Cerraron
el registro de DJVE en granos y definieron retenciones del 9% para las carnes
Matias
Longoni por Matias Longoni
El
gobierno de Alberto Fernández demoró solo una semana en comenzar a implementar
el “operativo solidaridad”, del cual habló el flamante presidente ante la
Asamblea Legislativa del pasado martes.
Con una edición
especial del Boletín Oficial un día sábado (algo que ha
sucedido muy pocas veces en la historia), se pusieron en marcha las
modificaciones que llevarán las retenciones a la exportación a niveles
superiores a los actuales.
Por
un lado, se eliminó la fórmula de imponer 4 pesos por dólar exportado, establecida
por el anterior gobierno para los cereales y otras materias primas
agropecuarias.
Para los
productos más elaborados, como las carnes y los lácteos, el decreto cambió la
fórmula por un porcentual del 9%, lo que eleva al doble la presión sobre ese
tipo de productos con mayor valor agregado.
En
la mayoría de los casos, esas posiciones tributaban ahora 3 pesos por dólar.
Para
los granos y otras materias primas habrá unas horas de suspenso, porque una
resolución del Ministerio de Agricultura, la primera que firma el flamante
ministro Luis Basterra, lo que hizo es cerrar el Registro de Declaraciones
Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de granos y subproductos solamente para el
día lunes 16.
Se
especula entonces que ese mismo día, el Boletín Oficial tendrá un nuevo esquema
de derechos de exportación que comenzaría a regir desde el martes 17.
Estas son las
decisiones publicadas en el Boletín Oficial.
El
Decreto 37/2019, por un lado, dispone que se “deja sin efecto el límite de 4
pesos por cada dólar estadounidense, establecido en el artículo 2° del Decreto
793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones”.
Esto
quiere decir que las retenciones del 6,5% aproximado que hoy pagan los cereales
(como el maíz y el trigo) y otras materias primas ya no tiene esa retención, y
que ahora rige el límite porcentual del 12% alternativo a esos 4 pesos.
Pero
como se publicó además la Resolución 196/2019, que “suspende por el día 16 de
diciembre del corriente año, la registración de las DJVE”, se estima que el
lunes se dará a conocer un nuevo listado de porcentuales para los granos y sus
subproductos, que llevará las alícuotas mucho más allá del 12% en algunos casos.
Hay
que ver qué sucede con ese porcentual en el caso de la soja y sus derivados,
que hoy tributaban un 18% fijo más esos 4 pesos por dólar ahora derogados.
Si no se
establece una modificación, la oleaginosa volvería a pagar tasas del 30%.
Pero
habrá que ver, porque no está definido todavía un porcentual exacto para los
posiciones arancelarias que actúan bajo el amparo del régimen de DJVE.
El
lunes bien temprano se sabrá.
El
decreto presidencial tiene dos anexos.
En
el primero se influyen los lácteos, las hortalizas, las frutas y otros
productos de las llamadas economías regionales.
En
este caso, para ellas, la nueva norma “sustituye
el Anexo I del artículo 2° del decreto 793/18 y sus modificaciones”, que
era el que había reimplantado las retenciones en tiempos de Mauricio Macri,
hace más de un año.
En
aquel caso se definió que esos productos no pagarían más de 3 pesos por dólar
exportado, lo cual equivale ahora a una alícuota cercana a 4%.
Se
entiende entonces que esos productos seguirán pagando esa alícuota mínima.
Pero
el decreto presidencial también dice, en su artículo 3°, que “cuando se trate de las mercaderías
comprendidas en las posiciones arancelarias detalladas en el Anexo II, la
alícuota del derecho de exportación será del 9%”.
Es
decir que habrá una serie de productos contenidos en este anexo que pagarán ese
porcentaje y no ya el tope de 4 pesos o 3 pesos por dólar.
Allí
se encuentra las carnes, los animales vivos, los productos de la pesca, y
algunas hortalizas y cereales.
Este es el
principio del “operativo solidaridad”, que consiste en quitarle mayor
cantidad de recursos a los que supuestamente tienen dinero (según el
gobierno todos los productores agropecuarios ingresan en ese grupo, más allá de
su escala y su situación real), para derivar esos recursos a posibles planes
contra la pobreza y el hambre (que todavía no han sido detallados), pero sobre
todo a tapar los agujeros de un déficit fiscal de un Estado en el que la política
jamás soporta ningún ajuste.
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