Carlos Pagni
Carlos Fayt tuvo
una extensísima y meritoria carrera dedicada a la docencia y a la magistratura.
Sin
embargo, el significado de su partida está asociado al último tramo de esa
larga vida.
Las
agresiones del kirchnerismo y su templanza para resistirlas, lo convirtieron en un símbolo de la independencia judicial.
Todo
es simétrico.
El
verdugo más despiadado de Fayt, el que convirtió los ataques contra ese anciano
en una medida de la obsecuencia hacia su jefa, Aníbal Fernández, hundió a su
partido en la derrota.
Las
hostilidades contra el juez que murió anteanoche, los forcejeos para controlar
el Consejo de la Magistratura,
los
maltratos a José María Campagnoli, las manipulaciones para buscar fiscales a
medida,
la constitución
de una organización facciosa bajo el pretencioso nombre de Justicia Legítima,
son
movimientos que se explican mejor a medida que afloran con más detalle los
montos y los procedimientos de la corrupción del kirchnerismo.
Se
entiende más la urgencia por conseguir impunidad.
Ayer,
en el Consejo de la Magistratura, tuvo otra manifestación.
Un homenaje a
Fayt, por la vía del absurdo.
Los
consejeros del Frente para la Victoria intentaron designar al frente del
juzgado federal de Río Gallegos al ex ministro provincial de Néstor Kirchner y
miembro del tribunal federal oral de esa ciudad Jorge Chávez.
A
ese nombramiento le seguiría otra jugada:
Exigir que las
causas por irregularidades cometidas en Santa Cruz pasen a manos de ese amigo.
Por
ejemplo, las que involucran a Cristina Kirchner y sus presuntos testaferros,
Lázaro Báez y Cristóbal López, con contrataciones de Hotesur.
O
las que complican a Julio De Vido y el devoto José López con la adjudicación de
la obra pública.
La
maniobra ya se intentó en abril de 2015, pero fue rechazada por la Cámara
Federal de Comodoro Rivadavia.
El estratégico
juzgado de Río Gallegos está vacante desde que lo dejó Andrea Askenazi Vera.
Fue
la subrogante que demoró 25 días en allanar la casa en la que Báez atesoraba
sus míticas bóvedas.
El
tiempo que habían pedido los albañiles para remodelar el sótano.
Askenazi
se alejó cuando la Corte declaró inconstitucional la ley de subrogancias.
El
Consejo resolvió cubrir el cargo con los miembros de la Cámara Federal de
Comodoro Rivadavia, la misma que había impedido que los delitos fueran juzgados
por un subordinado de los imputados.
El juzgado quedó
a cargo de Javier Leal de Ibarra, quien procesó anteayer a Ricardo Barreiro, el
jardinero de los Kirchner.
Un
jardinero ahorrativo, como sus patrones.
Sus
habilidades con la tijera y el rastrillo le permitieron fundar una empresa de
cargas, Jet Paq SA, que contrató con Aerolíneas Argentinas entre 2003 y 2011.
Y
le sobraba tiempo.
Después
de arreglar el jardín, atendía
cuestiones financieras en el órgano que controla los aeropuertos, designado por
el matrimonio.
Un
trabajo incompatible con el de transportista aéreo.
El
kirchnerismo pretendía reemplazar al molesto Leal de Ibarra por un juez del
tribunal federal oral de Río Gallegos, Jorge Chávez, un abogado a quien
Kirchner tuvo como ministro de Salud.
La misma
versatilidad del jardinero.
Chávez
se hizo famoso cuando dejó en libertad a Daniel Varizat, después de que
atropelló con su 4x4 a una manifestación de trabajadores.
Aun
así, es posible que fuera el más calificado.
Su
colega Mario Reynaldi, mientras juzgaba un caso de trata de personas, quedó
registrado en una escucha judicial en la que felicita a un tratante: "Mis
amigos quedaron fascinados con tus chicas".
La
subrogancia de Río Gallegos se votó ayer por la mañana.
La
comisión de selección del Consejo mantuvo a los camaristas de Comodoro.
La
decisión desencadenó un escándalo.
El representante
del kirchnerismo, Rodolfo Tailhade, quedó envuelto en llamas.
Diputado
que depende de Máximo Kirchner, Tailhade se ha convertido en el gestor de la
impunidad para la familia de su jefe.
La ira de
Tailhade desnudó un enredo delicado:
"Acá se
rompió un acuerdo", vociferó, encarando a Juan Mahiques, el
representante del Poder Ejecutivo.
Gabriela
Vázquez, delegada de los jueces por la lista filo kirchnerista de la Asociación
de Magistrados, repitió el reproche, lagrimeando: "Yo no voto más un concurso".
Mahiques
se defendió: "No hubo un acuerdo. Sólo hubo conversaciones".
