A semejanza de lo que hicieron los políticos de la
ciudad de Bs. As. hace unos cuatro años, cuando entre gallos y medias noches la
Legislatura porteña aprobó un brutal aumento del impuesto inmobiliario,
discriminándonos fuertemente de acuerdo a la zona de la ciudad donde vivíamos,
como si eso fuera muestra de que habíamos tenido ganancias o había aumentado
nuestro poder adquisitivo por encima del resto,
hoy el gobierno nacional quiere avanzar en el recorte de subsidios
usando el mismo criterio.
Lo novedoso es que en general, el conjunto de la
clase política nacional salió a aplaudir la medida, como si subir en el orden
del 300 % o más (según dicen los diarios de hoy) TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS
que obligadamente consumimos los que habitamos la CABA en forma simultánea (y
recemos para que los legisladores de Buenos Aires no quieran aumentar el ABL en
el mismo momento!) fuera un acto de Justicia, cuando sólo los “ganadores” del
modelo aplicado desde el 2002 a la fecha pueden absorber estos disparatados
porcentajes de aumentos sin trastornarse por la afectación patrimonial que
involucran.
Más allá de que las tarifas estén retrasadas,
tampoco es menos cierto que los ingresos de gran parte de los ciudadanos, salvo
que pertenezcan a los gremios privilegiados que todos conocemos, también están
muy desactualizados, cuando no directamente anulados por el modelo
económico implementado que dejó a muchos
fuera del sistema.
Es así que sólo por vivir en Belgrano o Caballito,
por nombrar a sectores de características muy semejantes, tener que afrontar
estos porcentajes de aumentos de una sola vez, cuando a otros sectores no se
los van a aplicar en la misma magnitud, es doblemente discriminatorio.
Esto sólo puede considerarse como una nueva exacción
hacia un conjunto de ciudadanos que no participamos de decisiones como por
ejemplo la entrega de lo que fue Aguas Argentinas a AYSA, donde esta nueva
Empresa genera gastos elevadísimos por
haber sido entregada al Gremio respectivo que aumentó innecesariamente la
cantidad de empleados y los sueldos de los mismos en forma irresponsable,
además de no tener ninguna auditoría seria respecto del aumento de sus gastos y
costos en general.
Esto viene a cuento porque casualmente, también del
día para la noche esta Empresa “recuperada” por el
Estado Nacional, hace dos
bimestres comenzó a mandar las facturas con el “dibujo” que los ciudadanos de
Buenos Aires ¡estábamos subvencionados en el orden de un 70 % por el agua que consumíamos!
Qué decir del caso del gas domiciliario, cuando por
culpa del Poder Ejecutivo Nacional y su discrecionalidad se fomentó la
desinversión en exploración de nuevos yacimientos por no haberle aumentado
nunca los apróximadamente 2 U$S que se les paga por Millón de BTU a los
productores locales, cuando se le entrega unos 11 U$S al “amigo” Evo Morales, y
ahora 23 U$S por el gas traído y deslicuado de Qatar! (¡¡¡1150
% más caro !!!)
¿Por qué los ciudadanos de Buenos Aires que no
estamos representados en la toma de estas decisiones y que sabemos que esto
surge de negociados del gobierno no en nuestro beneficio, debemos hacernos
cargo de estos costos sin beneficio de inventario?
¿Por qué los ciudadanos de la Capital Federal (y de
muchas otras localidades también) tenemos que seguir descendiendo en nuestro
nivel de vida con mayores obligaciones inconsultas y menores derechos?
¿Y qué pasa con la Coparticipación que le
corresponde a la CABA que era del orden del 28 % y de la cual no se reciben más
de 5 puntos?
¿Por qué la Nación nos trata como ciudadanos de
segunda y nuestros políticos, del propio FPV y de la Oposición, no hacen nada
para remediar todas estas cosas?
Estamos a pocos días de cumplir 10 años desde que la
Clase Dirigente argentina generó el Golpe de Estado contra el gobierno de De la
Rua y nos confiscó los ahorros a la mayoría de los que éramos la clase Media de
aquel entonces.
Ellos vinieron por nuestros ahorros.
¿Ahora
Cristina viene por nuestros hogares?
Ing. Horacio Vázquez
Ahorrista estafado por los Bancos y por el Estado
Argentino
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