Varios
días después vinieron las excusaciones de Petracchi con el pretexto de ser
titular de un plazo fijo.
Al
mismo tiempo, Fayt era recusado porque estaba en esa misma situación respecto
de otro depósito, pero demostró que el deudor era una entidad oficial
(situación igual a la de Petracchi), por lo cual no correspondía su
apartamiento.
También
a mi intentaron recusarme violando mi secreto bancario (por lo cual inicie una
causa penal en el juzgado federal de turno).
La
recusación era una abogada a quien yo no conocía, de apellidos Iribarren, que
luego me informaron había sido encomendada de la SIDE a tales fines.
La
recusación fue rechazada por la Corte ya que pude demostrar que no tenía ningún
plazo fijo en dólares a mi titularidad.
Para
ello, debí hacer el informe de rigor ante mis colegas y probé que los plazos
fijos que se me atribuían eran, en un caso, de mi suegra, y en otro, de la
fundación que lleva el nombre de mi querida primera esposa fallecida, creada en
su memoria para ayudar al funcionamiento de la sala de Emergencias Médicas del
Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.
Es
decir que no existía ningún interés personal de mi parte.
Sin
prejuicio de ello inicié una querella contra la denunciante y contra el banco
por violación del secreto bancario que, como de costumbre, no prosperó.
Hay
un detalle que no debe escaparle al lector.
Luego
de reiniciado el acuerdo tras el famoso cuarto intermedio,Duhalde llamó al
presidente de la Corte.
A pesar de que
existe una norma estricta que prohíbe a cualquier persona ingresar a la sala de
acuerdos, el ordenanza hizo una excepción y entró para comunicarle a Nazareno
que el Presidente de la Nación quería hablarle.
Casi
todos lo acompañamos hasta su despacho y asistimos a la conversación mediante
el sistema de manos libres del teléfono.
Duhalde
pidió a la Corte que el fallo no saliera porque según su criterio perjudicaría
al país y a la economía.
Nazareno
le comunicó que la decisión estaba tomada y el fallo estaba firmado, y le
ratifico que no se podía hacer otra cosa frente a la situación que vivía el
país que reafirmar la vigencia del derecho de propiedad, ya que no había un
remedio mayor para los males por los que estábamos atravesando.
A
su vez, Soria llamó a Moliné O’Connor con el mismo pedido.
Y
Vanossi hizo lo mismo con distintos jueces, a la vez que hacia declaraciones en
todos los medios diciendo que, en la emergencia, la Corte, en antiguas
composiciones que yo no había integrado, siempre había convalidado medidas como
las que se habían tomado contra los depósitos.
Lo
cual era lamentablemente cierto.
Pero
con la composición de la mayoría de los ministros que por entonces integrábamos
en el tribual, preferíamos afrontar todas las diatribas, todos los ataques,
todos los juicios políticos que vinieran, antes que violar la Constitución
Nacional, y como señala su artículo 29, antes que “otorgar sumisiones o
supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos
queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esa naturaleza llevan
consigo una nulidad insalvable, y sujetarán a los que formulen, consientan o
firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores de la Patria”
(sic).
De eso justamente se trataba lo que estaba sucediendo.
Pero
veamos cual era realmente el peso y el sentido de la causa “Smith”.
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