Es un reporte sobre derechos humanos que elabora el Departamento de Estado.

También advierte sobre las presiones del gobierno argentino contra la prensa independiente y las irregularidades en la pauta oficial.

El reporte, citado por el diario La Nación, recuerda que Boudou es investigado por “enriquecimiento ilícito” y “tráfico de influencias”, y menciona los fracasos del vicepresidente en sus intentos por demorar o impedir el proceso judicial.

El informe del Departamento de Estado señala que la legislación argentina prevé penas específica para “casos de corrupción de sus funcionarios”, pero también señala que hay “múltiples reportes sobre casos que involucran a agentes tanto del Gobierno como de los poderes Legislativo y Judicial, que quedan amparados por la impunidad y que sugieren una incapacidad para hacer valer la ley con ellos”.

Otro de los ex funcionarios mencionados por su nombre es el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

El informe señala también las irregularidades en el reparto de la pauta oficial, las presiones a los periodistas críticos (recuerda la acusación de “asesino mediático” y “sicario” que el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, le dedicó a Jorge Lanata) y el boicot nunca reconocido contra los medios no oficialistas, por el que, señala, esos diarios “perdieron el 70% de sus ingresos” por ese concepto.

Más allá de las menciones a la Argentina, el documento señala a Cuba, Venezuela y Ecuador entre los países que menos respetan los derechos humanos en el mundo.