El Gobierno, ¿sabe a dónde va? II

En cuanto al propio De Vido, qué pasaría si algún fiscal mirara la fundación que administraba su esposa y en donde los principales empresarios vinculados al Estado hacían aportes.

Habría que tener cuidado porque si alguien investigara esta entidad se encontraría con cuestiones del pasado y del presente.

¿Quién la manejaba?

¿Quién cobraba los aportes?

¿Quiénes aportaban?

Este tipo de fragilidades revelan la importancia de los procedimientos.

Este es el problema que afronta centralmente el Gobierno y principalmente Alberto Fernández, por muchas razones.

Tal vez la más importante es que hay una contradicción política muy difícil de manejar y que, a medida que pasa el tiempo, queda más evidente.

Como presidente peronista pretende despegarse y tomar distancia frente a lo que fueron años de escandalosa corrupción.

Y, ¿cómo lo hace?

Proponiendo una gran agenda de saneamiento institucional que pretende superar a la de Macri.

El problema es que tiene al lado a alguien que es su vice, que espera que se demuestre que todas las acusaciones de corrupción fueron una arbitrariedad.

Tal vez por eso el lunes pasado Cristina Kirchner entró a Olivos a las 11 de la mañana y se fue a las 3 de la tarde.

Cuatro horas de discusión con Alberto Fernández y la ministra de Justicia Marcela Losardo para que le expliquen cuál era la reforma judicial que estaban pensando, que se había anunciado el día anterior en el Congreso y de la que ella no sabía demasiado.

Esta cuestión no solamente pone de manifiesto contradicciones dentro del oficialismo, sino que también saca a relucir un tema que se tiene que resolver inminentemente, ligado a los juicios por corrupción, y que es nada menos que la designación del Procurador General de la Nación.

Alberto Fernández decidió que sea el juez federal Daniel Rafecas, y si el Gobierno consiguiera los votos de los senadores Vega, Solari Quintana, Romero, Basualdo, Crexell y Weretilneck podría lograrlo sin necesidad de contar con el apoyo de la oposición.

El Procurador General de la Nación va a tener o tendría, según lo que se conversa en el seno del Gobierno, muchísimas facultades que hoy tiene la AFI (los servicios de inteligencia), por lo que se estaría ante una cuestión mucho mayor.

Porque el Procurador General de la Nación es el que litiga frente a la Corte en cuestiones de corrupción, y su dictamen es crucial para el destino de todas estas causas y además va a tener un enorme poder político porque se le van a transferir funciones de los servicios de inteligencia.

Pero, ¿por qué Alberto Fernández insiste en ir para adelante con una agenda institucional tan visible cuando, al mismo tiempo, él sabe que está condicionado por la pretensión de Cristina Kirchner de que se cierren las causas judiciales?

Una explicación posible es que mientras no esté arreglado el tema de la deuda el Gobierno se encuentra en pausa, atento a la figura de Martín Guzmán y a cómo este resuelve ese problema.

¿Qué quiere decir resolver el problema de la deuda?

Se trata de solucionar un enorme desequilibrio de financiamiento.

La Argentina tiene un gran problema de financiamiento y sin entender esto no se entiende cuál es el conflicto con el campo.

Una señal del problema es que el Banco Central, que tiene restricciones para hacerle adelantos financieros al Tesoro, está llegando al tope permitido por la ley. Es decir, una fuente de financiamiento del Tesoro, dado que no hay desembolsos del Fondo Monetario Internacional ni del mercado, es el Central.

Pero está tocando el límite.

Martín Guzmán se estaría quedando también sin esos recursos.

Esto vuelve mucho más importante la presión impositiva.

Por eso la suba de retenciones, y también la discusión de la deuda.

Y vuelve más importante la cuestión energética, porque si sumamos los subsidios a la energía que el Gobierno está pagando el año que viene tendría medio punto más de déficit primario, aun considerando los ingresos del impuestazo de este año.

Quiere decir que estamos ante un problema de financiamiento del Estado de primera magnitud.

En este contexto se inscribe el problema de la deuda pública y la negociación de Guzmán.

Alberto Fernández giró en este tema, como en tantos otros, desde decir que él quería una negociación amigable a la uruguaya, a decir ahora que no le puede mostrar los números a los acreedores, a aquellos a los que se les pide que resignen sus contratos y cobren menos y más adelante, porque son jugadores de póker.

Pasamos de una negociación híper amigable a una muy dura.