Por
Pablo Dócimo, publicado en Tribuna de Periodistas
A
casi ocho meses del tercer gobierno de Cristina -sí, del gobierno de Cristina Fernández- no es ningún secreto
algo que quien suscribe sostiene desde diciembre de 2010: el kirchnerismo no
tiene ningún plan de gobierno,
Tal
es así que en las primeras semanas de gestión K, cuando a quien ocupa el cargo
de presidente, Alberto Fernández, se le preguntaba precisamente por el plan de
gobierno, especialmente en lo que al pago de la deuda se refiere, decía:
"No
es verdad que no tenemos plan, es verdad que no lo contamos. Y no lo contamos
porque estamos en plena negociación. Sería descubrir las cartas. Estamos
jugando al póker y no con chicos", en respuesta a preguntas de
alumnos durante la clase magistral que brindó en el Instituto de Estudios
Políticos de París (Sciences PO París).
Luego,
Fernández se limitó a decir que "el plan es poner en funcionamiento la
economía argentina", resaltando que para ello se reunió con empresarios en
todos los países que visitó cuando recién había asumido la Presidencia. Pero en
ningún momento dijo cuáles eran los planes.
Casi
tres meses después, el 25 de abril, dijo textualmente:
"Hemos
organizado un plan para enfrentar la pandemia desde el punto de vista económico".
Evidentemente,
el supuesto plan fue un rotundo fracaso ya que estamos inmersos en la peor
crisis económica de las últimas décadas; peor que la de 2001/2.
Finalmente,
en una entrevista ofrecida al Financial Times el 19 de julio aseguró:
“Francamente,
no creo en los planes económicos, creo en los objetivos que nos podemos
fijar".
Y
en honor a la verdad, lo único creíble de estas afirmaciones de Alberto es la
segunda parte a la respuesta dada al diario británico:
"creo en
los objetivos que nos podemos fijar".
Esa
parte sí es creíble, y los objetivos fijados desde el comienzo de su supuesta
gestión, por orden de Cristina, obviamente, son dos.
El
primero consta de dos puntos que se relacionan entre sí:
La
reforma judicial para salvar a los funcionarios K en general, y a la
vicepresidenta en particular, de todos los procesos judiciales pendientes e
instalar el "Ministerio de la Venganza".
El
segundo objetivo es hacer caja, para ellos, obviamente, y tratar de cooptar
todo lo que se pueda para el Estado.
El intento de
expropiar Vicentin y ahora Edesur son dos claros ejemplos.
No
nos olvidemos de que todavía no llevan ni ocho meses de gobierno.
Esos
son, claramente, los dos planes que tiene el gobierno, que se resumen
simplemente en acumular poder e impunidad.
Ahora
bien... de los dos planes, sin dudas,
el más diabólico es el de reformar la Justicia y aumentar la cantidad
de miembros de la Suprema Corte de Justicia, ya que habiendo logrado esto, lo
demás será solo un trámite, como en la mejor de las dictaduras.
En
una entrevista realizada por el periodista Marcelo Longobardi al
constitucionalista Daniel Sabsay por Radio Mitre, explicó que el proyecto de
reforma judicial presentado por Alberto Fernández busca moldear el sistema de
acuerdo a las necesidades del Poder Ejecutivo y consideró que “es
un juego muy perverso”.
“Va
a transformar a la Corte Suprema en una suerte de cuarta instancia, cuando es
una instancia extraordinaria que revisa que se haya respetado el debido proceso”, consideró
Sabsay, quien recordó:
“En
su momento, en uno de los fallos fundantes la llamaban ‘el arca de las
libertades públicas’.
Me
la quieren marchitar. Es un modo de cambiar la Corte para amoldarla a las
necesidades del gobierno de turno”.
“Acá
se quiere ampliar la Corte de Justicia, lo demás en blablá. Es un
revestimiento”, aseguró Sabsay, quien remarcó que el proyecto “encubre el
verdadero propósito, que es algo muy perverso. No olvidemos que el Presidente
como la señora Kirchner habían dado cátedra sobre por qué no agrandar la
corte”.
“¿Qué
necesitan?
Que
un grupo de sabios le digan “no, tienen que ampliarla muchachos”.
Sabsay consideró
que la comisión es inconstitucional “porque el Ejecutivo no puede influir en
las funciones del Judicial.
El
artículo es categórico”.
Tenemos
a dos grandes penalistas donde uno defiende a la ex presidenta y otro al ex presidente
de la AFIP”.
“Si
eso no es una presión, ¿qué es una presión?”, preguntó.
Haciendo
un paralelismo, el constitucionalista indicó:
“¿Se
imagina lo que sucedería si la Corte decidiera armar una comisión para estudiar
el Poder Ejecutivo?”
Sabsay
consideró que esta presentación es “una cosa rimbombante donde uno exhibe algo
que no es para nada plural.
Son
todos del mismo palo”.
“Acá
se quiere ampliar el número de miembros con un propósito bien claro: crear
salas.
La
idea es que cada sala decida respecto de lo que compete a su fuero.
Si
en la Penal pongo ‘amigos penalistas’, cuando llega la causa que tanto desvela
a la ex presidenta y a los que la acompañaron, entonces ahí ya tengo arreglada
la cosa.
Eso
es abiertamente inconstitucional.
Habría
que reformar la Constitución para eso.
La
Constitución habla de una Corte Suprema de Justicia”, explicó el
referente en derecho constitucional.
Para
finalizar, Sabsay aseguró:
“Buscan
la impunidad. Un estado de derecho está para sancionar, no para garantizar la
impunidad, si no sería una distorsión”.
Realmente,
es imposible agregar algo más a lo dicho por el prestigioso constitucionalista,
salvo una reflexión muy personal:
Volvieron
peores...
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