El
juez Ercolini quiere interrogar a la ex presidenta y a sus hijos por las
maniobras con hoteles; Casanello la vinculó a los millones del empresario que
pasaron por La Rosadita
Hernán
Cappiello
Cristina
Kirchner llega a las elecciones del 22 de octubre al borde de enfrentar un mega
juicio:
El juez Julián
Ercolini la citó a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero y, casi en
simultáneo, su colega Sebastián Casanello la vinculó por primera vez con los
millones de dólares que fluyeron por la financiera La Rosadita, y la mandó a
investigar por las obras públicas que beneficiaron a Lázaro Báez.
Así,
Cristina Kirchner deberá declarar como sospechosa de lavado de dinero en la
causa Hotesur dos semanas después de convertirse en senadora nacional electa,
si las elecciones confirman los resultados de las primarias.
En el llamado a
declaración indagatoria ante Ercolini fue acusada de haber percibido de Lázaro
Báez millonarias sumas de dinero por negocios simulados con sus empresas
hoteleras para encubrir las ganancias ilícitas que obtuvo al asignarle al
empresario obras viales en Santa Cruz por 15.000 millones de pesos.
Los
fueros que adquirirá Cristina Kirchner con su cargo legislativo recién
comenzarán a protegerla a partir de que jure como senadora, el 10 de diciembre.
Por
lo tanto no estaría exenta de ser llevada a declarar por la fuerza, si no se
presenta, o ser detenida, si el juez lo considera.
Por
ahora, ninguno de estos dos escenarios están sobre el tapete.
Esta nueva
citación a declarar como sospechosa -prevista para el 9 de noviembre- es por
lavado de dinero y alcanza a otras 23 personas incluidos sus hijos, Máximo y
Florencia Kirchner (citados para el 13 y 15 de noviembre);
Lázaro
Báez y su hijo Martín (citados para el 28 y 30 de noviembre);
el
contador Víctor Manzanares, que está preso;
el
escribano Ricardo Albornoz,
y
Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner.
Las
indagatorias comenzarán el 5 de octubre y se desarrollarán en medio de las
elecciones.
Culminarán
el 20 de diciembre.
El juez federal
Ercolini dispuso además inhibir los bienes de los 24 sospechosos citados a
indagatoria, en particular Sanfelice, Manzanares y Albornoz, con lo que limitó
económicamente a quienes considera que son los cerebros contables de la
maniobra que permitió transferir parte de los fondos que ganó Báez con las
obras.
Esta
nueva citación a indagatoria pone a Cristina Kirchner a las puertas de un nuevo
procesamiento.
La
ex presidenta está procesada en tres causas; una por direccionar licitaciones
en favor de Báez, otra por recibir dinero de alquileres como contraprestación
de obras públicas, y la tercera por la causa del dólar futuro.
En
este último expediente, el procesamiento ya fue confirmado y la causa, elevada
a juicio.
La Cámara
Federal pretende que estos expedientes, junto con el de La Rosadita, donde está
preso Báez, sean juzgados de manera conjunta en un mega juicio que se
realizaría en 2018 o más adelante, con la ex presidenta y sus hijos como
principales acusados, junto con los empresarios que se beneficiaron con sus
negocios.
Paralelamente
está llegando a su definición la causa en la que la ex presidenta es
investigada por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman antes de morir.
En ese
expediente, el fiscal Gerardo Pollicita analiza pedir su declaración
indagatoria por proteger a Irán en la causa AMIA.
La
investigación de Hotesur comenzó con las revelaciones de los periodistas Hugo
Alconada Mon y Mariela Arias en LA NACION sobre las operaciones de alquileres
hoteleros de los Báez a Kirchner.
El
juez Ercolini, en su citación a indagatoria de ayer, se basó en el trabajo que
realizaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Y
describió que las empresas de Báez que se favorecieron con la obra pública, con
Austral Construcciones a la cabeza, firmaron diferentes contratos por
servicios, en algunos casos simulados, para justificar la transferencia de
dinero de esas firmas a las arcas de Néstor Kirchner primero y luego de
Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.
El
juez dijo que la maniobra permitió "canalizar regularmente los fondos
desde la empresas contratistas de la obra pública y sus vinculadas, a favor de
Valle Mitre, cuya función habría sido recibir dinero y aplicarlo al negocio de
la hotelería y permitir así que la ganancia ilícita se distancie de su
verdadero origen".
Los
fondos fueron girados por las firmas de Báez a Valle Mitre (gerenciadora de los
hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner), en su mayoría por
alquileres de habitaciones y contratos de consultoría. Valle Mitre luego
enviaba el dinero a los ex presidentes y sus hijos.
Los Kirchner
necesitaron dinero blanco para adquirir los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, para lo que
habrían recurrido a los fondos obtenidos por la obra pública santacruceña.
Primero, los
Kirchner y las empresas de Báez hicieron múltiples negocios con los que el
matrimonio presidencial se fondeó para comprar los hoteles.
También
pagaron con préstamos en 2007 y 2008 del Banco de Santa Cruz y de Austral
Construcciones.
Luego
se valieron de Valle Mitre como intermediaria entre Báez y los Kirchner.
En
algunos casos, la plata fue directo a las cuentas de los Kirchner y en otros,
la obtuvieron como accionistas de Hotesur, que administraba Alto Calafate.
En un caso,
Valle Mitre le giró a Hotesur más de 28 millones de pesos.
Austral
Construcciones transfirió a Valle Mitre más de 70 millones de pesos entre 2007
y 2015.
Los montos
coinciden con los egresados de Valle Mitre a Hotesur y Néstor Kirchner entre 2012
y 2013.
Las
justificaciones de esos dineros fueron contratos de servicios simulados: por
ejemplo, Valle Mitre iba a asesorar a Austral para desarrollar emprendimientos
hoteleros.
El
acuerdo incluyó el alquiler de 500 noches de hotel para los empleados de Báez.
Otro
contrato fue el que pretendía construir un complejo turístico en la península
de Magallanes.
Los trabajadores
de Báez que deberían haber ocupado las habitaciones se desempeñaban en obras
que estaban 300 kilómetros en algunos casos o a seis horas de distancia, en
otros…
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