Carlos
Pagni
Sobornos.
Narcotráfico. Enriquecimiento ilícito. Mafias. Lavado de dinero.
La
vida pública se ha saturado con estas palabras tóxicas.
No
sólo porque avanzaron los delitos.
También porque
el sistema judicial, en vez de sancionar, ha suministrado impunidad.
Uno
de los factores principales de esta trampa es el comportamiento del Ministerio
Público, que agrupa a los fiscales.
En
la cúspide de ese poder está Alejandra
Gils Carbó , la procuradora general de la Nación.
Pasado
mañana Gils Carbó estará en el centro del debate legislativo.
No
será porque, como se podría esperar, sea sometida a juicio político.
El
Gobierno y los principales líderes del peronismo decidieron desplazarla con un
método más discutible:
Modificando la
ley que rige a los fiscales.
El
procedimiento está desatando controversias aun entre críticos acérrimos de Gils
Carbó.
El
temor es que, en el clima de indignación que provoca esta funcionaria, se
establezca un régimen que promueva los vicios que, en teoría, se pretenden
corregir.
Debajo
de esta controversia palpitan cuestiones de primera magnitud.
Por
ejemplo, cuál es el compromiso de la dirigencia política con la lucha por la
transparencia.
Y
una más específica: hasta dónde llega el
cambio de Cambiemos.
Gils Carbó ha
sido clave en el blindaje judicial del kirchnerismo.
Y
en la persecución penal del adversario.
Cuando
murió Néstor Kirchner, su viuda desistió de seguir controlando los tribunales a
través del engranaje extorsivo que proveía el espionaje.
El
ejecutor de esa mutación fue Carlos Zannini.
Su
herramienta: Gils Carbó.
Cristina
Kirchner debilitó a los jueces en favor de los fiscales.
Y
la procuradora subyugó a las fiscalías.
Primero,
resolvió que los jurados de los concursos serían designados por ella sin
control alguno.
Además,
trasladó fiscales de una jurisdicción a otra según las prioridades del
Ejecutivo.
Ejemplos:
Carlos Gonella, que había concursado
en Formosa, fue enviado a Córdoba;
Juan Pedro Zoni, que ganó una
fiscalía en Santiago del Estero, se desempeña en Capital donde, entre otras
causas, investiga a la madre y a la hermana de Alberto Nisman por lavado de
dinero;
Carlos García, que concursó
en Tartagal, se radicó en Morón;
y
Leonel Pérez Barbella, designado en
General Pico, fue destinado a la Capital.
Esa
acumulación de poder tuvo, por la negativa, otra consecuencia:
Alberto Nisman
precipitó su denuncia contra Cristina Kirchner, que lo llevaría de un modo u
otro a la muerte, para evitar que la procuradora lo desplace de la causa AMIA.
Gils Carbó
consiguió que sus subordinados se convirtieran en cómplices de la corrupción
kirchnerista.
Su
conducta podría alimentar un gigantesco expediente por mal desempeño.
Sobre
todo porque la Corte Suprema anuló algunos de sus ardides.
También
se podría poner bajo la lupa el procedimiento a través del cual, el 2 de julio
de 2013, la Procuración compró el edificio de Cangallo 667 a Arfinsa S.A., por
un monto de 43 millones de pesos.
El 14,52% de esa
suma se destinó a la comisión a la inmobiliaria Jaureguiberry, pagada por
Arfinsa.
A
pesar de estos antecedentes, los bloques de Cambiemos renunciaron a enjuiciar a
Gils Carbó.
La
excusa fue que el peronismo no los acompañaría.
Optaron,
entonces, por pactar con Sergio Massa y Miguel Pichetto una ley que, con la
excusa de acotar a la procuradora, introduce cambios muy discutibles en el
funcionamiento de las fiscalías.
Un
desafío a la sentencia del colombiano Nicolás Gómez Dávila:
"Debe
evitarse dar soluciones permanentes a problemas transitorios".
La
ley que los representantes de Macri acordaron con Massa y Pichetto provoca
controversias.
Por
supuesto, recibe el rechazo de los feligreses de la ex presidenta.
Pero
también inquieta a muchos de sus críticos.
El
texto reduce el mandato del procurador, que ahora es hasta los 75 años de edad,
a 5 años con opción a otros 5. Gils Carbó no tendría derecho a objetar la
restricción, ya que la Constitución no fija un plazo.
La
ley tampoco establece si el acortamiento corre para ella.
Pero
quizás Carbó presente algún amparo para prevenirse de que la desplacen en
agosto próximo, cuando cumpla 5 años en el puesto.
La querella
sobre Gils Carbó terminará dependiendo de la Corte.
Elena
Highton ya se expidió: en noviembre pasado dijo que el cargo de procurador es
vitalicio.
Más
allá de esta opinión, el oficialismo y la Corte están frente a un dilema:
Como
recuerda Gustavo Arballo en su blog Saber Derecho, la remoción de Gils Carbó a
través de una reforma del Ministerio Público tiene un aire de familia con la
denostada defenestración del procurador santacruceño Eduardo Sosa, efectuada en
1995 por Néstor Kirchner.
La
nueva ley también modifica el número de votos necesario para el juicio
político.
