LUIS
MAJUL
El
Presidente Mauricio Macri está muy preocupado.
Cree
que el hecho de que organizaciones que se dicen mapuches hayan pasado de las
piedras y los palos a las balas de verdad es síntoma de una escalada de
violencia armada que se podría acrecentar.
El
propio juez federal que investiga la causa, Gustavo Villanueva, escuchó, a
través de intervenciones telefónicas legales, que miembros de la comunidad
mapuche Lafken Winkul Mapu hablaban en términos militares, y que estaban
dispuestos a resistir a los tiros cualquier acción de las fuerzas de seguridad.
Al
jefe de Estado tampoco le gustó lo que le dijo su ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, sobre el hombre que resultó seriamente herido mientras
armaba una bomba en Rincón de Milberg.
Parece
que tenía elementos y panfletos reivindicatorios de la lucha del RAM
(Resistencia Ancestral Mapuche). Macri pidió a sus ministros prudencia, y al
mismo tiempo espera que el propio magistrado Villanueva determine cuál es la
verdadera responsabilidad de los Albatros en los hechos de Villa Mascardi.
Los
agentes que participaron del operativo juran que recién empezaron a disparar
con ametralladores MP5 cuando se dieron cuenta que desde adentro de la casilla
precaria varias personas tiraban con armas de calibre 38 y 45.
Pero el
Presidente también teme que otra vez algunas organizaciones de derechos humanos
le armen un caso parecido al de Santiago Maldonado.
Le
escucharon decir este fin de semana:
"No hay que
condenar o quitar responsabilidad a nadie de antemano, pero si lo que cuentan
los que participaron del operativo es cierto debe regir, para ellos, el
beneficio de la duda. Y si se comprueba que le dispararon con armas de fuego,
repeler semejante ataque está dentro de la ley".
El
Presidente piensa que en el fondo, algunas organizaciones que se autoproclaman
mapuches están poniendo en cuestión el
derecho de propiedad y el orden público.
Quizá,
el problema creen dentro del propio gobierno es que nadie lo explica del todo
bien.
Los
Albatros estaban al frente de un operativo para encontrar a prófugos que la
semana pasada habían ocupado el parque nacional de Bariloche.
Es
la ocupación de tierras del Estado lo que determina la intervención de la
justicia federal.
También
le escucharon decir a Macri:
"Si la ley
dice que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, un juez federal ordena
buscar a prófugos y ellos y sus cómplices atacan a los agentes de seguridad,
eso no es dictadura ni represión indiscriminada. Es una conducta legítima. Para
eso están. Para eso el Estado les paga".
El
Presidente tampoco dejó de atender la búsqueda del ARA San Juan.
No lo dirá nunca
de manera pública, pero desde que se reunió en la sede militar con los altos
mandos de la Armada, cayó en la cuenta de que el submarino había explotado o
implosionado.
El
mismo, el ministro Oscar Aguad y un equipo de funcionarios, psiquiatras y
psicólogos, se mantienen muy cerca de los familiares.
Macri
le ordenó a Aguad que se enfoque en la búsqueda y postergue los pedidos de
retiro y la reestructuración de las tres fuerzas que el Gobierno tenía pensado
anunciar antes de fin de año.
Un
miembro de la mesa chica le sugirió profundizar la investigación sobre la
reparación y el mantenimiento del submarino durante el mandato de Cristina
Fernández.
El
Presidente le respondió que se pondría a trabajar en eso, pero que no lo usaría
como excusa ahora por lo que le pudo haber sucedido.
Es
verdad que tanto en el caso del ARA San Juan como en el enfrentamiento que
determinó la muerte de Rafael Nahuel, el Gobierno parece ir detrás de los
acontecimientos, pero Macri aparece más preocupado por no empeorar el panorama
que por doblar la apuesta.
El
está convencido de que la administración nacional no puede moverse igual que el
humor cíclico de las redes sociales.
Y
que debe estar por encima de las versiones de todos los sectores y las especulaciones
políticas.
Por
otra parte, antes de fin de año tiene un desafío crucial y no quiere que lo
distraiga la discusión mediática.
Es
la aprobación de las reformas impositiva y laboral.
Aquí
también teme ser otra vez presa del fuego cruzado entre quienes consideran, con
razón, que en el medio de la reforma impositiva le quitaron parte del aumento
semestral de los jubilados, y los talibanes de la derecha que pretenden una
baja del déficit más rápida y más profunda.
Dicen
cerca del jefe de Estado:
"En un país
con el 30% de pobreza y con niveles de corrupción y de deterioro de la
infraestructura alarmantes, no se puede hacer todo junto, e ir a fondo con cada
solución.
“Es demasiado
descalabro junto como para solucionarlo en un par de años".
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