La verdad DESNUDA - lll

Con la Gendarmería en el palacio de justicia

Largas filas de ahorristas dispuestos a iniciar amparos judiciales en defensa de la propiedad de sus ahorros eran una escena cotidiana en las calles de todo el país durante enero de 2002, y el ministro Guillermo López y yo estábamos a cargo de la feria judicial en la segunda quincena del más.

Ante nuestro requerimiento de seguridad a la fuerza policial responsable de la Corte Suprema se nos respondía que no podía darnos ninguna certeza de que el Palacio de Justicia no fuera tomado por ciertos grupos revoltosos infiltrados que incluso habían llegado a arrojar bombas de estruendo en el interior del propio edificio, tanto en la planta baja como en las escaleras de acceso en los pisos superiores.

Claro que, en aquel tiempo, los tribunales trabajaban como disponía la tradición:

A puertas abiertas.

La importancia de la Policía Federal para frenar este avance había quedado en evidencia unos días antes, cuando habían sido atacados la Casa de Gobierno y el Palacio del Congreso, donde incluso se llegó a provocar un principio de incendio.

Como consecuencia, ambas sedes debieron ser prácticamente amuralladas con vallas.

Es interesante destacar aquí que luego de nuestra caída, esa situación cambio.

Sin pretender hacer un juicio de valor, para ingresar hoy se deben atravesar más controles que en un aeropuerto o en una base militar de Medio Oriente, y ello sin contar con el vallado permanente en el frente de acceso del Palacio, sobre la propia vereda pública.

Una verdadera fortaleza, controlada permanentemente por cámaras de seguridad desde un sofisticado centro de control que incluso puede cubrir muchas cuadras y manzanas a su alrededor y desde donde se monitorean también juzgados del interior del país.

Así las cosas, hablamos con el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, y éste nos informó que por la ley vigente no podía darnos protección directa en este momento, “ya que solo tenía permitido proteger al Presidente de la República”

Entonces, luego de la correspondiente consulta con el presidente de la Corte y con los ministros a los que pudimos contactar telefónicamente, procedimos a solicitar el refuerzo de la protección del Palacio a través de la Gendarmería Nacional encargando al administrador del operativo, conjuntamente con el jefe de Gendarmería, comandante general Hugo Miranda, lo que efectivamente se hizo.

La custodia de nuestra sede debió prolongarse varios meses.

Con ese cuadro de situación, contra nuestros deseos y costumbres, intentamos y logramos cumplir con nuestro deber.

Nuestra convicción se fortalecía a medida que profundizábamos en el estudio de los verdaderos horrores jurídicos de esa equivocada legislación de emergencia que había sido implementada, cuyos decretos, leyes y resoluciones se sucedían y cambiaban a un ritmo vertiginoso.

Y en plena feria judicial nos tocaba analizar un nuevo caso de corralito.

Sin embargo esta vez, por la gravedad de la crisis, si estaba en juego el fondo de la cuestión:

Ya no era el caso Kiper:

Ahora se trataba nada más ni nada menos que de la propia vigencia de la Constitución Nacional en su casi totalidad, pues debíamos decidir sobre los derechos adquiridos bajo su amparo.

En este caso, conocido como “Banco de Galicia y Buenos Aires s/ solicita intervención urgente en autos: Smith, Carlos Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional o Estado Nacional s/ sumarísimo”, o simplemente “caso Smith”, deberíamos dirimir la constitucionalidad del derecho de propiedad afectado a través de las restricciones de los retiros de los depósitos.

En pocas semanas seria ostensible para el país y las naciones extranjeras cuáles eran las verdaderas preocupaciones del gobierno de Duhalde y, en particular, de los bancos.