La
acusación, en Diputados, se reduce de 2/3 de los presentes a mayoría simple.
La
condena del Senado se mantiene en los 2/3 de los presentes.
¿Se
intentará juzgar a Gils Carbó con este nuevo método?
Ella
iría, de nuevo, hasta la Corte para que se le aplique el procedimiento vigente
cuando se la designó.
Más polémicas: aunque la
duración del cargo no es un derecho personal, muchos expertos creen peligroso
remover funcionarios modificando las leyes y no por las causales que prevén
esas leyes.
La
reforma ordena que los fiscales que actúan fuera de su jurisdicción regresen a
la sede para la cual concursaron. Muy sensato.
Aun
así, habrá reclamos.
Acertijo:
cuando el fiscal Gonella pida a su cofrade de Justicia Legítima, el juez
cordobés Gabriel Vaca Narvaja, un amparo frente a la inminente mudanza a
Formosa, ¿qué hará Vaca Narvaja?
Habrá
muchos casos de ese tipo.
La
mayor discusión se refiere a las atribuciones que fija la ley a la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que se constituyó en
junio, bajo la jefatura de Graciela Camaño.
Muchos
analistas creen que afecta la autonomía que otorgó a la Constitución al
Ministerio Público.
Arbella,
por ejemplo, sostiene que los políticos no sólo intervendrán para designar o
evaluar a los fiscales, sino que, además, "se meterán en el tablero de
comandos".
Arbella
se pregunta qué reacción habría si el Congreso interfiriera así sobre las
universidades.
Varios
fiscales que detestan a Gils Carbó explicarán hoy al senador Pichetto, y al
titular de Diputados, Emilio Monzó, estos reparos.
El
control de esta poderosa bicameral fue la principal condición que pusieron
Pichetto y, sobre todo, Massa, para apoyar la reforma.
A
Massa le permite, a través de Camaño, su principal aliada, dominar la agenda
institucional durante la campaña electoral.
Aparece
una paradoja: entre quienes impugnan el exceso de poder de esa comisión está
Margarita Stolbizer, aparente socia de Massa.
Camaño será la
encargada de despellejar a Gils Carbó.
La
Casa Rosada espera que la obligue a renunciar.
Pichetto,
además, logró suplir el juicio político.
Para
él sería inconveniente condenar a Gils Carbó.
Fue,
como muchos de los kirchneristas que reman de una orilla a otra del Jordán, uno
de los responsables de las deformaciones que ahora quieren corregirse.
Más
allá de las ventajas coyunturales, Pichetto y Massa celebran una gran
conquista:
La presunta
injerencia política sobre las fiscalías será ejercida por el peronismo.
Pichetto y Massa
se aseguran durante años el control de una bicameral que podría influir en las
investigaciones de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, contrabando o lavado
de dinero.
Quiere
decir que, con la saludable excusa de sancionar a Gils Carbó por haber
protegido la corrupción, se establece un sistema permanente en el cual el poder
político puede condicionar la persecución a la corrupción.
La
objeción a estos reproches es que Cambiemos está impedido de realizar algunos
cambios por la falta de poder legislativo.
A
esa interpretación se le puede oponer esta pregunta: ¿qué capacidad de reacción
tendría el peronismo si Macri y sus legisladores levantaran la bandera del
juicio político a Gils Carbó y a lo que ella representa? En otros términos:
¿podrían Macri y el resto del oficialismo hacer palanca sobre un estado
favorable de opinión pública y forzar al peronismo a romper con el status quo
institucional?
Hay
numerosas señales de que la mayoría de Cambiemos no imagina esta alternativa.
Basta
advertir la indolencia con que esa fuerza asiste a las denuncias de Elisa
Carrió.
Sobre
todo observar el letargo del radicalismo frente a desvelos que forman parte de
su tradición.
La
diputada del ARI acaba de formular otra denuncia delicada:
Juan Bautista
Mahiques,
representante del Ejecutivo, es decir, de Macri, en el Consejo de la
Magistratura, propuso que se altere el resultado de un concurso para incorporar
en la terna de candidatos a jueces al que había salido séptimo.
El
beneficiario es Juan Manuel Grangeat, quien, si prosperara la maniobra, se
convertiría en titular del juzgado federal Nº2 de San Isidro.
Carrió
sospecha que Grangeat es impulsado desde la AFI, la ex Side.
Sospecha bien.
Grangeat,
secretario del juez federal Luis Rodríguez, cuenta con el aval del propietario
de bingos y presidente de Boca Jr, Daniel Angelici, a quien responde el
consejero Mahiques.
Angelici
conduce un equipo heredado:
Lo
forman Javier Fernández y Darío Richarte, quienes durante el kirchnerismo
trabajaban para Antonio Stiuso.
El
ex espía identificó a Fernández como uno de sus hombres ante la jueza Fabiana
Palmaghini.
Estos
gerentes de Macri necesitan que el calamitoso fuero federal no se renueve.
De
lo contrario, pierden su influencia y su eficacia.
Las denuncias de
Carrió son llamativas.
No
tanto porque desnudan escandalosas continuidades entre el gobierno actual y el
orden que el mismo gobierno promete reemplazar.
Lo
más inquietante de esas denuncias es que nadie del oficialismo las responde.
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