La verdad DESNUDA

Capítulo II

La Corte en comisión

El 1º de enero de 2002, Duhalde era designado por el Congreso como Presidente interno de la República.

Aunque  la Corte no había tenido oportunidad de pronunciarse aún sobre la constitucionalidad del “corralito”, la información que le llegaba a la ciudadanía era equivocada.

Al día siguiente Clarín consignaba:

“Los cacerolazos también apuntaron contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por haber dado respaldo jurídico al corralito, en una polémica decisión el viernes pasado”.

Los periodistas Adrián Paenza y Jorge Lanata contribuían desde la televisión a nuestro linchamiento político arengando a la gente a sumarse a los repudios y los “escraches”, suministrando además la dirección de nuestros domicilios particulares y filmaciones de los propios edificios para que nos fueran “a visitar”.

Como consecuencia, en Córdoba una verdadera horda destruyo una propiedad de la familia política del juez Belluscio y agredió físicamente a su cuñado.

Antonio Boggiano fue atacado en el shopping Patio Bullrich, y Julio Nazareno, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y yo mismo, y hasta mi propia madre (que tenía entonces 95 años y de desplazaba en sillas de ruedas), fuimos acosados, atacados e insultados en las puertas de nuestras casas.

Una vez que Duhalde se instaló en la Casa Rosada, empezaron a desfilar los interesados en formar parte de su estructura de gobierno.

Uno de ellos fue alguien que había sido primero periodista deportivo, después escriba del presidente Menem y finalmente su ministro del interior:

Gustavo Beliz, quien planeaba el derrocamiento puro y duro de la Corte proponiendo algo no previsto por la Constitución:

Poner en comisión a la Corte entera.

La causal de remoción, para él, era que estábamos “identificados” con “los peores vicios de la dirigencia política de los últimos años”.

Siempre fiel a su estilo, se pronunciaba sin sutilezas:

“Apenas aprobó el corralito a los depósitos, el cacerolazo se le fue al humo.

Es un tribunal impresentable, irritante, que afecta la imagen de toda la justicia y, por lo tanto, de las instituciones.

"Su remoción es ahora o nunca” quiere decir que, como la imagen de la justicia estaba devaluada, entonces se aplicaría una medida de facto en defensa de las instituciones.

Sin embargo, el periodista Eduardo van der Kooy informaba al día siguiente que el nuevo presidente pondría en marcha otro plan con el mismo objetivo:

“Duhalde dio un guiño además a un proyecto en Diputados que planteara el juicio político a dos miembros de la Corte Suprema (Julio Nazareno y Adolfo Vázquez), pero desechó otra propuesta de declarar a todos sus integrantes en comisión”.

Durante esos días, los diarios informaban sobre distintas estrategias para ir en contra de la Corte.

Después prevalecería la idea de la remoción colectiva, que equivalía a la puesta en comisión porque parecía más elegante.

Se anunciaba una “muerte por asfixia” y también la idea de “lanzar una fuerte presión política desde el gobierno y el Congreso para obligar a renunciar a los miembros del máximo tribunal del país”.

¿Dónde estaban por entonces los defensores de las instituciones?

El 2 de enero Eduardo Barcesat y Roberto Boico se presentaron en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados para pedir la remoción d e la Corte entera.

Se trataba de un globo de ensayo para anticipar cómo reaccionarían la opinión pública y la prensa.