La
declaración de Mahiques es sorprendente:
Existieron
conversaciones para que el kirchnerismo cubriera con un amigo el juzgado
federal con competencia en Santa Cruz, que es la escena de más de un crimen.
Mahiques
explica que la jueza Vázquez y el representante académico, Daniel Candis, lo
visitaron en el Ministerio de Justicia para proponer el reemplazo de los
camaristas de Comodoro por el ex ministro de Kirchner, el juez Chávez.
Él
prometió estudiarlo, pero se negó al arreglo cuando descubrió que el candidato
no era independiente.
Por
eso anteayer le anticipó a Candis que el pacto no se hacía.
En
el Poder Ejecutivo se escucha otra versión:
Mientras
Mahiques negociaba con el kirchnerismo, un simpatizante del Gobierno, enterado
de la transacción, se comunicó desde Río Gallegos con funcionarios del
Ministerio de Justicia y de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Pablo
Clusellas.
Se encendieron
todas las alarmas.
Y
alguien ordenó a Mahiques que no se le ocurriera avanzar.
Haya
habido conversaciones preliminares o un acuerdo frustrado, la trama está hecha
a la medida de Elisa Carrió. Mahiques, quien fue designado como secretario de
Justicia y delegado de Macri en el Consejo a instancias del binguero Daniel
Angelici, imaginó que en alguna geometría era posible ceder al kirchnerismo el
juzgado federal de Río Gallegos.
¿A cambio de
qué?
Aquí
las versiones también son divergentes.
La
más inverosímil habla de un pacto para cubrir las vacantes del tribunal oral de
Rosario.
Chucherías.
Hay
otra, más poderosa: Mahiques pensaba
canjear esa colina clave para Cristina Kirchner por los votos para destituir al
camarista Eduardo Freiler.
Freiler,
militante de Justicia Legítima, es investigado por enriquecimiento ilícito en
el Consejo de la Magistratura. El oficialismo lo tiene como un objetivo
principal.
Sobre
todo por la insistente versión de que, en su momento y a través de Angelici,
habría exigido dinero a cambio de revocar el procesamiento de Macri por las
escuchas ilegales.
Freiler,
por supuesto, niega que eso haya ocurrido.
Y
se ofrece a ser investigado por su subordinada María Servini de Cubría, ante
quien lo denunció el diputado Julio Raffo.
El frustrado
intento del kirchnerismo de controlar el juzgado federal de Río Gallegos es
parte de un movimiento más general de protección.
Su
máxima manifestación es el interés por bloquear la investigación más grave que
pesa sobre la señora de Kirchner:
La denuncia de
Alberto Nisman por el memorándum firmado con Irán para negociar la causa AMIA.
El
atentado contra esa mutual, el acuerdo con Ahmadinejad, la denuncia de Nisman y
su misteriosa muerte integran una tristísima colección de expedientes que desde
hace dos semanas comenzó a resignificarse.
Las
designaciones iniciales de Donald Trump prometen un giro en las relaciones internacionales.
Michael
Flynn, como consejero nacional de Seguridad, y Michael Pompeo, como director de
la CIA, representan el regreso de una diplomacia que se propone como agente de
un "choque de civilizaciones".
Irán vuelve a
ser considerado un promotor del terrorismo.
Y
la alianza con Israel, que con Barack Obama fue relativizada, será de nuevo una
prioridad norteamericana en Medio Oriente.
Algunos
israelíes expertos en Defensa aseguran que el compromiso entre Washington e
Israel llegará a una profundidad jamás vista.
Recuerdan
que Trump hizo campaña por Benjamin Netanyahu, en 2012, cuando todavía no era
candidato a presidente.
El entramado
judicial que rodea el caso AMIA se vuelve, en este contexto, sobresaliente.
Es
probable que el impulso a estas investigaciones se vuelva una bandera principal
de Macri en sus relaciones exteriores, como lo fue de los Kirchner hasta
septiembre de 2010.
Los
jueces son sensibles al nuevo clima.
Julián Ercolini
podría solicitar ayuda técnica en los Estados Unidos para reconstruir lo que se
haya salvado de la escena en la que Nisman fue encontrado muerto.
Sube
también la tensión alrededor de una fecha: 19 de diciembre.
Ese
día se celebrará la audiencia, convocada por los camaristas de Casación Mariano
Borinsky y Gustavo Hornos, para considerar que se investigue la denuncia de
Nisman contra la ex presidenta por encubrimiento.
Daniel
Rafecas, sostenido sólo por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura,
se negó a determinar si Nisman tenía razón o deliraba, a pesar de que el fiscal
Gerardo Pollicita le sugirió 50 medidas para hacerlo.
Borisnki
y Hornos tienen 20 días hábiles para revertir esa decisión.
En
febrero, por lo tanto, la peripecia
judicial de Cristina
Kirchner podría ingresar en su etapa más controvertida.
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