Miedo a la Justicia

El Poder Ejecutivo Nacional no cubre vacantes de jueces por temor a que sus candidatos no resulten elegidos

Dentro del franco enfrentamiento del Poder Ejecutivo Nacional con la Justicia, agravado tras el desacato al fallo de la Corte Suprema para que el gobernador de Santa Cruz reponga en su cargo al ex procurador general de esa provincia Eduardo Sosa, existe una altísima cuota de maltrato de la Casa Rosada al Poder Judicial.

Se lo ha visto en la presión ejercida sobre jueces mediante la mayoría oficialista de que ha gozado el oficialismo en el Consejo de la Magistratura.
También en cuestionamientos de la Presidenta y del jefe de Gabinete, tales como el fuerte rechazo a la Corte Suprema por su reciente fallo favorable a la restitución de Sosa.
Y no menos relevante es la extrema lentitud, por no decir pasividad, para nombrar magistrados en los 209 tribunales que se encuentran vacantes en la justicia nacional y federal.
Como informó LA NACION, esa altísima cantidad de vacantes significa que más del 20 por ciento de los cargos se encuentra sin cubrir, en algunos casos desde hace ya varios años.

Tan grave es esta situación que la Cámara de Casación envió una nota al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la que informó que hay 74 vacantes en los tribunales que funcionan bajo su jurisdicción y que en lo que va del año debió autorizar 1229 subrogancias.
En la propia Casación falta designar a más del 30 por ciento de los camaristas.
Si bien el Consejo de la Magistratura tiene su cuota de responsabilidad en el atraso generalizado, el Poder Ejecutivo es el principal responsable pues, aunque hace pocos días envió 15 designaciones al Senado, aún debe resolver 98 ternas que recibió del Consejo de la Magistratura.
En más de una oportunidad, la Corte se ha referido a este serio problema, como cuando Lorenzetti expresó que "lo primero para hablar de una justicia independiente es que haya jueces"
No los hay porque el partido gobernante ha perdido su mayoría en el Senado y ya no puede imponer allí su voluntad en forma automática.
Significa que el Poder Ejecutivo ya no puede saber a ciencia cierta si el candidato a juez cuyo pliego envía a la Cámara alta será aprobado.
A su vez, cabe conjeturar que esta inseguridad que se traduce en parálisis obedece a que el Gobierno quizá no siempre elige a los mejores postulantes de las ternas según sus antecedentes, sino a aquellos que considera que podrían resultar más afines a la voluntad del oficialismo.

Desde los años en que manejó a su antojo los tres poderes de la provincia de Santa Cruz, el kirchnerismo siempre consideró a la Justicia una extensión del Poder Ejecutivo que debía resultarle fiel y funcional.
De ahí el apartamiento inconstitucional de Sosa como jefe de los fiscales santacruceños, un funcionario con una trayectoria de sobrada independencia.
Y de ahí también el creciente enfrentamiento con una Corte Suprema en la que varios de sus integrantes, pese a haber sido elegidos por Néstor Kirchner, se han manifestado independientes.

Nada revela mejor el pensamiento del Gobierno que las expresiones del secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, en Santa Cruz, hace pocos días refiriéndose al caso Sosa: "Nosotros la pusimos [a la Corte] para otra cosa", aunque tanta sinceridad lo forzó acto seguido a intentar enmendarse: "No porque quisimos dirigir a la Justicia".

La falta de jueces, que para el oficialismo se reduce a una cuestión política y de autopreservación para cuando ya no esté en el poder, es un problema mucho más amplio y de más graves connotaciones. Las causas vinculadas con el poder político, por importantes que sean, constituyen una ínfima parte de los casos en los que deben sentenciar los jueces.
La mayoría de los casos, en cambio, conciernen a conflictos y dramas sin connotación política.
Son los que atañen a la mayoría de la sociedad y los que, indudablemente, no entran dentro de los mezquinos intereses del Gobierno.
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