Hugo
Alconada Mon
La NACION
Un
informe interno del Ministerio de Defensa había advertido que la Armada no
cumplió los estándares normativos habituales para beneficiar a ciertas
empresas; un trabajo de la Sigen también había señalado graves deficiencias
Una
investigación del Ministerio de Defensa alertó sobre "irregularidades" en la compra
directa de las baterías del ARA San Juan , según la copia de esas actuaciones
que llegaron con carácter secreto a tres despachos oficiales, y a las que
accedió LA NACION. La información coincide con una auditoría de la Sindicatura
General (Sigen), que también cuestionó el procedimiento.
La
investigación, desarrollada por expertos de Defensa entre 2015 y 2016,
determinó que la Armada habría incumplido los estándares normativos y
operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías; que se
buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos
proveedores, y que, en ese proceso, se habrían adquirido insumos con garantías
vencidas y cometido delitos.
"La
información colectada resulta contundente al menos para sostener no sólo que
esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado,
sino además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya
incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas,
Hawker Gmbh y Ferrostaal AG", precisaron los investigadores de
Defensa.
Cada
vez hay más riesgos y deterioro en las FF.AA.
Esos
mismos investigadores alertaron del tema en 2015 a funcionarios del
kirchnerismo.
Y
también que lo mismo ocurrió al cambiar las baterías de los submarinos Salta y
Santa Cruz.
Consultados
por LA NACION, desde el Gobierno indicaron que están revisando "todos los procesos dentro de la
Armada" y que se abrirá una investigación interna
"profunda", pero que ahora la prioridad es hallar el submarino,
recuperar a todos sus tripulantes y, luego, peritar el San Juan para determinar "qué pasó y las
consecuentes responsabilidades".
La
investigación interna a la que accedió LA NACION no fue la única que reportó
sobre "irregularidades" de la Armada en la reparación del submarino
ARA San Juan.
La
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa también redactó varios
informes.
Y
la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentó su auditoría MD 13776/16,
en mayo de 2016, que tampoco es de
acceso público, pero cuyas copias obtuvo LA NACION de informantes de la
Sindicatura.
En
el caso de la Sigen, sus técnicos expusieron desvíos en los planes trazados
para la ejecución material y presupuestaria de la obra, con demoras de hasta 4
años:
"Dichas
demoras permitieron, en el caso de las baterías, la pérdida del período de
garantía".
Eso
mismo, detectó la Sigen, ocurrió con los motores:
"La pérdida
de la garantía de los motores derivó en la necesidad de efectuar la
contratación directa N° 62/13 con la misma empresa, para renovar el plazo de
garantía (ejecución de los trabajos de inspección y verificación para puesta en
marcha segura de los motores y para otorgar las correspondientes garantías
técnicas que se derivaron de dichos trabajos). Dicha obra tuvo más de 314 días
de demora".
Todos
esos informes reservados podrían ayudar ahora a la Justicia a determinar qué
pasó con el ARA San Juan. Para eso, la jueza federal con asiento en Caleta
Olivia, Marta Yáñez, ordenó al complejo Cinar-Tandanor, donde se desarrolló la
reparación de media vida, que preserve toda su documentación.
Los
informes secretos cuyas copias obtuvo LA NACION, sin embargo, no se encuentran
en ese complejo, sino en el Ministerio de Defensa.
Y
alertan sobre "irregularidades detectadas" dentro de la órbita de la
Armada y "un sin número de maniobras
irregulares y tendenciosas que tenían como único fin" la compra de las
baterías "a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como
único proveedor solvente".
En el caso de la
investigación interna, cuyo informe comenzó a circular dentro del Ministerio de
Defensa en 2015 y continuó en circulación con la actual gestión, también
detectó que "los remitos que se adjuntan por cada entrega de materiales no
coinciden ni con el número ni con el monto de las facturas acompañadas a las
órdenes de pago, que ascienden a la suma parcial de 1.312.214 euros".
Según
verificó LA NACION, además, varios de los funcionarios de la Armada que
participaron en las contrataciones cuestionadas también habían participado en
la contratación de Ferrostaal para adquirir una planta propulsora para la
Fragata Libertad, que derivó en una investigación penal que quedó en manos del
entonces juez federal Norberto Oyarbide.
Por
su parte, los investigadores también detectaron que los procesos de la Armada
tanto para el submarino San Juan como para los ARA Santa Cruz y ARA Salta y la
Fragata Libertad registraron varios puntos en común:
En las cuatro
obras se contrataron las mismas empresas: Hawker y Ferrostaal;
En
las cuatro contrataciones, además, se descartaron propuestas efectuadas por
otras empresas;
En
esos procesos se retrasaron las notificaciones a otras empresas que podían
competir con los datos sobre las condiciones para presentar sus ofertas;
En
esos procesos también se aceleraron los pasos administrativos, -sin cumplir con los requisitos y plazos-
para adjudicar las contrataciones y firmar los contratos;
Se habrían
adulterado ciertos tramos del expediente administrativo para darle visos de
legalidad a la decisión que ya había sido tomada;
Se
omitió analizar la razonabilidad de los montos que cotizaron las dos empresas
proveedoras;
Después
de la adjudicación, notificaron tarde o no notificaron a la principal empresa
rival, lo que complicó que interpusiera impugnaciones.
El
área donde se detectó la anomalía hidro acústica y las profundidades de la
plataforma marítima.
El
informe interno también recomendó a las máximas autoridades de Defensa avanzar
sobre las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales de los
responsables.
Para
eso aconsejó alertar a la Oficina Anticorrupción y que se radicara una denuncia
penal contra oficiales y funcionarios de la Armada, "incluso contemplando la conexidad que en principio presentarían esos
sucesos en relación con otros casos similares cuyas investigaciones se
encuentran en trámite ante la justicia federal".
…
Eso
no ocurrió.
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