Por
Natalia Volosin
Cálculos que se
desprenden de las confesiones a la Justicia de empresarios y ex funcionarios K
colocarían al gobierno de Néstor y Cristina como uno de los más corruptos de
todos los tiempos,
a la par del régimen de Ferdinand Marcos y la dictadura de Ceașescu.
Si
los dichos de Claudio Uberti, Carlos Wagner y Aldo Roggio respecto del
funcionamiento de la máquina de la corrupción durante los gobiernos
kirchneristas fueran corroborados por la Justicia, la Argentina avanzaría unos cuantos puestos en el ominoso ranking de
los países más corruptos del mundo, que probablemente integra ya desde hace
décadas.
Por
razones obvias, vinculadas con la clandestinidad de las maniobras, la
corrupción es difícil de medir.
Además,
sus costos económicos y sociales ocultos exceden en mucho la simple suma
aritmética de los sobornos que se pagan.
Los
costos económicos incluyen distorsiones de todo tipo, mientras que los sociales
suelen implicar violaciones graves de derechos humanos, especialmente de grupos
vulnerables (mujeres, pobres, pueblos originarios, personas privadas de su
libertad, etcétera), pues se trata de víctimas fáciles, con reducidas
posibilidades de acceso a la justicia y con urgentes necesidades de bienes,
servicios y obras públicas.
Sin
embargo, los activos que se encuentran cuando los líderes cleptocráticos dejan
el poder, los cálculos que se formulan en causas penales domésticas y los
acuerdos de colaboración que firman las empresas multinacionales ante las
autoridades de países centrales para reducir las multas que deberán pagar,
permiten construir un ranking aproximado de algunos de los mayores casos (en
montos ilegales) desde los años 60' hasta la actualidad.
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