me mandó un oficio donde dice que el tema de la extorsión no estaba siendo investigado ahí. Yo ya sabía que no lo estaban investigando.
Pero también imaginaba que todo esto que está pasando iba a pasar. Por eso le pedí formalmente que me digan que no lo investigaban.

P. También se le acusa de la supuesta filtración a medios nacionales de documentación reservada.

R. Sí, pero no me dicen en ningún momento de la acusación cuál es esa documentación. Y lo cierto es que el programa Periodismo Para Todos [presentado por Jorge Lanata en un canal perteneciente al grupo Clarín y emitido en abril de 2013] que fue el detonador de la investigación, es un programa periodístico. Fue una investigación periodística la que puso sobre el tapete esta cuestión.

Yo en ningún momento tuve contacto ni pasé ningún tipo de documentación ni información a ningún periodista. A mí, en mi estrategia de investigación no me convenía que la prensa tuviera acceso a mi trabajo. Yo pedí allanamientos, intervenciones telefónicas… Era el principal interesado en que esas medidas se pudieran hacer. Sabía todo lo que yo arriesgaba y había comprometido muchas horas de trabajo de colaboradores míos.

P. También se le ha vinculado en algunos medios nacionales al hecho de su hermana pertenezca al partido opositor Coalición Cívica.

R. Mi hermana fue concejal hace unos cuantos años. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Qué significa que mi hermana sea amiga o conocida de [la dirigente opositora Lilita Carrió? Pero han querido poner a Lanata, a Carrió y después a mí en un lugar de oposición, que bueno… Yo, en el primer año del Gobierno kirchnerista fui funcionario de este Gobierno [subsecretario de Seguridad]. Nunca he sido opositor.

Nada más soy un fiscal que investiga de forma independiente porque es mi trabajo. Querer teñir mi investigación y la de todo mi grupo de colaboradores de parcialidad por mi hermana es una ridiculez. Tan ridículo como otra acusación que también quedó desvirtuada, que dice que el Grupo Clarín había escrito mi dictamen. Mi dictamen se apoya en un montón de pruebas y acompañadas por 3.400 hojas de trabajo de la fiscalía. A través de medios afines al Gobierno se ha tratado de desvirtuar mi imagen diciendo cosas como ésas. Que además son muy difíciles de defender.

P. ¿Cuál fue la principal conclusión de su investigación durante esos 20 días hábiles?

R. Se corroboró con un extremo bastante puntilloso que la denuncia pública de Federico Elaskar era cierta.

P. O sea, ¿que Lázaro Báez lo había extorsionado? ¿Con qué fin?

R. Con el fin de quedarse con la empresa. El móvil de la extorsión es económico. Hice todo el estudio de las sociedades que se utilizaron para sacar la plata del país y desde Suiza volver acá y transformarla en bonos de la deuda argentina para después poder volverla en líquido.

P. ¿Cómo cree que concluirá el juicio político contra usted?

R. El pronóstico es bastante desfavorable. Porque este Tribunal de Enjuiciamiento que está formado por siete personas ya hicieron una votación de cuatro a tres para suspenderme. Y estos cuatro es de esperar que van a votar lo mismo cuando decidan sobre mi destitución. Y van a hacer el mismo voto porque cada uno depende de un organismo vinculado al oficialismo. Mientras tanto se fue desmantelando mi equipo de trabajo. Han hecho también una persecución contra mis colaboradores.

P. ¿Cree que ha habido una persecución política contra usted?

R. Sí. Y un intento de disciplinar con mi caso al resto de los fiscales. Si vos ves las acusaciones no dejan de ser cuestiones técnicas que ya fueron tratadas en donde tienen que tratarse, que es un expediente judicial. Y ahí me dieron la razón. Ahora, la vía administrativa está revisando lo que ya revisó una cámara de apelaciones. Esto es una persecución para demostrar que a aquel que quiera investigar a grupos poderosos le va a pasar lo que le pasó a este fiscal. Yo hace 30 años que estoy trabajando en la Justicia. Y perderé la posibilidad de hacer lo que yo sé hacer.

P. ¿Cree que ese supuesto mensaje de disciplinar al resto de fiscales está siendo efectivo?

R. Yo no puedo ponerme en la mente de los demás fiscales. Lo que sí se puede ver es cuántas investigaciones independientes contra grupos poderosos se ven y avanzan. Se ve que es bastante complicado. Yo me estoy defendiendo, voy a llegar hasta las últimas consecuencias y voy a tratar de que no puedan correr tan fácilmente por lo menos.

Fuente: El País (España)