Por Rafael Eduardo Micheletti
La izquierda
latinoamericana ha instalado un uso del concepto de “golpe de Estado” que le es
extremadamente favorable.
Pero
no se trata del uso correcto.
Simplemente le
sirve para legitimar su autoritarismo y para deslegitimar los movimientos de
resistencia y rebelión civil contra las dictaduras.
Lo
primero que hay que señalar es que la izquierda latinoamericana está
hegemonizada por sectores autoritarios o radicales.
Desde
luego, existe una izquierda democrática y moderna, pero la agenda de discusión,
el uso de los conceptos y los
alineamientos internacionales son sistemáticamente impuestos, hasta ahora, por
el ala extremista.
Esto
se debe, probablemente, a que la producción científica y académica de la
izquierda autoritaria es infinitamente mayor que la de la izquierda
democrática. Los sistemas educativos y los medios de comunicación tienden a
verse muy influidos por los postulados de la primera.
En
los sectores de derecha (liberalismo, conservadurismo, nacionalismo, etc.), los
grupos democráticos son mucho más numerosos que los autoritarios.
Los
nacionalismos autoritarios y las dictaduras militares están, afortunadamente,
muy desacreditados, y carecen de legitimidad social.
Es lo que
debería ocurrir con todo autoritarismo.
También con el
de izquierda.
Sin
caer en el reduccionismo de pintar a un sector como intrínsecamente bueno y a
otro como intrínsecamente malo, hay que
decir que las fuerzas de izquierda tienden más al autoritarismo que las de
derecha en la Latinoamérica de hoy.
Esto
se refleja en varios hechos:
Las
únicas dictaduras del continente son de izquierda (como Cuba, Venezuela o
Nicaragua).
Asimismo,
las manifestaciones de la izquierda (como las de Chile) son bastante más
violentas y, para colmo, tienen espíritu golpista (exigen a viva voz la
renuncia de presidentes perfectamente legítimos y constitucionales).
Otro
reflejo de la preeminencia del autoritarismo en la izquierda latinoamericana es
su uso del concepto de “golpe de Estado”.
Es un uso
parcializado (es golpe sólo si el presidente saliente es de izquierda) y
formalista (analiza la legalidad formal sin atender a los principios jurídicos
en juego, a los hechos y al contexto).
En
el Congreso argentino la izquierda colocó en estos días dos carteles
contradictorios:
“No
al golpe en Bolivia” y “fuera Piñera”.
El
formalismo se observa cuando se condena un supuesto golpe contra Evo, pero se
omite decir nada sobre su evidente fraude electoral.
Sobre
este último punto, es muy ilustrativa la
actitud de la oposición izquierdista de Argentina, que se negó de forma
intransigente ante la propuesta del oficialismo de incluir en un comunicado del
Congreso, sobre la situación de Bolivia, la condena al fraude de Evo.
La tesis
formalista del golpe de Estado es la que le permitió a Hitler establecer una
dictadura en Alemania.
Respetó
el derecho positivo o legalidad formal, pero contrariando principios jurídicos
básicos y sustanciales, que son el fundamento de la legalidad formal, como la
división de poderes, la democracia y el Estado de Derecho.
No
es raro que la izquierda autoritaria de Latinoamérica se sirva de este tipo de
conceptualización.
Esto
le permite decir que Evo no incurrió en fraude porque todavía no hay ninguna
condena firme de tribunal boliviano afirmándolo (aunque sí hay expresiones de
la OEA).
También
le permite decir que hubo golpe contra Evo porque no hubo juicio político de
destitución, o que su reelección era legítima porque un tribunal (controlado
por él mismo y contra la letra de la propia constitución y el veredicto del
referéndum popular) se lo permitió.
La
realidad social y los principios jurídicos básicos también son parte del
Derecho.
No
contrarían las reglas formales, sino que son su fundamento y su criterio de
interpretación.
Evo violó la
Constitución cuando se presentó a un nuevo mandato (el cuarto) desconociendo el
resultado del referéndum que le había dado en contra.
Eso fue un golpe
de Estado,
porque, de hecho, así define este concepto la Real Academia Española:
“Destitución
repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de
quien ostenta el poder político” o bien “desmantelamiento de las instituciones
constitucionales sin seguir el procedimiento establecido”.
Y
aclara: “Puede ser autor de un golpe de Estado el propio presidente del
Ejecutivo si, por ejemplo, disuelve el Parlamento fuera de los supuestos
previstos en la Constitución”.
Es decir, cuando
Evo se presenta a un cuarto período, y esto es avalado por un tribunal bajo su
control político en contra de la letra de la Constitución, se está violando la
ley y accediendo al poder ilegítimamente, lo cual es un golpe.
Asimismo,
cuando se practica un fraude electoral alevoso para evitar la segunda vuelta
(que le era desfavorable a Evo), se está
manteniendo en el poder ilegítimamente y desmantelando la institución más
básica de la democracia, que es el acto electoral.
Otro golpe.
En
esta situación, el pueblo salió masivamente a la calle, y de manera bastante
pacífica dada la gravedad de la ilegalidad concretada (mucho más pacífica que
en Chile, donde se protestaba por una suba legal del precio del subte o por no
estar de acuerdo con las políticas de Piñera).
Ante
la contundencia de las protestas y lo esencial de su reclamo, los policías se
negaron a reprimir a los ciudadanos.
Posteriormente,
las fuerzas armadas dieron a entender, a través de un comunicado, que también
se negarían a una represión inconstitucional ordenada por un gobierno también
inconstitucional.
Policías
y militares hicieron lo correcto:
Obedecieron a la
Constitución antes que al gobernante, consagrando el principio de que nadie
está por encima de la ley, ni siquiera quien ejerce el gobierno.
Lo
que ocurrió en Bolivia es la definición más pura que puede haber de la
resistencia civil no violenta:
Una movilización
ciudadana tan masiva y contundente, con un reclamo tan obvio y elemental, que
las autoridades de la fuerza pública se negaron a reprimirla y le quitaron su
apoyo al dictador en el poder.
Evo no era un
dictador, sino un doble dictador.
No era un
golpista, sino un doble golpista.
La
salida de Evo, por su propia renuncia (no por un acto de fuerza), fue
consecuencia de las masivas y persistentes movilizaciones populares, de una resistencia
civil no violenta (si bien hubo grupos aislados violentos de ambos bandos) y de
la pérdida de legitimidad de un gobierno doblemente inconstitucional.
Si
de aquí en más hubiera irregularidades del nuevo gobierno, habrá que
condenarlas, pero por ahora no las hay y sí las hubo, muchas y muy graves, de
parte de Evo Morales.
La salida de Evo
fue un triunfo del pueblo, de la Constitución y de la democracia...
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