Fascismo
explícito:
El gobierno
ingresó por debajo de la mesa, una cláusula contra los medios de comunicación
Por
Rubén Lasagno
La
malparida llamada Ley de Reforma Judicial, un engendro leguleyo de baja calidad
conceptual y evidente destrucción del aparato judicial federal, para adaptarlo
y manipularlo a gusto del gobierno a fin de encubrir, bajar y anular las causas
por corrupción de la familia Kirchner y sus cómplices, tuvo un nuevo capítulo
al ingresar al senado el 20 de agosto y lograr dictamen con 19 firmas del
Frente para la Victoria, momento que aprovechó el kirchnerismo para ingresar a
través de Oscar Parrilli una cláusula en contra de los medios de comunicación.
Tal
como consta en el documento que OPI publica al pie, en el Artículo 72, inciso
E, se incluyó a último momento la que se dio en llamar “La cláusula Parrilli” la cual expresa “Comunicar en forma
inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de
influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o
mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o
grupos de presión de cualquier índole y solicitar las medidas necesarias para
su resguardo”.
De esta manera
un juez que se “sienta presionado por un medio de comunicación” que hable de
alguna causa, un periodista que opine o informe, podrá ser interpretado como
“grupos de presión” sobre la justicia y sancionado o encarcelado, en una clara conformación de reforma
fascista para terminar con el periodismo crítico y de investigación.
Todo
esto, el kirchnerismo, a instancias de la vicepresidente Cristina Fernández en
el senado y de Sergio Massa en Diputados se lleva a cabo a través de sesiones
remotas, donde “se caen” las
conexiones, la jefa de la banda desconecta a senadores y los diputados
tienen sesiones sumamente trabadas que no permiten el debate.
Todo
tendiente a complejizar la cosa, a fin de que la oposición no tenga voz y se
pueda convalidar la trampa de un proyecto fascista, donde “Soy yo, pelotudo”
Parrilli, es el “cerebro” que creó el quinto poder: “el poder mediático”
cercenando en los medios una función de contralor, atacando la libertad de prensa
e impulsando a la autocensura.
Un típico
procedimiento fascista, similar a los albores del chavismo, el castrismo y
regímenes despóticos similares.
Sin
embargo, los márgenes difusos de esa anti democrática “cláusula Parrilli” deja
en el aire la amenaza de convertirse en “Grupo de presión”, a sindicatos,
grupos empresarios, partidos políticos o cualquier persona que se transforme
“en una amenaza” para jueces o causas transitando por juzgados o Tribunales.
De
esta manera, además de vulnerar la propia Constitución, se pone a los jueces
como sujetos que son influenciables, manejables y presionables, lo cual,
claramente es una contradicción. Cualquier persona que tenga estas
“flaquedades” no puede ejercer la magistratura y debe ser removido por incapaz.
Y
aún resulta más insólito, el hecho de que en la actualidad cualquier juez puede
iniciar una acción penal contra un periodista, sindicalista o político, que lo
haya injuriado en su buen nombre y honor.
Pero
para el Frente Para la Victoria el tema no pasa por allí.
Lo que busca el
gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa y Máximo
Kirchner es armar un frente de ataque para anular la crítica de los medios de
comunicación y poder, en los próximos
tres años y medio que le quedan de mandato, silenciar las investigaciones
sobre la corrupción institucional y anular las denuncias.
Lamentablemente,
para ellos, las nuevas tecnologías van varios pasos delante de descerebrados
como Parrilli y corruptos con poder, quienes hoy vienen por todo y uno de los
embates más fuertes es sobre la justicia.
Ellos
saben que sin justicia o con una justicia adicta, sus delitos están a salvo y
si a eso le agregan la falta de difusión de las causas y se anulan las
críticas, estarán a salvo.
Las
prácticas fascistas del gobierno de Alberto y Cristina, se consolidaron en los
últimos días, cuando se dedicaron a tomar las patentes de los ruralistas y los
automóviles urbanos, en la 9 de Julio, para armarles causas por vulnerar el
decreto de la cuarentena, “que el propio Presidente dijo que ya no existía”.
Sin
embargo la realidad no siempre les ha dado la razón y este caso, no parece ser la
excepción.
El
descontento popular y la bronca del 70% de la gente es manifiesta y quienes
acompañen estos dislates desesperados de impunidad, serán los responsables que
mañana conformarán los cuadros donde se diga qué senador y qué diputado levantó
la mano en contra de la democracia argentina.
Por
el momento y para comenzar, reconozcamos a los que dieron vía libre en el
senado para convalidar este proyecto neo-fascista del kirchnerismo que comenzó
a rodar con destino a la Cámara de Diputados:
Firman
en las comisiones de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun
(Santa Fe) y en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli
(Neuquén), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) Claudia Ledesma Adbala, Gerardo
Montenegro y José Neder (Santiago del Estero), Carlos Espínola y Ana Almirón
(Corrientes), Sergio Leavy (Salta), Daniel Lovera (La Pampa), Silvia Sapag
(Neuquén), Mariano Recalde (Porteño), Antonio Rodas (Chaco), Dalmacio Mera
(Catamarca), Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y por parte
de Chubut Nancy González y Juan País.
Todos ellos son
los padres de este engendro fascista que se echó a rodar en el Congreso y que
solo la oposición,
los legisladores democráticos que hay en el Congreso sea cual sea su
extracción, la gente en las calles y los medios de comunicación libres, podrán
parar antes de que sea tarde.
(Agencia
OPI Santa Cruz)
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