Crónica de un final anunciado

Final K
La ausencia de militantes en la entrada del sanatorio donde se encuentra internada la presidenta Cristina Fernández refleja el fin de ciclo K.
Secretismo e internas que marcan la última etapa del kirchnerismo en el poder

La frase “cuando el barco se hunde, las primeras en huir son las ratas” calza a la perfección para dar cuenta de lo que está ocurriendo en el epílogo de la era K.

En ese sentido, en momentos en que se acerca el final de un gobierno, suele hablarse de que los primeros en darse cuenta son sus propios miembros.
Precisamente es esto lo que parece estar ocurriendo ante la internación de la presidenta Cristina Fernández en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de sigmoiditis (hoy se cumple el quinto día): sus militantes no han salido a hacerle el “aguante” como en otras oportunidades, cuando la primera mandataria estuvo internada y hasta fue intervenida quirúrgicamente por diversos problemas de salud.

El fin de ciclo del oficialismo se acerca cada día más, y es por eso que muchos de los adláteres de la Presidenta ya están buscando nuevos bríos para no terminar presos o intentar sobrevivir después de 2015.
Además, la poca información que se brinda sobre el estado de salud de CFK en los partes médicos (ver aparte), en un secretismo a ultranza que sigue el kirchnerismo desde su llegada al poder, no hace más que alimentar versiones sobre el verdadero estado de salud de la Jefa de Estado.

En diálogo con Hoy, el Director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB), Orlando D’Adamo, señaló que “no deja de llamarme la atención la escasa militancia que se acercado hacia el sanatorio donde está internada la presidenta. Es notable el silencio que ha mantenido La Cámpora ante este hecho”.

Por otra parte, desde diversos sectores han comenzado a vapulear al kirchnerismo, como es el caso de la antes domada Justicia Federal.
En otras palabras, lo que no se animaron hacer en los últimos años –por las presiones del poder político- muchos jueces y fiscales empezaron a concretarlo ahora.
Por ejemplo, ayer, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, debió dar explicaciones ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa que se le inició por supuesto prevaricato a raíz de haber excluido al empresario K Lázaro Báez de un dictamen para investigar lavado de activos.
Gonella es la mano derecha de la ultrakirchnerista Alejandra Gils Carbó, la Procuradora general de la Corte Suprema que puso Cristina Kirchner y que sigue al pie de la letra las órdenes que bajan de la Casa Rosada.
Por eso, no son menores las sospechas de que Gils Carbó habría mandado a su delfín a intervenir en la causa que involucra a quien es considerado uno de los principales testaferros de la familia presidencial. La movida, dado el actual contexto político, le podría salir demasiado caro.

Es más, el empuje de las investigaciones que se están realizando los fondos buitres en Estados Unidos y Suiza, en busca de activos que se puedan embargar asociados a Báez y a otros empresarios kirchneristas (como Cristóbal López), le está metiendo presión a muchos funcionarios judiciales en nuestro país.
La preocupación, que se extiende como una mancha de aceite en los tribunales, es bien racional:
Cuando cambie el gobierno en diciembre de 2015, ¿cómo harán muchos magistrados para explicar que jueces y fiscales de otros países están desentrañando lo que ellos guardaron bajo siete llaves durante la última década?

Para D’Adamo, la situación actual “se asemeja mucho al fin del menemismo.
Todo esto marca el fin de ciclo, y las diferencias internas que hay en el partido gobernante.
Este tipo de cosas indican que si hay mucha gente que antes estaba preocupada ahora ya no le preocupa tanto y prefiere quedar con una buena imagen con las cosas que investigó y no con las cosas que haya dejado de investigar, y hay otros que piensan que este es el momento justo para recuperar o ganar terreno nuevo y empezar a aprovechar esto ante el declive oficial”.

Los síntomas de fin de ciclo están regando el escenario oficial, y por más que a sus máximas figuras no les guste hablar del mismo, la realidad marca que las internas en la casa Rosada son enormes.
Los propios ministros están inmersos en operaciones cruzadas, proliferando denuncias de todo tipo y color.
La tropa K se está desbandando, ingresando así en la etapa del sálvese quien pueda.

El secreto como ejercicio de Estado

Desde su llegada al poder allá por el año 2003, el kirchnerismo se ha esmerado en no entender que la salud de un presidente es un hecho público, no un hecho privado, que pueden ser privados los detalles, pero no hacer silencio y no brindar una clara definición sobre lo que está pasando.

Son múltiples las voces de la sociedad que no dejan de preguntarse por qué tiene siempre este secretismo el gobierno en relación a la salud presidencial, primero con Néstor Kirchner y ahora con la presidenta Cristina Fernández.

Si la Jefa de Estado fuera un ciudadano común, tendría todo el derecho a exigir que las cosas no se divulguen, pero en el caso de un presidente es un hecho público y se debe dar información clara y concisa sobre su estado, tal como sucede en otros países del mundo, como ha sucedido con Obama en los Estados Unidos o cualquier presidente de un país europeo.

Hay un margen de ambigüedad muy importante, ya que se habla de que la presidenta debería cumplir diez días más de reposo de una fecha que todavía no se sabe cuándo le darán el alta, en un manejo de la situación oscuro y repleto de dudas.

Esto no pasa por primera vez, cosa que los K hacen bastante mal, generando más incertidumbre que certidumbre en el ciudadano de a pié.
El manejo de la salud de un presidente es un hecho que tiene que estar manejado con certidumbre para no generar situaciones incómodas para la población en general.

El último parte médico

El último parte médico, difundido anoche, informó que la Presidenta se encuentra estable “con dieta especial, cumpliendo tratamiento sintomático y antibiótico y que continúa internada para completar el tratamiento, con control clínico y estudios de rutina".  

El parte fue firmado por los doctores Marcelo Ballesteros y Daniel Fernández, de la Unidad Médica Presidencial.